El Senado retomó el debate por la ley de biocombustibles y hubo objeciones por protección extra hacia azucareros

Las comisiones de Minería, Energía y Combustibles; y de Presupuesto y Hacienda del Senado retomaron esta tarde, tras un plenario exiguo en 2025, el análisis de un ramillete de proyectos relacionados con la suba de los cortes de biocombustibles, en medio del conflicto bélico que continúa en Medio Oriente y genera cimbronazos en el mundo del petróleo.

En la Cámara alta, la iniciativa que quiere el Gobierno, en realidad, fue presentada por la jefa oficialista, Patricia Bullrich, y da vuelta el ideal libertario: se trata de un texto que modifica las reglas en medio del juego -un sistema hoy vigente hasta 2030- y sostiene, detrás de un aparente relato de apertura, la protección con celo del centro azucarero durante 15 años, en un guiño más que generoso para las provincias del norte.

Como primer expositor, el secretario de coordinación de Energía y Minería, Daniel González, consideró “oportuno discutir una nueva ley y entendemos que el proyecto Bullrich y otros contiene los lineamientos que venimos trabajando hace casi ya dos años”. Luego, explicó que el articulado libertario implica un aumento en los cortes de 2,5 puntos en biodiésel y de tres puntos en bioetanol. “Tiene ganadores, perdedores, afectados”, reconoció.

Seguido a ello, observó el costo “muchísimo más alto que el fósil, con el que se mezcla”. Y agregó: “No vemos lógica en duplicarlo, como proponen algunos proyectos”, y lo ató a una suba “estructural y permanente en gasoil, con mayor costo de transporte, agro y consumidores finales que lo utilicen para motorizar sus vehículos”. En cambio, dijo que, para el etanol, esto no se repite.

González mencionó que, para el último caso, el incremento de 12 a 15 puntos continuará conformado por seis puntos para la caña de azúcar, seis para el maíz y se incorporan tres restantes de “libre competencia”. Y siguió: “Para el corte de 10 -puntos- en biodiésel, hablamos de mínimos que pueden ser incrementados en cualquier jurisdicción, y es un gran equilibrio entre conceder un beneficio, con un impacto fiscal moderado y un aumento del costo del gasoil moderado”.

El funcionario también advirtió que el Gobierno “no cree en cupos, sino en la competencia”, que se iniciaría “de forma inmediata para el etanol”, mientras que en el biodiésel se irá “dando en el tiempo”. “Se me hace difícil imaginar un proyecto de mayor consenso que éste. Un consenso absoluto no va a existir”, reconoció, y afirmó que están petroleras y automotrices “alineadas” con el nuevo plazo de 15 años para “mezclas predecibles y estables”. Se obviaría el régimen -con inversiones de todo tipo- que se encuentra vigente hasta 2030 -interesa la seguridad jurídica-, como indicó el director de la Cámara de empresas pymes regionales elaboradoras de biocombustibles, Federico Martelli.

Junto a González se presentó el subsecretario de combustibles líquidos, Federico Veller, quien direccionó la lupa hacia “normas internacionales para subastas” y “buenas prácticas que establecen que, para evitar asimetrías, es conveniente establecer grupos y zonas de negociación -denominados “clusters”- para que los precios sean equivalentes”. Quedaría determinado cuando por la reglamentación.

Las primeras advertencias llegaron desde Santa Fe. “Hemos encontrado algunas cosas que nos preocupan”, expresó el subsecretario de relaciones institucionales de la provincia, Juan Rodil. Si bien reconoció la “vocación de diálogo” de la Casa Rosada, relató que el distrito que comanda Maximiliano Pullaro “encaró una conversación con todos los actores” para “tratar de encontrar un consenso que entendemos está trabando bastante la ley desde hace unos años”. En esa línea, manifestó: “Hay que modernizar, ser más competitivo y encontrarle la vuelta para que se transforme en un horizonte productivo de la Argentina y traiga la estabilidad al sector”.

Con las disertaciones del resto de invitados quedaron expuestos dos puntos principales: varios legisladores ven con mejores ojos la iniciativa de la ex funcionaria de energía y actual senadora salteña Flavia Royón -clave la balanza entre compañías integradas y no integradas, es decir, si tienen o no el control de la materia prima- y la trampa sobre la supuesta “liberalización” del mercado que prometen Bullrich y el Gobierno: que el biodiésel se arregle por su cuenta -y por tramos- y que el bioetanol tenga asegurado, durante largos años, unos seis puntos de corte fijo para la caña de azúcar, más otros seis para el maíz, que mira Córdoba.

De esta manera, en realidad no se relajaría nada ya que, de ser así, quienes conocen el sistema sostienen que viraría todo muy rápido hacia el maíz. Por eso el freno y la doble vara que pretende mantener Bullrich. Detrás de todo esto hay un jugoso negocio y, en clave política, que mandatarios provinciales se maten ante intentos de dictamen. Mientras más revuelto todo, mejor para el oficialismo. Ahí es donde, hasta ahora, supo moverse mejor.