En medio de los reclamos por el estado de las rutas nacionales, Francos responsabilizó al gobierno anterior

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se refirió este jueves en Amstrong sobre el estado de las rutas nacionales, en el marco de los reclamos de diferentes gobernadores por los arreglos y por la reactivación de la obra pública en las provincias.

En ese marco, Francos destacó la gravedad del problema y la dificultad de solucionarlo rápidamente. “El Estado no tiene recursos infinitos", afirmó Francos, subrayando los desafíos financieros que enfrenta el gobierno actual. “¿Usted quiere que le suban 300% los impuestos? La infraestructura no se hace en un día”, agregó.

El estado de las rutas nacionales ha reavivado las quejas de varios gobernadores provinciales, quienes han demandado una mejora urgente para evitar accidentes y mejorar el transporte. Según datos del gobierno, en 2024, el 29% de los accidentes automovilísticos fatales ocurrieron en estas rutas, un indicador crítico de la necesidad de intervención.

Justamente, la semana pasada, Alberto Weretilneck, gobernador de Río Negro, criticó duramente la gestión actual por el estado de las rutas en su provincia, declarando que las vías “están heridas, rotas y olvidadas”.

Por otro lado, el presidente Javier Milei ha reiterado su compromiso con la privatización de las obras públicas, buscando reducir la carga sobre el Estado. Recientemente, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, anunció una reforma en el sistema de contratación, con el objetivo de eliminar las prácticas de “cartelización” y fomentar la competencia entre empresas nacionales e internacionales.

En este marco, Francos cuestionó el legado de la administración anterior, señalando que dejaron al país en una situación problemática con “infraestructura destruida” y un contexto de hiperinflación. “¿Desde cuándo están los caminos así? ¿Desde hace cuántos años?”, preguntó retóricamente, refiriéndose a la larga historia de descuido que, según él, el actual gobierno intenta enmendar.

Varias provincias han expresado su frustración por el estado de sus rutas. El gobernador Weretilneck destacó el colectado en impuestos a los combustibles, que por ley deberían destinarse a infraestructura vial, pero cuestionó su actual paradero y uso efectivo. “La producción sigue saliendo por caminos destrozados, los turistas llegan por rutas intransitables y la gente se juega la vida todos los días”, expuso con contundencia en sus redes sociales.

Desde la provincia de Santa Fe, el secretario de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, Carlos Torres, también denunció el estado de las rutas, criticando la precariedad de las reparaciones realizadas hasta ahora. “Lo que exigimos es tapar pozos, prender las luces y cortar el pasto”, explicó Torres, evidenciando la falta de mantenimiento básico que afecta la seguridad vial.

Un paso concreto hacia la descentralización de la gestión vial es el reciente acuerdo firmado por Alfredo Cornejo, gobernador de Mendoza, quien acordó que su provincia se hará cargo de varios tramos de rutas nacionales, asumiendo responsabilidades clave para mejorar la conectividad y seguridad en estas áreas.

Este convenio es un reflejo de la estrategia del gobierno nacional para transferir la gestión de rutas a nivel provincial, permitiendo que las provincias introduzcan peajes o reclamen costos al Estado nacional bajo ciertas condiciones.

En el ámbito de concesiones, la Dirección Nacional de Vialidad ha lanzado la tercera convocatoria para una audiencia pública dentro de su proyecto “Red Federal de Concesiones”, abarcando 4.171,40 kilómetros de rutas divididas en ocho tramos estratégicos.

Este programa busca privatizar corredores viales mediante concesiones de obra pública por peaje, potenciando así la mejora y conservación de la infraestructura sin intervención directa del Estado, apuntando a un futuro donde las obras públicas sean sostenidas mayormente por el sector privado.

Estos esfuerzos son parte de un plan más amplio para mejorar significativamente la infraestructura vial del país, impactando directamente la logística, la seguridad y la economía en general. Sin embargo, este enfoque también genera dudas en ciertos sectores que temen que la privatización no resuelva adecuadamente las necesidades urgentes de reparación y mantenimiento en el corto plazo.