El Gobierno acelera el debate del acuerdo con el FMI y se concentra en conseguir los votos en Diputados

“El pedido del Presidente es que se trate lo antes posible”. En la Cámara de Diputados los libertarios aguardan con expectativa la llegada del acuerdo con el FMI para poner en funcionamiento con la mayor rapidez posible la comisión bicameral de trámite legislativo que debe firmar un dictamen antes de llevar a la votación en el recinto.

La comisión, que preside el libertario Juan Carlos Pagotto, tiene 16 integrantes y el oficialismo podría llegar sin problemas a las 9 firmas gracias a la ayuda de sus aliados habituales del PRO, la UCR y el peronismo federal. Una vez cumplido ese paso, el Gobierno priorizará el tratamiento en la Cámara de Diputados, donde puede alcanzar una mayoría simple con más facilidad.

“Los gobernadores son los principales beneficiarios de un acuerdo con el FMI”, explicaron cerca de Martín Menem. Según la visión del Gobierno, el acuerdo no solo traería aparejada cierta estabilidad económica sino que también haría descender el Riesgo País, mejoraría las posibilidades de financiamiento externo y daría mayor margen al Gobierno para hacer obras. Todas cuestiones que influyen positivamente en las provincias.

El rol de los mandatarios provinciales será determinante ya que La Libertad Avanza no puede llegar a una mayoría solamente con el apoyo del PRO y la UCR en Diputados. Los gobernadores pueden influir sobre media docena de votos del bloque Encuentro Federal, sobre los ocho miembros de Innovación Federal (bancada que responde a los mandatarios de Salta, Misiones y Río Negro), en los dos diputados de de Por Santa Cruz y otros dos de San Juan.

Incluso, ante una situación extrema, el Gobierno podría recurrir a los mandatarios peronistas de Santiago del Estero y Catamarca para fracturar el bloque de Unión por la Patria, como ya ocurrió en la votación para eliminar las PASO o cuando hicieron caer el quórum de la sesión para modificar la ley que regula los DNU.

Sin embargo, la oposición más dura todavía espera a conocer el texto del Decreto de Necesidad y Urgencia. Desde el peronismo ya adelantaron que un DNU por el cual Milei se autorice a sí mismo a negociar un acuerdo con el FMI es un sinsentido jurídico que incumple con la Ley de Administración Financiera, que en su Artículo 2º dispone que “todo programa de financiamiento u operación de crédito público realizados con el Fondo Monetario Internacional (FMI), así como también cualquier ampliación de los montos de esos programas u operaciones, requerirá de una ley del Honorable Congreso de la Nación que lo apruebe expresamente”.

En el mismo sentido se expresó el presidente de la UCR nacional Martín Lousteau: “⁠Es ilegal. La ley establece que todo endeudamiento debe ser aprobado por el Congreso en ambas cámaras. Un DNU solo exige que 1 cámara lo ignore —es decir, no lo trate— para seguir vigente. No rechazar un DNU no equivale a una aprobación del Congreso”.

“No hace falta revisar antecedentes legales ni de hecho, la Constitución Nacional literalmente y sin trampas lo dice: Art 75: Corresponde al Congreso: 4) Contraer empréstitos sobre el crédito de la Nación, 7) Arreglar el pago de la deuda interior y exterior de la Nación”, protestó el diputado Oscar Agost Carreño, del bloque de Miguel Pichetto.

Según la Ley 26.122, para hacer caer un DNU es necesario el rechazo de ambas cámaras del Congreso, por lo que el Gobierno solo se concentrará en asegurarse los votos en Diputados. Esta estrategia precisamente busca evitar que el debate se dé en el Senado donde Unión por la Patria (34 legisladores) y los radicales opositores Martín Lousteau y Pablo Blanco están a apenas un voto de tener mayoría.

Por otro lado, tanto en la bicameral de trámite legislativo como en el recinto la discusión girará en torno a la validez del Decreto y no sobre los puntos concretos del acuerdo con el FMI, como el monto de dinero a recibir, los plazos para devolverlo o el destino que el Gobierno le dará a los fondos. Esta votación “a libro cerrado” creen que facilitará los consensos para la Casa Rosada.

Si la bicameral no se expide en un plazo de diez días, cualquiera de las cámaras quedará habilitada a tratar el tema. Dado que el DNU todavía no se publicó, el tiempo no empezó a correr.