El foco de la política se corrió hacia Luis Caputo: última negociación por la reforma laboral y el impacto del INDEC

El oficialismo y la oposición dialoguista dan por hecho que habrá sanción de la reforma laboral en el Senado, la semana que viene. El acuerdo, se sabe, incluye modificaciones al texto original. Expone los alcances de las tratativas con buena parte de los gobernadores -radicales, del PRO, peronistas aliados, líberos- y por eso mismo se destaca el capítulo sin cerrar: una baja puntual del impuesto a las Ganancias que impactaría negativamente en los fondos para las provincias por coparticipación. Hay dudas incluso sobre la posición final del Gobierno. Y en cualquier caso, las miradas apuntan a Luis Caputo. El foco político se corrió hacia el ministro, en un clima tensionado además por el sacudón de la marcha atrás con el índice de precios que elabora el INDEC.

Patricia Bullrich le puso un número al nivel de entendimiento con los socios y dialoguistas del Senado. “Un 95%”, dijo después de reunirse con jefes de bancadas y legisladores de espacios de menor peso y hasta unipersonales. La jefa política de los violetas en la Cámara alta fue precisa además al señalar que la resolución del tema Ganancias está en manos de Diego Santilli y del ministro de Economía, es decir, el que negocia con los jefes provinciales y el que maneja la lapicera de los números.

El artículo impositivo alimenta todo tipo de especulaciones y una de ellas, con origen en provincias, hasta pone en duda la decisión oficial de sostener la rebaja de Ganancias -sin distinción del porte de las empresas y con aplicación inmediata-, porque tampoco las cuentas nacionales estarían en el mejor momento para esa poda. Sería algo así como una combinación de necesidades. “No hay síntomas de mejora de la recaudación. Viene mal desde los últimos meses del año pasado y se repitió la baja en enero. El discurso del Gobierno si cambia de decisión podría descargar las culpas sobre las provincias”, resume una fuente atenta a las últimas señales de la larga negociación.

El Gobierno celebró que se fuera desarmando la posibilidad de una cita del conjunto de los gobernadores en el CFI. El impulso de los jefes provinciales del peronismo duro la había alentado como un rechazo global a la reforma, aunque en rigor el punto en común es la reacción por Ganancias y su efecto negativo en la coparticipación federal. El grueso del proyecto cosecha apoyo, aunque con matices y cambios. Un caso notorio de reclamo de algunos mandatarios fue la fijación de diferencias entre grandes empresas y pymes para la aplicación de artículos como el fondo para atender indemnizaciones, bajo la poco feliz sigla de FAL.

Fuentes cercanas a gobernadores vienen señalando que existe una baja de recaudación que afecta a sus distritos -por coparticipación federal e impuestos propios-, como resultado de diversos factores, empezando por la caída o freno del consumo. Y ya antes de la convocatoria formal a sesiones extraordinarias circulaba una versión -con origen en gobernadores cercanos a Olivos- sobre la alternativa de escalonar entre este año y el próximo la aplicación de la baja en Ganancias para empresas. Otros hablan directamente de dejar el tema para el 2027. Y esperar que para entonces se note el crecimiento del empleo formal que pronostica el Gobierno.

Caputo, con aval presidencial, se convirtió en la pieza más gravitante de la negociación. Lo fue también en las tratativas por el Presupuesto 2026, que debió dejar en el camino un capítulo de peso para garantizar la sanción en el Senado. Curioso, pero ahora hay quienes comparan los fondos logrados por las provincias (ATN, compensaciones variadas, alguna obra, según el caso) con el “costo” que tendría el renglón impositivo de la reforma laboral, capaz de desdibujar o revertir lo logrado a fines de diciembre.

El ministro convive y trata de evitar las internas en el círculo más estrecho de Olivos, es decir, con Karina Milei y Santiago Caputo, aunque a veces se producen roces, incluso con los dos al mismo tiempo. Pero está claro el respaldo de Javier Milei, esgrimido en estas horas frente al oleaje generado por la decisión de frenar el cambio de IPC. Esa modificación era explicada hasta hace apenas días como un avance en sintonía con el FMI y con los cambios reales en materia de consumo. No sólo lo difundía así el INDEC, para el debut en la medición de enero, sino también el Banco Central y comunicadores formales e informales del oficialismo.

La precipitada renuncia de Marco Lavagna, más allá del rápido movimiento para reemplazarlo, provocó un fuerte impacto público, aunque no es el primer caso de un funcionario que deja el cargo como consecuencia de tensiones con Economía. El antecedente más reciente fue la salida, hace dos semanas, de Paul Starc. El entonces titular de la UIF emigró hacia otro cargo por sus diferencias sobre la implementación de la ley de “inocencia fiscal”.

El problema para el Gobierno con el caso del INDEC es más amplio. Incluye y supera la lectura sobre las internas, porque golpea sobre la credibilidad del principal organismo de estadísticas, con interrogantes hacia el frente externo, y porque alimenta sospechas en un terreno especialmente significativo como es la contención de la inflación. Un capital político central para la gestión violeta.

El Gobierno buscó bajarle el volumen al tema, con dos líneas discursivas. La primera dice que, en rigor, la decisión presidencial siempre fue modificar el IPC una vez que estuviera afirmado el “proceso de deflación”. Y la segunda agrega que el registro de enero con la nueva medición no hubiera sido muy diferente al número del índice ratificado: algo por encima de los 2 puntos porcentuales. Más aún: que podría estar incluso una décima por debajo.

Por supuesto, esa comparación entra ahora en el terreno de las especulaciones y de las operaciones, al punto de que la versión oficial sobre el frustrado estreno del “nuevo” IPC se enfrenta con versiones que lo colocan por encima de los tres puntos. No falta algún señalamiento sobre la alternativa de publicar las dos mediciones para cerrar el tema. En cualquier caso, de mínima, resulta llamativo el nuevo capítulo de costos autoprovocados. En este caso, con Economía en el foco político.