La CIDH propuso visitar la Argentina ante las acusaciones por agresiones a la prensa y limitaciones a la libertad de expresión

El debate sobre la libertad de expresión en Argentina alcanzó un nuevo punto de tensión tras la audiencia temática celebrada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la Universidad de Miami. Durante más de dos horas, representantes de organizaciones de la sociedad civil, periodistas y fotógrafos expusieron ayer ante el organismo internacional un panorama que, aseguran, está marcado por el aumento de agresiones, hostigamiento y restricciones al ejercicio periodístico desde la asunción de Javier Milei como presidente. El Estado argentino, por su parte, rechazó los reclamos y negó la existencia de un deterioro estructural, atribuyendo los hechos denunciados a situaciones aisladas.

La audiencia, concedida de manera unificada a partir de solicitudes encabezadas por el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), reunió a una amplia coalición de entidades como Amnistía Internacional, representaciones sindicales, y otras, junto a periodistas como Julia Mengolini, Hugo Alconada Mon y el fotógrafo Tomás Cuesta. El objetivo fue actualizar el diagnóstico sobre el ejercicio del periodismo en el país, en un contexto que ya había motivado advertencias en el informe 2024 de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión.

Durante la exposición, Paula Moreno, presidenta de FOPEA, describió un “deterioro veloz y pronunciado del clima para el ejercicio periodístico”, citando tres hechos centrales: el aumento inédito de agresiones, especialmente violencia digital y hostigamiento desde las máximas autoridades; el uso de acciones judiciales para intimidar a periodistas; y la violencia física contra la prensa durante manifestaciones. Según los datos del Monitoreo de Libertad de Expresión de FOPEA, en 2024 se registraron 179 casos de ataques, lo que representa un incremento del 53% respecto a 2023 y del 103% frente a 2022. En lo que va de 2025, la cifra ya alcanzó un récord de 257 casos, superando incluso el máximo histórico de 2013.

Moreno subrayó que el discurso gubernamental se caracteriza por el uso de “narrativas de odio y desinformación” como estrategia de confrontación. En ese sentido, citó la frase del presidente Milei, replicada por funcionarios y seguidores: “No odiamos lo suficiente a los periodistas”. El periodista Hugo Alconada Mon relató la persecución sufrida tras revelar un plan de la SIDE sobre espionaje interno, detallando intentos de hackeo y amenazas: “El objetivo de los ataques es intimidar y desalentar a quienes podrían investigar o publicar información sensible”, dijo Alconada Mon a la CIDH.

El abogado Hugo Wortman Jofré, representante de Poder Ciudadano, advirtió sobre el uso de la justicia como herramienta de intimidación y mencionó las modificaciones a la Ley de Acceso a la Información Pública como un punto crítico. “El uso de la justicia crea un ambiente de miedo y desconcierto, forzando a los periodistas a evaluar muy detenidamente si profundizan o abandonan sus líneas de investigación“, afirmó Wortman Jofré ante la Comisión.

Por su parte, Claudio Jacquelin, vicepresidente de FOPEA, citó al ex editor de The Washington Post, Marty Baron: “La descalificación busca deshumanizar a los periodistas, convertirlos en objetos desechables”. Jacquelin denunció la inactividad institucional, recordando que la Comisión de Libertad de Expresión de Diputados no funciona desde hace más de un año, y advirtió que estas agresiones lesionan el derecho de la ciudadanía a estar informada.

Las organizaciones SiPreBA, FATPREN y ARGRA hablaron de una “normalización” del uso de máscaras de gas y los ataques directos de las fuerzas de seguridad, citando las graves heridas sufridas por el fotógrafo Pablo Grillo y el desmantelamiento de la agencia pública Télam. Amnistía Internacional y referentes como Julia Mengolini sumaron testimonios sobre campañas de odio amplificadas por el presidente y un ensañamiento particular contra las mujeres periodistas. Mengolini denunció: “El Presidente usa el poder del Estado para perseguir y silenciar con campañas de odio, para instalar enemigos y construir mentiras. Publicó en las redes cien mensajes en mi contra en cuatro días y usó el poder penal para perseguirme”.

