Guatemala: El diputado José Chic exige investigación imparcial sobre acusaciones a Consuelo Porras

A pocos días que se realice el relevo en la Fiscalía General de Guatemala, el diputado Jose Chic, representante de la bancada VOS en el Congreso de la República de Guatemala, requirió en conferencia de prensa que se decrete arraigo para la fiscal general María Consuelo Porras Aldana.

Además instó a que las investigaciones sobre supuestas detenciones ilegales y casos de adopciones irregulares vinculados a Porras sean transferidas a instancias independientes, debido a la presunta existencia de una red estructurada que implicaría a funcionarios judiciales y administrativos.

Chic aseguró que el caso tiene repercusión internacional y resaltó que los hechos denunciados —a su juicio, de gravedad tal que no deben prescribir— precisan de la intervención de la Fiscalía de Derechos Humanos o la Fiscalía de Delitos Transnacionales, además de la permanencia de la fiscal general en el país para responder ante el proceso.

En la parte final de su intervención, Jose Chic reveló que el costo de una adopción nacional en Guatemala puede llegar a cinco mil dólares, y que en países de Norteamérica o Europa esa cifra aumenta a sesenta mil dólares.

El diputado indicó que hay registros de procesos con irregularidades serias, en los que participaron jueces, abogados y notarios, conformando una estructura orientada a la venta y traslado de niños fuera del país.

Este señalamiento, que involucra cifras inéditas y una dimensión transnacional, diferencia la denuncia de Chic de otros casos previos de presunta corrupción en el sistema de adopciones.

De acuerdo con los datos presentados, Jose Chic planteó que existen al menos tres denuncias formales agrupadas y remitidas a una sola fiscalía, una acción que considera inadecuada por parte de Consuelo Porras Aldana.

El diputado sostiene que la concentración de casos debió recaer en fiscalías especializadas en derechos humanos o delitos transnacionales. A su entender, esto refleja falta de transparencia y un intento de encubrimiento en torno a la fiscal general.

El proceso de adjudicación y las respuestas institucionales en entredicho

Chic subrayó que la fiscal Leonor Morales, al frente de la Fiscalía contra Delitos cometidos contra Operadores de Justicia y Sindicalistas, se limitó a argumentar que todos los procedimientos se realizaron conforme a derecho, pero no detalló “qué acciones ha emprendido para esclarecer la verdad de esas denuncias”.

La falta de información concreta, indicó, impide comprobar la eficacia de las investigaciones sobre Consuelo Porras y otros posibles involucrados.

El diputado rechazó que las respuestas oficiales fueran únicamente generales, y remarcó: “Solo quieren decir que el Ministerio Público está haciendo su trabajo, pero no concretiza en qué acciones han llevado a cabo y cuáles van a ser las líneas de investigación o al menos los parámetros que va a utilizar el Ministerio Público relacionado con estas denuncias”.

Recalcó la obligación del Ministerio Público de aportar pruebas y precisó que, hasta ahora, la fiscalía a cargo no ha presentado fundamentos claros ni evidencias que demuestren avances efectivos.

Estructura criminal en adopciones y reclamo de responsabilidad internacional

Chic calificó los hechos como “venta de niños” en Guatemala, afirmando que diversos actores judiciales y administrativos estuvieron involucrados.

Sostuvo que investigar esta estructura, en la que participaron jueces, abogados y notarios, exige la intervención de fiscalías especializadas y un cambio en la estrategia institucional vigente.

Recordó que la negativa anterior de la Corte Suprema de Justicia a retirar la inmunidad a Porras no libera de responsabilidades administrativas ni penales, y anunció que el Congreso insistirá en renovar el pedido de investigación para “garantizar que la señora Consuelo Porras debe permanecer en el país mientras dure la investigación de este caso”.

El diputado Jose Chic subrayó que se ha identificado una posible red transnacional de adopciones irregulares, con el precio de una adopción en Guatemala alrededor de cinco mil dólares, cifra que asciende a sesenta mil cuando se concreta en el extranjero. Esta situación afecta la credibilidad de la justicia, implica a varios funcionarios y refuerza la necesidad de fiscalías con competencia internacional.

Recalcó que el antejuicio es un recurso de protección para funcionarios, pero advirtió: “No traten de hacer creer a la gente que la fiscal Consuelo Porras fue exculpada en estos procesos”.

Afirmó que continuará presentando nuevas denuncias y fiscalizando a las autoridades para que se esclarezcan todos los hechos y la sociedad guatemalteca cuente con la información necesaria sobre la fiscal general y otros funcionarios.