
La Secretaría de Energía del Ministerio de Economía de la Nación aprobó la solicitud de adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) de la empresa Southern Energy S.A. El régimen, que busca fomentar proyectos de gran envergadura en sectores estratégicos, tiene como objetivo la mejora de la competitividad, el fortalecimiento de las exportaciones y la generación de empleo. Con esta aprobación, la empresa podrá desarrollar el denominado Proyecto de Licuefacción de Gas Natural, que promete ser un hito en la industria energética nacional.
Este proyecto consistirá en la instalación de una planta flotante de licuefacción de gas natural (FLNG, por sus siglas en inglés) en el Golfo de San Matías, en la provincia de Río Negro. Según los detalles presentados, la capacidad de producción anual del proyecto oscilará entre 1,5 millones de toneladas y 2,2 millones de toneladas de gas natural licuado (GNL), dependiendo de la disponibilidad de infraestructura de transporte de gas. El plan de inversión tiene como fin no solo asegurar el abastecimiento interno de gas natural sino también posicionar a Argentina como un actor relevante en los mercados globales de GNL.
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El RIGI fue creado por la Ley 27.742 para atraer grandes inversiones, tanto nacionales como extranjeras, que contribuyan al desarrollo de sectores estratégicos de la economía.
Tal como detalla la resolución 559/2025 —publicada esta madrugada en el Boletín Oficial—, el comité evaluador encargado de revisar las solicitudes de adhesión recomendó, en su reunión del 29 de abril de 2025, aprobar la petición presentada por Southern Energy S.A.
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Esta decisión se basó en los informes técnicos y económicos presentados por la empresa, que demostraron la viabilidad y el potencial impacto positivo del proyecto sobre la economía nacional. El proyecto de licuefacción de gas natural permitirá aumentar la producción de gas del país entre un 5% y un 8% anual, lo que contribuiría significativamente a la seguridad energética y a la exportación de recursos energéticos a mercados internacionales.
El Proyecto de Licuefacción de Gas Natural se desarrollará en dos etapas, con una inversión total que supera los USD 6.878 millones. La primera etapa está destinada a una inversión de USD 1.603 millones, mientras que la segunda requerirá USD 1.222 millones. Esta inversión incluye la instalación de la planta flotante que procesará el gas natural proveniente del yacimiento de Vaca Muerta, con el objetivo de transformar el gas en forma líquida (GNL), un producto con alta demanda en mercados internacionales.
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El proyecto está alineado con los intereses estratégicos de Gobierno nacional, que busca incrementar la participación del país en mercados internacionales, especialmente en aquellos donde las exportaciones argentinas de GNL aún son bajas. Con una capacidad de producción anual de hasta 2,2 millones de toneladas de GNL, el proyecto se presenta como una gran oportunidad para posicionar a Argentina como un proveedor clave en mercados globales, especialmente en mercados de largo plazo.
La aprobación de esta solicitud de adhesión al RIGI representa un paso clave en el fortalecimiento del sector energético argentino. A través de este régimen, el Gobierno busca no solo atraer inversiones extranjeras, sino también diversificar la matriz energética y reducir la dependencia de importaciones de energía. La licuefacción de gas natural se presenta como una herramienta fundamental para aprovechar los recursos energéticos nacionales y optimizar la infraestructura disponible.
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Southern Energy S.A. ya ha manifestado su intención de aprovechar las reservas de gas en Vaca Muerta, uno de los yacimientos más importantes del mundo, para alimentar el proyecto y asegurar el suministro constante de gas natural. El aprovechamiento de los excedentes del sistema de transporte de gas durante los meses de baja demanda, como el verano, es otro de los aspectos clave de esta iniciativa.

A pesar del entusiasmo por la magnitud de la inversión y el potencial que representa el proyecto, la empresa deberá cumplir con una serie de compromisos estipulados en la ley. Entre ellos, se incluye el requisito de realizar una inversión mínima durante los primeros años de ejecución del proyecto. El 20% del monto de inversión inicial deberá ser alcanzado en los dos primeros años desde la fecha de adhesión, mientras que el plazo final para cumplir con el monto total de la inversión es el 31 de diciembre de 2035.
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Además, tendrá que seguir el cronograma de obras previsto, el cual se encuentra debidamente documentado y aprobado, para asegurar que el proyecto avance de acuerdo con lo planificado. También se ha establecido un plan de desarrollo de proveedores locales, que permitirá maximizar la cadena de valor local, potenciando la industria nacional.
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