
En medio de la investigación por corrupción contra la ex vicegobernadora de Neuquén Gloria Ruiz, la Justicia demoró a nueve personas sospechadas de presuntamente haber sido cómplices de las maniobras fraudulentas realizadas por la ex funcionaria pública. En caso de que se comprobaran las conexiones, la carátula del caso podría agravarse.
Todo ocurrió este viernes a la mañana, cuando el fiscal Pablo Vignaroli y el personal de la Fiscalía de Delitos Económicos allanaron un total de 14 domicilios, de los cuales 10 se ubicaban en la localidad de Plottier, 2 en Neuquén capital y 2 en General Roca, en Río Negro.
Los procedimientos fueron aprobados por los jueces Lucas Yancarelli y Luis Giorgetti, después de que el titular de Delitos Económicos, Juan Manuel Narváez, pidiera permiso para irrumpir en varias viviendas particulares de los sospechosos y en una sede comercial de una empresa que habría realizado varias piezas publicitarias para la Legislatura.
Una vez finalizados los operativos, se confirmó que un total de nueve personas fueron demoraron, con la intención de ser imputados a la causa por peculado y fraude a la administración pública que se abrió contra la ex vicegobernadora.

Los sospechosos de haber sido cómplices de la ex funcionaria pública fueron cuatro hombres y cuatro mujeres, entre ellos, su esposo y ex chofer, Claudio Costa. No obstante, fueron puestos en libertad, tras ser notificados sobre su situación y recomendarles nombrar a sus respectivos abogados defensores.
Por el momento, los acusados enfrentarían cargos por peculado y fraude a la administración pública, los cuales variarían por los grados de participación que habría tenido cada uno. Sin embargo, la Justicia no descartaría la posibilidad de que el proceso se agrave, debido a que si llegara a demostrarse que hubo una coordinación de tres o más personas con Ruiz, se modificaría la carátula a asociación ilícita.
Según la información publicada por LM Neuquén, en los allanamientos, los agentes secuestraron varios dispositivos digitales y documentación que estaría relacionada con los sospechosos, entre ellos, teléfonos, computadoras, discos rígidos, tarjetas de memorias y facturas comerciales.
A partir de la incautación de los elementos mencionados, el Ministerio Público Fiscal (MPF) los entregará a los peritos, para su posterior análisis. Se espera que los resultados de los peritajes puedan dilucidar los roles y los grados de participación que tuvo cada una de las personas imputadas.

La investigación comenzó a finales de noviembre del año pasado, luego de que el Banco Provincia de Neuquén (BPN) denunciara varios movimientos financieros irregulares en la cuenta del hermano de la ex vicegobernadora, Pablo Ruiz, quien trabajaba como coordinador de la Casa de las Leyes.
Según el expediente, el ex funcionario público habría recibido transferencias por un total de 29.854.350 pesos que habrían sido enviadas desde la cuenta de la Legislatura. Asimismo, indicaron que parte de esos fondos fueron utilizados para constituir plazos fijos, mientras que los 20.600.000 pesos restantes fueron retirados en efectivo.
De acuerdo a un comunicado emitido por la entidad bancaria provincial, Ruiz fue acusado de aprovecharse de los fondos estatales para su beneficio propio. Asimismo, indicaron que tampoco podría justificarlo con su sueldo, que había alcanzado los 4 millones de pesos, ya que consideraron que “no debería haber gastado nada de su sueldo y tampoco nada de lo que se le giraba desde la Legislatura”.
En el mismo texto, el BPN apuntó contra la ex vicegobernadora al plantear: “Que la vicegobernadora estaba al tanto es una hipótesis que no podemos descartar”. La acusación llevó a un quiebre entre la relación de Ruiz con el gobernador, Rolando Figueroa, a la vez que la Justicia comenzó a investigarla, inicialmente, por inhabilidad moral.
Finalmente, Ruiz fue destituida de su cargo en el 19 de diciembre 2024. En la declaración que ofreció, admitió que el depósito de dinero de la Legislatura en la cuenta sueldo de su hermano fue irregular. “Eso nunca debería haber pasado”, afirmó.
De la misma manera, se refirió a las acusaciones por supuestamente haber contratado a sobrinos políticos. “Es gente que la mayoría son empleados de la gestión de Plottier, vienen acompañándome desde que soy intendenta, eso no quiere decir que seamos ni amigos, ni parientes, ni primos”, explicó.
“No es familia. Mi familia tiene nombre y apellido que son Ruiz, mis hermanos Pablo y Vilma y mi marido“, apuntó Ruiz, para luego defender la designación de otro de sus hermanos en un cargo dentro de la Legislatura y la contratación de su esposo, Claudio Costa, quien desempeñaba funciones como chofer.
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