El Senado empieza mañana con rondas de exposiciones sobre una eventual ampliación de la Corte Suprema

El plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales; y de Justicia y Asuntos Penales del Senado empezará mañana a realizar rondas de exposiciones que se darán cada 15 días sobre una potencial ampliación de la Corte Suprema, junto a una discusión de género para el máximo tribunal a la hora de resolver conflictos.

La cabecera es Asuntos Constitucionales, presidida por la legisladora del peronismo disidente Alejandra Vigo. Varios integrantes de dicha comisión, junto a la de Justicia, desconfían del comando de la cordobesa por los mensajes contradictorios que da la Casa Rosada, en cuanto a si de verdad le importa una ampliación o si prefiere esperar otro momento para acelerar este debate, y si la senadora está alineada a los deseos del Gobierno libertario.

Para el plenario de mañana fueron invitados la titular de la Red Mujeres por la Justicia, María Eugenia Chapero; el presidente del Colegio de Público de Abogados de la Ciudad, el radical Ricardo Gil Lavedra; el constitucionalista Andrés Gil Domínguez; y el ex convencional constituyente Alberto García Lema.

¿Qué ocurrió el 28 de mayo pasado?

Ese día se concretó una primera reunión informativa de un proceso que, por ahora, tiene más dudas que certezas. Allí, un sector de la oposición dialoguista deslizó una preocupación por la jurisprudencia histórica del máximo tribunal de Justicia ante el potencial aterrizaje continuo de conjueces.

“Si no están de acuerdo los tres miembros del tribunal, no hay mayoría y hay que citar conjueces. ¿Cuál es el riesgo? Uno, es el aumento o dilación de las soluciones; y la otra, más grave, al ser gente que viene de otros tribunales, puede llegarse a cambiar la jurisprudencia histórica de la Corte en diversos temas”, planteó el peronista disidente Juan Carlos Romero, colega de Vigo en el interbloque Provincias Unidas.

El salteño luego expresó: “Que la decisión la tomen magistrados que no tienen tan viva la necesidad de la tradición en los fallos puede llevar a que terminemos cambiando, de un día a otro, jurisprudencias aceptadas”.

Por último, Romero dijo: “Hay algunos que dicen que aumentar el número genera inseguridad. Es posible, pero más grave es el hecho de que se pierda una línea de trayectoria en los fallos que nos haga previsibles. Y, sin justicia previsible, vamos a tener un riesgo de inseguridad para mucha gente”.

El convite tuvo otro dato más que llamativo: el corrimiento del debate que ejecutó el kirchnerismo a través de su jefe, José Mayans, para exigir la partida de los tres magistrados actuales -tendrían que ser cinco- de la Corte Suprema. “No están a la altura de las circunstancias”, lanzó el legislador formoseño. No sería extraño, si el Frente de Todos asiste al plenario, que intente buscar opiniones en ese sentido.

Mayans recordó cómo el kirchnerismo, durante su primer Gobierno, renovó la Corte Suprema. Seguido a ello, advirtió que el Consejo de la Magistratura funciona con “una ley derogada”, algo que “el poder político no puede ni debe aceptar”, y calificó esa situación como “la más grave que tiene el país”. El formoseño fue más allá con menciones contra el Gobierno del estilo “cuando pase el temblor, no sé qué va a pasar” y “el puente se va a caer”.

“Es la misma Justicia que condenó a cientos de represores que están presos o condenados, y que logró condenar últimos 20 años a muchos corruptos. No es criticar lo que no nos gusta, sino dejarla hacer su trabajo”, aseveró Romero. Pareció una respuesta a los dichos de Mayans. También se sumó Mónica Silva (Juntos Somos Río Negro), quien enfatizó: “No es necesario que, desde este lugar, estemos haciendo acusaciones”.

Por su parte, la neuquina Lucila Crexell direccionó la lupa hacia un tema de trascendencia sobre el Consejo de la Magistratura. “Es un órgano bastante opaco dentro del sistema de selección y de ‘jury’, y nadie habla de lo que pasa allí”, disparó.

En la Cámara alta hay textos que plantean un aumento de la integración de la Corte Suprema de cinco a siete, nueve y hasta 15 magistrados. El último caso es similar al proyecto que aprobó el cristinismo en 2022 y quedó sepultado en Diputados.