El Superior Tribunal de Entre Ríos anuló la destitución de la fiscal anticorrupción Cecilia Goyeneche

La sentencia anuló el veredicto del Jurado de Enjuiciamiento que había dispuesto la remoción de Goyeneche de su cargo de fiscal en mayo de 2022. La determinación se correspondió con un fallo de la Corte Suprema de 2024. El máximo tribunal definió que se habían vulnerado los derechos de la acusada en el procedimiento. El hecho en el que se basó fue el corrimiento del Ministerio Público Fiscal como órgano acusador y su sustitución por un fiscal ad hoc.

Ahora, Goyeneche volverá a ocupar su lugar en la Procuración General de Entre Ríos. Sin embargo, ya no podrá ejercer como Fiscal Anticorrupción. Es que la funcionaria había llegado a ese cargo por una resolución administrativa del jefe de los fiscales, Jorge García. La medida era provisoria por la falta de reglamentación de este cargo creado en la Constitución de 2008.

Luego de la destitución de Goyeneche por el Jury, la Legislatura sancionó una ley reglamentando la Fiscalía Anticorrupción. Dispuso que el cargo principal y los dos secundarios tenían que ser cubiertos por concurso ante el Consejo de la Magistratura. Además, bloqueó la posibilidad de que, mientras estén vacantes, puedan ser subrogados.

“Las funciones que se le atribuyen al Fiscal Anticorrupción, los Fiscales Anticorrupción Adjuntos y el Fiscal Auxiliar no podrán ser asumidas por ningún otro integrante del Ministerio Público Fiscal”, consigna el artículo 6° de la ley 11.000.

El concurso para estos cargos se abrió en 2022. Pero por una serie de impugnaciones quedó empantanado. Hoy por hoy, el Consejo de la Magistratura lleva casi dos años de parálisis en el tratamiento de concursos.

Quién es Cecilia Goyeneche

La funcionaria judicial estuvo a cargo de las causas por delitos contra la administración pública provincial. En ese papel, se encargó de los casos más resonantes. En particular, de las investigaciones que derivaron en la condena al ex gobernador justicialista Sergio Urribarri.

Su desempeño en la denominada “Causa Contratos” fue la que complicó su carrera judicial. El caso investigaba los desvíos de fondos de la Legislatura hacia la política. El método utilizado era la contratación ficticia de personal.

En las pesquisas, surgió la intervención de un contador encargado de los aspectos administrativos de la operación. Su nombre era Pedro Opromolla. El hombre había tenido vínculo personal, comercial y profesional con el marido de la fiscal, Sebastián Orlando Bertozzi.

De esa relación surgió que Goyeneche sea copropietaria de inmuebles con Opromolla. Luego de que se rechazara su recusación en la investigación penal preparatoria, el propio Procurador García la corrió del expediente. En su lugar quedó la fiscal Mónica Carmona. El caso “Contratos”, develado en 2018, aún no llegó a juicio. Por ese vínculo, además, fue denunciada por dos abogados de origen radical Guillermo Mulet y Rubén Pagliotto.

Goyeneche concursó en este último tiempo para ser integrante del Tribunal Oral Federal de Paraná. Antes de la prueba de oposición, ocupa el primer puesto del orden de mérito.

Cuál fue la decisión del STJ

La sentencia hizo lugar al planteo de Goyeneche contra la decisión del Jurado de Enjuiciamiento de nombrar un fiscal ad hoc. Además, extendió esta determinación a todos los demás actos tomados con posterioridad. Entre ellos, el veredicto de remoción.

El dictado de este fallo correspondió a una conformación especial del Superior Tribunal. Es que los vocales del cuerpo ya habían intervenido con anterioridad en el proceso. Por eso debieron excusarse.

La decisión se tomó por el voto de los magistrados María Alejandra Abud, Aranzazú Quiroga, Marcelo Baridón, Santiago Brugo y Mauricio Mayer.

La sentencia debió tomar en consideración lo resuelto por la Corte. El máximo tribunal no avanzó sobre los hechos que se le atribuyeron a Goyeneche y que motivaron su destitución. Se centró en el aspecto formal de la designación de un fiscal ad hoc.

El Jurado de Enjuiciamiento había seguido este camino debido a que consideraba que el órgano acusador establecido por la Constitución no podría cumplir con objetividad su rol. Esa función correspondía al procurador García, que también había sido acusado de las mismas irregularidades que Goyeneche. No fue sometido a ningún proceso porque su cargo está en un limbo entre el Jury y el Juicio Político.

Si no era García, debía ser uno de sus subordinados. Que también lo eran de Goyeneche. Ese vacío legal fue completado de manera draconiana por los integrantes del Jurado de Enjuiciamiento. Convocaron a un abogado que componía la lista de conjueces. Después de varias excusaciones, Gastón Justet aceptó el cargo.