
El senador Luis Juez, presidente del Bloque Frente PRO, envió una carta dirigida a la presidenta de la Cámara de Senado, Victoria Villarruel, en la que solicitó que se prorrogue el congelamiento de las dietas parlamentarias hasta el 1 de marzo de 2025. En la misiva, el dirigente cordobés manifestó que tanto él como los integrantes de su bancada renuncian explícitamente a percibir cualquier aumento tras la finalización de la suspensión vigente el próximo 31 de diciembre, establecida por la Decisión Reglamentaria 27/24.
En el documento, Juez expresó que esta decisión busca reflejar una “actitud responsable y ejemplar” en el ejercicio de la representación parlamentaria, en un contexto que exige austeridad por parte de los funcionarios públicos. La extensión del congelamiento, según el texto, tiene el propósito de permitir que el tema sea tratado en el próximo período de sesiones ordinarias del Senado, previsto para el año 2025.

La carta, presentada formalmente ante la Secretaría Parlamentaria con sello de ingreso el 27 de diciembre de 2024, resaltó el compromiso del bloque con prácticas que prioricen los intereses de la ciudadanía. Este pedido se produce en medio de debates sobre las medidas de contención de gastos en los poderes del Estado.
La decisión final sobre la solicitud deberá ser evaluada por la presidencia de la Cámara Alta y discutida en futuras sesiones legislativas.
De todos modos, en diálogo con Infobae, Juez aclaró que “si no hay una sesión extraordinaria que modifique la resolución tomada en su momento sobre el congelamiento, basta con un decreto de Villarruel prorrogando el congelamiento hasta que el Senado se vuelva a juntar”. Pero, según resaltó, la presentación de la carta es para evitar cualquier tipo de “especulación”.
“Somos los únicos senadores que nos opusimos a esa bochornosa sesión donde se aumentaron el sueldo los senadores. En esto hemos tenido una coherencia que no ha tenido nadie, ninguna otra bancada”, agregó el senador cordobés.

En el mes de abril, el oficialismo y la oposición pactaron un nuevo sistema de dietas y lo aprobaron en el recinto. Desde ahí, los legisladores pasaron a estar compuestos por 2.500 módulos, más un adicional de 1.000 por gastos de representación y 500 extra, por desarraigo.
Sobre este último punto, sólo cuatro no lo cobran. Además, los legisladores se agregaron una dieta más a las 12 actuales para compensar el aguinaldo. Esto representó, desde dicho mes, más de $7 millones en bruto.
Tras la polémica generada ante el penúltimo aumento otorgado a empleados legislativos -que estaba atado al de los senadores- del 6,6% para julio y agosto, el pleno de la Cámara alta anuló la suba en cuestión y congeló sus dietas hasta el 31 de diciembre, en una votación unánime, con 65 adhesiones.
El mes pasado, en un movimiento que ayudó a descomprimir la presión y bajar las fuertes críticas de empleados cumplidores -suelen ser los más perjudicados- contra los gremios legislativos -APL, de Norberto Di Próspero, el sindicato más importante-, el Congreso cerró una paritaria casi idéntica a la del Ejecutivo con estatales: una suba de 6,13% -acumulado-, de septiembre a diciembre. No corrió para los senadores, que tenían vigente el congelamiento hasta fin de año.
A partir de aquí aparece la bifurcación. Un grupo de legisladores cree que, como sus sueldos se encontraban ya en el freezer, los últimos dos aumentos no deben ser contemplados, por lo que el 1 de enero continuaría todo igual. Esa versión es poco sostenible y le da pie a la segunda opción, con un valor de módulo actualizado -hoy, en $2225,25- que impactará en dietas de más de nueve millones de pesos en bruto.
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