La causa contra Gloria Ruiz, ex vicegobernadora de Neuquén, por presunto enriquecimiento ilícito sumó un nuevo capítulo este martes luego de que el fiscal Juan Manuel Narváez le concediera una prórroga a la ex funcionaria luego de que no lograra presentar la documentación requerida para justificar el origen de su patrimonio.
La audiencia, que se realizó tras una intimación directa de la Fiscalía de Delitos Económicos, exigía a Ruiz explicar cómo adquirió una camioneta Toyota SW4 modelo 2024 por 76.837.000 pesos el 13 de septiembre del año pasado, así como la incorporación de un terreno en el Loteo Manzanares, ubicado sobre la Ruta 22 en Plottier.
Según informó el medio local Río Negro, la Fiscalía sospecha que esta propiedad habría sido obtenida “a través de interpósita persona”, lo que podría indicar el uso de un testaferro. Además, se investiga la instalación de una pileta valuada en más de 31 millones de pesos, que habría sido presentada como obra pública.
Ruiz, acompañada por su abogado Alberto Balladini, solicitó la prórroga al no poder reunir la documentación en el plazo original. Si el próximo martes no presenta los elementos que respalden el origen lícito de los bienes cuestionados, podría enfrentar nuevas imputaciones.
La investigación penal sobre Gloria Ruiz se originó tras denuncias por designaciones irregulares de familiares Legislatura de Neuquén, así como de giros de dinero fuera de los normal en el organismo legislativo.
Entre los casos señalados, se encuentra el nombramiento de su hermano, Pablo Ruiz, como director de la Casa de las Leyes. Con ese rol, realizó varas transferencias desde la Legislatura a cuentas vinculadas a su entorno. Por esto mismo, el Banco Provincia de Neuquén alertó por los movimientos irregulares y se inició una investigación en su contra.
Ruiz ejerció como intendenta de Plottier entre 2019 y 2023 y asumió como vicegobernadora en diciembre de 2023. Sin embargo, fue destituida por “inhabilidad moral” antes de cumplir un año en funciones, en medio de acusaciones por corrupción.
En diciembre de 2024, se presentó una denuncia que señalaba que, mediante un decreto de la entonces intendenta, se llamó a licitación privada para adjudicar obras en el predio de la asociación civil GRU.DI.ES., que agrupa a familias de personas con discapacidad.
La firma adjudicataria recibió más de 18 millones de pesos como adelanto de obra, pero en el predio de la asociación civil no se realizó ninguna intervención. En cambio, la contraprestación se efectuó en un lugar distinto al de la adjudicación, específicamente en el barrio Loteo Manzanares de Plottier, donde se constató la existencia de un cerramiento perimetral y una pileta de natación. Este hecho refuerza las sospechas sobre el posible uso de fondos públicos para beneficio personal.
La Fiscalía también analiza si la adquisición de bienes y la realización de obras se realizaron a través de terceros para ocultar la titularidad real, lo que podría agravar la situación judicial de Ruiz.
Demoraron a 9 personas acusadas de ser cómplices de la ex vicegobernadora de Neuquén
A mediados de mayo, en medio de la investigación por corrupción Ruiz, la Justicia demoró a nueve personas sospechadas de presuntamente haber sido cómplices de las maniobras fraudulentas realizadas por la ex funcionaria pública.
El fiscal Pablo Vignaroli y el personal de la Fiscalía de Delitos Económicos allanaron un total de 14 domicilios, de los cuales 10 se ubicaban en la localidad de Plottier, 2 en Neuquén capital y 2 en General Roca, en Río Negro.
Los procedimientos fueron aprobados por los jueces Lucas Yancarelli y Luis Giorgetti, después de que el titular de Delitos Económicos, Juan Manuel Narváez, pidiera permiso para irrumpir en varias viviendas particulares de los sospechosos y en una sede comercial de una empresa que habría realizado varias piezas publicitarias para la Legislatura.
Una vez finalizados los operativos, se confirmó que un total de nueve personas fueron demoradas, con la intención de ser imputadas en la causa por peculado y fraude a la administración pública.
No obstante, fueron puestos en libertad, tras ser notificados sobre su situación y recomendarles nombrar a sus respectivos abogados defensores.
Por el momento, los acusados enfrentarían cargos por peculado y fraude a la administración pública, los cuales variarían por los grados de participación que habría tenido cada uno.
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