Qué revela la consulta de Hagamos Democracia sobre el derrumbe de la vía electoral en Nicaragua durante 2026

Casi la mitad de los nicaragüenses consultados por el colectivo civil Hagamos Democracia prefiere una intervención más directa de Estados Unidos o de actores internacionales para salir de la crisis bajo el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

La inclinación apareció antes de que el mandatario anunciara la abolición de las elecciones y expone la caída de la expectativa de una salida electoral.

El sondeo, citado por Divergentes, ubicó esa opción en 44.9%, por encima del acompañamiento a una negociación política, que obtuvo 24%; la presión diplomática, con 14.1%; y las sanciones a funcionarios responsables de abusos, con 10.4%. Solo 3.5% consideró que ninguna acción sería útil.

La consulta también mostró que el apoyo a una presión externa más fuerte convive con el temor a sus efectos. El 49.5% cree que una mayor presión de Estados Unidos aceleraría una negociación o transición democrática, pero 38.9% teme que endurezca al régimen y aumente la represión, mientras 6.3% considera que afectaría sobre todo a la población.

La expectativa de una salida electoral ya estaba en caída antes del anuncio de Ortega

La decimoquinta Consulta Ciudadana de Hagamos Democracia Nic-CR reunió 396 respuestas válidas en 40 municipios y distritos entre el 19 y el 27 de junio de 2026. Jesús Tefel, presidente del organismo, explicó al medio que no se trata de una encuesta probabilística ni busca representar a toda la población, sino describir lo que piensan quienes participaron en un país donde opinar implica riesgos.

Tefel sostuvo que el valor del ejercicio está en abrir “un canal de escucha donde el miedo y la vigilancia han cerrado casi todos los demás”. La consulta no precisa qué entienden los participantes por “intervención más directa”, una categoría que puede abarcar desde mayor presión económica hasta escenarios más drásticos.

El cuestionario vinculó el tema con declaraciones de Marco Rubio sobre una nueva ruta de presión hacia Venezuela, Cuba y Nicaragua. El informe también situó la medición en un 2026 alterado por la captura de Nicolás Maduro, un hecho que, según la publicación, modificó el mapa de aliados del régimen Ortega-Murillo.

La preferencia por una acción internacional más dura aparece asociada al desgaste de las otras salidas. Solo 40.1% creía que habría oportunidad para elecciones libres en 2027, una caída de más de 15 puntos frente a marzo, pese a que la consulta fue levantada semanas antes del anuncio de Ortega del 19 de julio.

La oposición también aparece mal evaluada: apenas 21.5% la calificó como buena y la participación política real no llega a la tercera parte. En ese cuadro, la intervención externa surge como la única palanca en la que una franja amplia de los consultados todavía deposita expectativas.

La liberación de presos políticos reúne el mayor consenso de toda la consulta

El 98.2% consideró importante que cualquier salida a la crisis comience con la liberación de los presos políticos y el cese de la persecución. Es el punto de mayor coincidencia entre quienes esperan una transición y quienes temen un incremento de la represión.

El caso de Brooklyn Rivera, preso político fallecido bajo tutela del Estado, concentró una lectura casi unánime. Según el informe, 51.3% consideró que ese caso demuestra la responsabilidad directa de la dictadura Ortega-Murillo en la muerte de presos políticos y 37.9% lo interpretó como prueba de la gravedad de la persecución política y la desaparición forzada.

En conjunto, 89.2% leyó el caso desde alguna de esas dos dimensiones. Otro 4.5% dijo no conocerlo y 3% prefirió no responder.

La vigilancia política siguió apareciendo como una de las marcas más visibles de la vida cotidiana. El 83.2% afirmó haber detectado algún tipo de control sobre la ciudadanía en su entorno y, entre quienes identificaron responsables, las estructuras del CPC o partidarias fueron las más señaladas, con 62.5%, por delante de la Policía, los paramilitares y los vecinos o informantes.

Ese control también alcanza al empleo público. El 83.7% informó asistencia obligatoria a actividades partidarias como la forma más común de presión en ese sector.

El costo de vida, la salud y la educación agravan el malestar social

La consulta citada por Divergentes registró que 58.6% de los participantes dijo que sus ingresos no alcanzan para cubrir los gastos básicos del mes. Otro 55.6% afirmó que no puede pagar la canasta básica, que en abril de 2026 rondaba los 21,245 córdobas (577.63 USD), de acuerdo con cifras oficiales del INIDE.

El encarecimiento se percibe sobre todo en alimentos y medicamentos. Según Hagamos Democracia, 71.5% considera que los precios subieron mucho en los últimos tres meses, con la carne, los huevos, el queso y los medicamentos entre los productos más mencionados, mientras 57.7% dijo que se iría del país si pudiera.

El deterioro de los servicios públicos fue otro de los hallazgos más extendidos. El 92.9% calificó negativamente la educación pública y el 84.5% hizo lo mismo con la salud, pero el dato más repetido por los consultados fue la percepción de condicionamiento político: 95.2% cree que la atención sanitaria está sujeta a criterios partidarios.

En educación, 91.1% afirmó haber presenciado prácticas de adoctrinamiento político hacia niños, niñas y jóvenes en las aulas. La partidización del sistema fue señalada como la causa más mencionada del deterioro escolar.

La inseguridad ciudadana también mostró un alza en la percepción social. El 83% consideró que aumentó en los últimos tres meses, seis puntos más que en marzo, y el robo encabezó los delitos más mencionados con 82.6%, seguido por asesinatos, hurto y femicidios.

A ese cuadro se suma la corrupción municipal. Tres de cada cuatro personas consultadas dijeron conocer actos de corrupción cometidos por funcionarios públicos en su municipio durante el último trimestre, con el uso indebido de bienes públicos y el nepotismo entre las prácticas más señaladas.