El Sindicato de Camioneros declaró en las últimas horas un paro por tiempo indefinido en la planta Mega de Coca-Cola ubicada en el partido de Tres de Febrero, lo que representa uno de los focos más sensibles de un conflicto laboral marcado por el inminente debate de la reforma laboral impulsada por el Gobierno en el Senado. Mientras la Confederación General del Trabajo (CGT) optó por reducir la intensidad de sus protestas —limitándolas a una movilización y descartando un paro general para no romper el diálogo con el Ejecutivo—, sectores estratégicos como el transporte ya han anunciado paros sectoriales, lo que anticipa un escenario de tensión sostenido en las próximas semanas.
La asamblea que definió la medida de fuerza reunió a unos 1.500 trabajadores en la planta Mega de la multinacional ubicada en el Gran Buenos Aires. El encuentro contó con la presencia del secretario adjunto Pablo Moyano y del secretario gremial Marcelo Aparicio. Allí, los empleados exigieron la efectivización de contratados, la mejora en el esquema de presentismo y la incorporación de personal adicional para el turno nocturno. Moyano declaró ante los trabajadores: “Estamos de paro y nos vamos a quedar en la planta hasta que tengan una solución”, ratificando la decisión de sostener la huelga hasta que la empresa atienda los reclamos. La posición del sindicato fue respaldada de manera unánime dentro de la planta, donde se reclamó de manera explícita “condiciones laborales dignas” y remuneraciones acordes al esfuerzo diario.
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Horas después de la asamblea, la secretaría de Trabajo dictó la conciliación obligatoria, por lo que le puso un paréntesis al conflicto.
El contexto que rodea a esta huelga sectorial es especialmente complejo dadas las discusiones internas en la CGT y el impacto potencial de la reforma laboral, destinada a redefinir varias normativas del empleo formal en la Argentina. En la reunión de este viernes, la CGT optó por solo realizar una movilización ante el Congreso durante el tratamiento de la reforma, en un intento de sostener “el mayor nivel de paz social posible”. Una alta fuente oficial transmitió al medio: “Se mantiene la voluntad de lograr el mayor nivel de paz social posible y que la protesta quede reducida a la izquierda”. Esta decisión moderada fue apoyada por la mayoría, aunque sectores de mayor combatividad como los de Juan Carlos Schmid (Dragado y Balizamiento, referente de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte - CATT) y de La Fraternidad propusieron paros de 12 y 48 horas respectivamente. El ala dura del transporte confirmó un paro sectorial de 12 horas el próximo miércoles, un día clave para la votación en el Senado.
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A nivel político, la huelga amplifica la fractura dentro de la dirigencia sindical sobre el rumbo a seguir frente al gobierno y las multinacionales. Dirigentes como Héctor Daer y Gerardo Martínez mantienen la estrategia de buscar entendimientos técnicos con gobernadores y senadores para minimizar los efectos de la reforma, mientras que otras agrupaciones ya impulsan planes de lucha autónomos y acciones coordinadas.
En paralelo, persiste en la CGT una atmósfera de incertidumbre: algunos dirigentes expresan un “cauto optimismo” respecto de la posibilidad de que el Gobierno acepte cambios en el proyecto tras una ronda de conversaciones con legales y funcionarios, aunque advierten que no existen garantías plenas de que sus demandas sean incluidas en la versión final. Entre los puntos de mayor preocupación sindical se encuentran las restricciones al derecho de huelga en servicios esenciales, la obligación de mantener niveles mínimos de prestación (del 50 % al 75 %) y la exigencia de autorización patronal para asambleas, condiciones que limitarían la capacidad de protesta futura de gremios clave.
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Mientras tanto, Pablo Moyano instó públicamente a los trabajadores a movilizarse en las calles el 11 de febrero, coincidiendo con la fecha prevista para el tratamiento parlamentario de la reforma. El propio dirigente señaló: “Hay que estar todos en la calle para defender los derechos conquistados”, en un llamado que busca articular el reclamo sectorial con una resistencia gremial de mayor alcance.
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