El PAMI anunció una investigación interna por supuestos desvíos de fondos públicos en gestiones anteriores

El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) anunció que comenzó una “revisión profunda en sus delegaciones con el objetivo de eliminar las prácticas discricionales y los abusos heredados de gestiones anteriores”. Según el comunicado oficial del instituto, se busca “cortar de raíz las irregularidades en la compra y provisión de insumos”.

“Durante años, la política convirtió a PAMI en un instrumento para hacer negocios y establecer estructuras clientelistas en todo el país”, alertaron y adelantaron que esta intervención busca desarmar esas “mafias internas” y terminar con los “privilegios” de aquellos que durante años utilizaron el instituto para fines ajenos a su misión.

Uno de los puntos clave en esta reforma es la revisión del uso de las “vías de excepción”, un mecanismo que debe utilizarse solo en circunstancias excepcionales para la entrega de medicamentos, insumos y tratamientos. Sin embargo, según el informe, este mecanismo fue utilizado de forma inapropiada para eludir licitaciones y otros procedimientos formales, lo que permitió la apertura de manejos poco transparentes y posibles desvíos de fondos públicos.

Ante estas irregularidades, las autoridades de PAMI iniciaron una investigación interna y, de confirmarse las irregularidades, se avanzará con las sanciones correspondientes. El objetivo es asegurar que los recursos “lleguen a quienes realmente los necesitan”, garantizando un manejo transparente y justo de los fondos destinados a los jubilados y pensionados.

PAMI, finalmente, enfatizó que no permitirá que el instituto continúe siendo utilizado para intereses políticos y que pondrá “fin a años de descontrol y connivencia entre funcionarios y proveedores”. “El tiempo de impunidad se terminó”, concluyeron.

Hace algunos meses, Elisa Carrió y Hernán Reyes, referentes de la Coalición Cívica, presentaron una denuncia penal contra la Agrupación para la Administración de Contratos de Oncología y Tratamientos Especiales (ACE Oncología) y al menos cinco laboratorios farmacéuticos por presuntas prácticas anticompetitivas y un desfalco al PAMI en la compra de medicamentos oncológicos durante 2023. Con la presentación judicial quedaron en la mira la entonces titular del organismo, Luana Volnovich, y los laboratorios Raffo, Bioprofarma Bagó, Teva, Sirius, Novartis y Sanofi.

Según las declaraciones de Reyes, pudieron acreditar un millón de dólares de desfalco en solamente ocho medicamentos oncológicos que tomaron de muestra en operaciones de cinco laboratorios, donde el mismo medicamento se pagó hasta 14 veces más. El legislador denunció lo que calificó como “la mafia de los medicamentos”, asegurando que esta situación es solo “la punta del iceberg”.

El núcleo de la denuncia radica en la diferencia de precios detectada entre los medicamentos adquiridos por el sistema del Convenio Marco y las licitaciones públicas. Durante el 2023, el PAMI desembolsó $273 millones más de lo necesario al pagar precios significativamente superiores por medicamentos esenciales para tratamientos oncológicos. Los ejemplos mencionados incluyen el caso de un medicamento, como el anastrozol, vendido por un laboratorio a $13.192 por unidad bajo el Convenio Marco, mientras que en licitaciones públicas el mismo producto fue adquirido a $924.

Otro caso destacado fue el de bevacizumab, vendido por convenio a $91.121 por unidad en una presentación de 100 mg, mientras que en una licitación pública su precio se redujo a $17.000. Las diferencias se repiten, según la denuncia, con principios activos como docetaxel, ciclofosfamida y enzalutamida.

La ex directora del PAMI es señalada en la denuncia por omitir controles que habrían permitido detectar estas irregularidades. La presentación judicial, tramitada en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 9, también acusa a ACE Oncología de coordinar los precios entre laboratorios y manipular las adquisiciones en perjuicio del Estado.

El Convenio Marco, implementado desde 2018 como parte de una reforma para garantizar transparencia en la compra de medicamentos, se presenta en esta investigación como una herramienta que, en lugar de reducir costos, “facilitó un presunto cartel entre laboratorios”.