Nuevas detenciones y allanamientos en la causa que investiga al ex senador Kueider por enriquecimiento ilícito

La jueza Sandra Arroyo Salgado dispuso siete detenciones en la causa por enriquecimiento ilícito que tramita en los Tribunales de San Isidro contra el ex senador Edgardo Kueider, quien continúa con prisión domiciliaria en Paraguay por intento de contrabando de divisas a ese país. Entre ellas figura la del primo, Javier Rubel, un maestro mayor de obras que figuró como socio del ex legislador en la empresa Betail SA, a través de la cual Kueider compró departamentos en la ciudad de Paraná y realizó movimientos de dinero que están siendo investigados por la Justicia.

Kueider está siendo investigado en la Justicia Federal, además por el presunto crecimiento irregular de su patrimonio, por lavado de activos mediante la adquisición de bienes inmuebles y vehículos, y la “colocación y puesta en circulación de activos de origen ilícito en el sistema financiero local”, según la imputación del fiscal federal de San Isidro Fernando Domínguez, citada por la jueza. El representante del Ministerio Público también advirtió que Betail SA presentó un balance “falso”.

La magistrada también dispuso la detención del socio de Kueider, Rodolfo Daniel González, dueño de la camioneta que usaban el ex legislador y su secretaria, Iara Magdalena Guinsel Costa, cuando cruzaban la frontera con Paraguay, y fueron detenidos en un control de rutina a principios de diciembre. Dueño de ese vehículo, al menos en los papeles, González es amigo de Kueider y empleado de la Biblioteca del Congreso, asignado “en comisión” al despacho del ex senador. En su resolcuión, Arroyo Salgado le revocó la exención de prisión que tenía.

Arroyo Salgado dispuso, además, allanamientos de otros siete de domicilios en Concordia, Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires, vinculados a los detenidos. Entre ellos, figura Adriana Cecilia Crucitta, socia de González en dos firmas y, a su vez, empleada de la Biblioteca del Congreso. Como reveló Infobae, Crucitta declaró como domicilio una humilde casa ubicada en Fructuoso Rivera al 3300, en Villa Soldati. También tenía una eximición de prisión que fue revocada por la jueza.

La magistrada solicitó, también, la detención de los contadores José Carlos Nogueras y Ezequiel Gustavo Bovetti, Gabriela Patricia Saint Pierre, y Rita Soledad Machuca. Los siete, en carácter de incomunicados, para ser traslados, primero, a la sede del Escuadrón Buenos Aires de la Gendarmería Nacional, y luego a su Juzgado, a los fines de tomarles indagatoria.

A todos los acusó de perpetrar una maniobra “destinada a concretar, con habitualidad, diversas operaciones económicas y financieras, a través de la colocación y puesta en circulación en el sistema financiero, así como también en la conversión mediante la adquisición de bienes inmuebles (y su posterior transferencia) y muebles -durante el período comprendido, en principio, desde el 1 de marzo de 2019 hasta el presente- con la finalidad de otorgarle apariencia de origen lícito a dinero proveniente de un ilícito penal (cohecho, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas y violación de los deberes de funcionario público)”. Para concretarla - según la jueza - algunos de los miembros de la “asociación o banda” se valieron “de su especial condición de funcionarios públicos en el ejercicio y/o en ocasión de sus funciones”, en referencia Kueider como senador y Guinsel Costa, Gonzalez y Crucitta como empleados del Congreso de la Nación, y “personas que actuaron en ejercicio de una profesión que requiere habilitación especial”, por los contadores Nogueras y Bovetti.

Esas conductas, según el fiscal Domínguez, “configurarían el delito de lavado de activos doblemente agravado previsto y reprimido en el art. 303 inc. 2.a. y b. del Código Penal”. Este inciso prevé una pena aumentada en un tercio del máximo y en la mitad del mínimo, cuando el delito se cometiera “con habitualidad o como miembro de una asociación o banda formada para la comisión continuada de hechos de esta naturaleza”, y/o “cuando el autor fuera funcionario público que hubiera cometido el hecho en ejercicio u ocasión de sus funciones”. En este caso, sufrirá además pena de inhabilitación especial de tres a diez años.

Arroyo Salgado, además, dispuso el secuestro de “todos los elementos vinculados a los hechos materia de investigación, como así también cualquier otro elemento que pudiere facilitar la comisión de los delitos investigados y/o conducir a identificar a demás responsables; incluyéndose (pero no limitándose) a los dispositivos de telefonía celular y automóviles” de las detenidos.

Los operativos comenzaron, en simultáneo, esta mañana y estuvieron a cargo de Gendarmería. Una de las viviendas allanadas fue la de Rubel, en la calle Ituzaingó en la ciudad de Concordia, donde secuestraron un vehículo Volkswagen Polo. En la provincia de Buenos Aires, los efectivos llegaron a una casa sin número sobre la calle Pintos en el Barrio Gral Paz de la localidad de Villa Celina, en La Matanza, vinculada a González y Crucitta. Otro domicilio relacionado con ambos imputados, allanado esta mañana, fue el de Combate de los Pozos al 100, en el barrio porteño de Balvanera.

Este expediente corre en paralelo al que lleva la Justicia de Concordia, de donde es oriundo Kueider, en el que la semana pasada el juez Edwin Bastian rechazó pasar su causa a Arroyo Salgado. Lo hizo a pedido del fiscal José Arias que viene impulsando la investigación desde mediados del año pasado. Tal como adelantó Infobae, la disputa se dirimirá en la Corte Suprema.