El juez Mariano Borinsky pidió que se completen las vacantes en la Corte Suprema y se designe a un Procurador General

El juez de la Cámara de Casación Penal Mariano Borisnky se refirió a la necesidad de cubrir las dos vacantes en la Corte Suprema de Justicia así como también el cargo de Procurador General de la Nación que todavía no fue designado. Además, destacó los principales puntos que tiene el nuevo Código Penal que el Gobierno buscará aprobar con la nueva conformación del Congreso de la Nación.

En diálogo con A Confesión de Parte, con Romina Manguel, por FM Milenium el magistrado, que forma parte de la máxima instancia penal federal del país, señaló: “La necesidad de cubrir las vacantes en la Corte Suprema es fundamental para que pueda trabajar como la Constitución lo marca”.

Además de la conformación del máximo tribunal, remarcó: “Es importante que se complete el cargo de Procurador General de la Nación, que está vacante hace nueve años. Hay un procurador interino que es el más antiguo, pero un cargo tan sensible no debería quedar sin definición.”

Con la agenda judicial otra vez en el centro del debate político, Borinsky explicó el impacto que tiene la falta de definiciones institucionales. “El jefe de los fiscales es el que fija la política criminal”, sostuvo, al subrayar la incidencia que tiene esta figura en el funcionamiento cotidiano de la Justicia. En tanto, indicó que la estabilidad institucional pasa hoy por designar a los integrantes que restan para completar el máximo tribunal, como así también al titular del Ministerio Público Fiscal. Según sus palabras, “el cargo de Procurador General es fundamental para que Argentina tenga una política criminal clara y actualizada”.

Al analizar el funcionamiento del sistema, Borinsky fue contundente: “La Corte Suprema debe estar completa para dictar las políticas y los fallos que marcan el rumbo de la justicia en la Argentina. Cuando faltan integrantes, no solo se ralentiza la actividad, sino que también se debilita la confianza pública”.

Consultado sobre el impacto de la presencia de un magistrado especializado en materia penal entre los supremos, Borinsky fue categórico: “Siempre es importante un penalista en la Corte. No solo es clave para los temas que marcan la agenda pública actual, sino porque históricamente las Cortes tuvieron penalistas argentinos entre sus miembros”. Además, argumentó que la complejidad de los delitos federales y la sensibilidad de los grandes casos hacen indispensable esa visión: “En las máximas instancias de todos los países existe al menos un penalista, por la importancia que tiene el derecho penal en la sociedad contemporánea”.

En el mismo diálogo, el juez vinculó la discusión institucional con la reforma legal que impulsa el oficialismo. “Un código de 1921 no refleja los intereses y valores fundamentales de la sociedad de hoy. El nuevo Código Penal busca actualizar nuestro sistema con las problemáticas criminales del siglo XXI”, afirmó. Para Borinsky, la iniciativa busca no solo endurecer penas en delitos económicos y de corrupción, sino incorporar de manera expresa figuras que antes no tenían entidad, como la violencia de género, el cibercrimen, los delitos ambientales o el financiamiento del terrorismo.

Justamente, Borinsky analizó: “Pasamos de un código de 312 artículos a uno de casi 900. Triplica el contenido para sistematizar y clarificar. Las actuales leyes dispersas generan dificultades, hasta para los mismos jueces y periodistas, porque no se sabe con certeza qué está prohibido y qué permitido”.

Por otro lado, el camarista rechazó la visión de polarización ideológica: “La discusión ya no es entre mano dura y garantismo, todos los jueces aplican la Constitución. Lo esencial ahora es la aplicación efectiva de la ley penal, que las sentencias se cumplan”.

Para cerrar, el juez reiteró la urgencia de fortalecer la institucionalidad judicial y avanzar en la modernización del sistema penal. “La Justicia necesita instrumentos jurídicos y recursos, pero también definición política e institucional. No se puede discutir una mejora real del sistema si no se resuelven las vacantes y no se dota de herramientas legales a los jueces, fiscales y defensores”, completó el magistrado.