El fotógrafo Tomás Cuesta, de la Asociación de Reporteros Gráficos de la Argentina, relató el caso de Pablo Grillo, herido de gravedad por el impacto de un disparo de un gendarme durante la cobertura de una marcha de jubilados: “La granada que abrió su cabeza nos cambió a todos. Un mensaje directo para todos”.

En representación del Estado nacional, el subsecretario de Derechos Humanos, Alberto Julio Baños, rechazó la existencia de restricciones a la libertad de prensa y sostuvo que no se han tomado “medidas regresivas”. Baños afirmó que las denuncias de agresiones en marchas corresponden a “hechos aislados” y no a una persecución deliberada, y agregó: “El uso de la fuerza está regulado y la actividad periodística está protegida”. Además, cuestionó que las presentaciones de las organizaciones excedían el objeto de la audiencia y defendió la realización de conferencias de prensa y la respuesta a los pedidos de acceso a la información pública.

Y agregó: “Someternos o prestarnos a ese diálogo que el comisionado Ralón nos está invitando, pero para el cual, probablemente con alguno de los representantes de la sociedad civil tengamos que tener una hoja de ruta previa para que esto no se convierta en un juicio contradictorio, que, más allá de lo que nos recordaba la Secretaria Ejecutiva, es una audiencia temática”.

“Si no derivamos de una audiencia temática a pretender poner de rodillas al Estado argentino defendiendo políticas de cualquier tinte que se trate. Y también tener en cuenta que a algunos puede no gustarles determinadas políticas que lleva adelante la gestión actual, lo que no significa que necesariamente tenga que salir a buscar la protección de la Comisión Interamericana, porque no están conculcados derechos humanos como se pretende hacer ver en forma masiva en la República Argentina. Solamente se defienden los derechos humanos en forma horizontal para todos los habitantes de la Nación”, consideró el funcionario del Gobierno.

La secretaria ejecutiva de la CIDH, Tania Reneaum Panszi, advirtió que no se trata de casos singulares, sino de una tendencia preocupante: “Todo hace parecer que hay un contexto de amenazas, criminalización a las personas periodistas o activistas de derechos humanos”, dijo Reneaum Panszi a la audiencia. El Relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, Pedro Vaca, subrayó: “Cuando un gobernante se dirige a la prensa lo hace desde una posición de poder y eso puede tener impactos. La voz de una autoridad no es una voz cualquiera. El sistema interamericano aspira a que la voz de toda autoridad no contribuya a la generación de riesgos para otras personas”.

El presidente de la CIDH, José Luis Caballero, remarcó la importancia de atender la situación de la libertad de expresión en Argentina y recordó los pronunciamientos previos del organismo. Caballero expresó el interés de la Comisión en realizar una visita formal al país para un seguimiento exhaustivo del tema: “Estamos interesados en hacer una visita”, afirmó, reivindicando los aportes históricos de Argentina en la construcción del sistema interamericano de derechos humanos.

Durante la audiencia, la sociedad civil solicitó a la CIDH que monitoree el contexto represivo en Argentina, que exija al gobierno medidas para detener los ataques contra periodistas y voces críticas, y que ponga fin a la represión contra quienes se manifiestan y quienes cubren esas protestas. Además, se pidió una visita de la Comisión junto con la Relatoría de Libertad de Expresión al país.

FOPEA y Poder Ciudadano formalizaron ante la Comisión una serie de solicitudes concretas: la realización de una misión oficial del Relator Especial para la Libertad de Expresión, la elaboración de un informe exhaustivo de país, la derogación del Decreto 780/2024 por restringir la Ley 27.275 de Acceso a la Información Pública, la creación de un Observatorio Permanente sobre la situación de la libertad de expresión, el apoyo para activar el acuerdo vigente entre la Corte Interamericana y la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y la elaboración de un protocolo que garantice el litigio sin costos económicos en casos de reclamos por acceso a la información pública.

El encuentro, que se desarrolló en la Universidad de Miami, estuvo marcado por la tensión y la preocupación de la CIDH ante el progresivo deterioro de la libertad de expresión en Argentina. La Comisión dejó abierta la posibilidad de una visita formal al país para profundizar el seguimiento de la situación.