Repudiable amenaza de un sindicalista: “El 2025 tiene que ser el año en el que le robemos la motosierra y les cortemos la cabeza a ellos”

El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, realizó hoy una repudiable amenaza y aseguró: “El 2025 tiene que ser el año en el que le robemos la motosierra y les cortemos la cabeza a ellos”, en referencia a los integrantes del gobierno nacional. A su vez, indicó que no quiere “que le vaya bien” al presidente Javier Milei.

El dirigente sindical, en diálogo con Radio Splendid, calificó al gobierno libertario de antidemocrático, sostuvo que “el nivel de autoritarismo es enorme”, y rechazó las estadísticas positivas con relación a la reactivación de la economía.

“No es verdad que existan mejoras, hay un rebote estadístico porque se comparan datos con el año anterior; este gobierno no ha sido capaz de mejorar ninguna estadística con relación a los dos gobiernos que lo precedieron, como salario, jubilaciones, pobreza, tasa de actividad”, afirmó Aguiar.

En los últimos meses, el secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) intensificó sus críticas hacia el gobierno de Milei, sobre todo por los despidos en el sector público y la implementación de los exámenes de idoneidad para empleados estatales. Para Aguiar, esta medida es “invento trucho e ilegal que consolida el fraude laboral en el Estado”.

Idoneidad

A principios de mes, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, informó que el 95% de los empleados públicos que rindieron el examen de idoneidad aprobaron en el primer intento. El examen obligatorio incluyó preguntas de competencias básicas y fue rendido por miles de trabajadores en el Área Metropolitana de Buenos Aires.

Según se comunicó, el material de estudio y ejemplos de exámenes se publicaron semanas antes del inicio del proceso. La prueba consistió en una evaluación de una hora de duración, compuesta por preguntas de opción múltiple, realizadas a través de computadoras o tablets en las instalaciones del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), ubicado en el centro de Buenos Aires.

Los resultados fueron procesados automáticamente. Los empleados tuvieron hasta tres intentos para aprobar, aunque una mayoría significativa lo logró en el primer intento.

Contexto y ajuste

El inicio de estos exámenes fue parte de un contexto más amplio de ajustes en el sector público, en línea con los objetivos del Gobierno de reducir el déficit fiscal y mejorar la eficiencia del gasto público. Según datos oficiales, la planta total de personal estatal descendió de 343.353 personas en noviembre a 305.688 en octubre, lo que implicó el despido de 30.000 trabajadores en lo que va del año.

El Ejecutivo también realizó una drástica reducción en la cantidad de ministerios, que pasaron de 18 a 8, y eliminó el 33% de los puestos superiores en la estructura del Estado. En paralelo, avanzó en la revisión de 300 direcciones y coordinaciones, con la meta de eliminar funciones consideradas innecesarias o duplicadas.

El programa “deep motosierra” incluyó también la evaluación de organismos descentralizados, como ARCA (ex AFIP) y el INDEC. El objetivo del Gobierno fue identificar funciones redundantes, cerrar oficinas consideradas innecesarias y reorganizar aquellas que pudieran integrarse a la administración central.

Además de los exámenes de idoneidad, el Ministerio de Desregulación comenzó a desarrollar políticas adicionales para optimizar la administración pública. Una de ellas incluyó la creación de un sistema de premios para las áreas que logren ahorrar recursos del presupuesto asignado, incentivando la eficiencia en el uso de los fondos públicos.

Por otro lado, se contempló la posibilidad de renegociar más de 50 convenios colectivos de trabajo en el ámbito estatal y reconfigurar las escalas salariales, buscando reducir las disparidades entre distintos sectores del Estado.

El Gobierno también analizó el impacto de los exámenes en la renovación de contratos. Aunque la aprobación fue un requisito indispensable, no garantizó automáticamente la continuidad laboral, ya que cada área administrativa tuvo la facultad de decidir sobre la recontratación en función de su situación presupuestaria y operativa.