La Justicia investiga a piqueteros de Quilmes: se abrieron 75 causas por extorsión a beneficiarios de planes sociales

El juzgado federal de Quilmes, a cargo de Luis Armella y el secretario Diego Quiroga, investigan 75 nuevas causas contra piqueteros de izquierda y organizaciones sociales peronistas por presuntos hechos de extorsión realizados contra beneficiarios de planes sociales a quienes se los habría obligado a asistir a marchas, actos políticos y cortes de rutas, calles y avenidas a cambio de no darles de baja en programas como el ex Potenciar Trabajo. En expedientes anteriores, el magistrado ya realizó allanamientos en cooperativas, comedores y depósitos de organizaciones piqueteras como el Polo Obrero, el MTR, la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y el Movimiento Evita. Unos 150 dirigentes sociales y punteros políticos están bajo la lupa. Se secuestró documentación y varias toneladas de alimentos en mal estado que no fueron distribuidos a la población más vulnerable.

Los nuevos legajos abiertos por Armella fueron derivados del Juzgado Criminal y Correccional Federal N°8 de la Ciudad de Buenos Aires a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi en el marco de la causa CFP 332/24 que incluyó 31 denuncias que fueron recibidas a través de la línea 134, oportunamente habilitada por Patricia Bullrich, para denunciar a personas u organizaciones sociales que “amenacen o realicen actos en contra de los beneficiarios de planes sociales o asignaciones por no asistir a manifestaciones”.

El expediente que tramitaba en los tribunales federales de Comodoro Py fue derivado al juzgado de Armella por un tema de jurisdicción. Los domicilios de los piqueteros denunciados, así como sus comedores y cooperativas, estaban ubicados en la zona sur del conurbano bonaerense.

Después de analizar la documentación, el magistrado resolvió abrir un legajo por cada denuncia. ¿La razón? Los investigadores advirtieron que entre ellas no existía, al menos por ahora, ninguna vinculación que amerite su tramitación conjunta en una sola causa. Los denunciantes, la mayoría anónimos, serían diferentes personas, y las denuncias, la mayoría de extrema gravedad, están dirigidas hacia distintos dirigentes y piqueteros pertenecientes a variadas organizaciones sociales.

Es decir que, más allá de las similitudes que existen sobre el “modus operandi” relatado en detalle por las víctimas, y según lo que pudo reconstruir este medio, “en todos los casos, no surgen elementos que permitan, al menos de momento, vincular entre sí a todas esas denuncias tanto subjetivamente como objetivamente”.

Ya hay causas judiciales de igual magnitud como las investigadas en la justicia federal de Quilmes en las que se colectaron suficientes pruebas para procesar y enviar a juicio oral a Eduardo Belliboni , el líder del Polo Obrero quien junto a una veintena de dirigentes de ese espacio de izquierda, se lo acusa por los presuntos delitos de “administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, amenazas coactivas y extorsión”.

En ese expediente, el juez Sebastián Casanello y el fiscal de Gerardo Pollicita, revelaron un esquema de presunta extorsión y uso de facturas falsas para al menos dos objetivos: obligar a los beneficiarios del programa Potenciar Trabajo a participar en manifestaciones y actos políticos y rendir de forma presuntamente maliciosa, parte de los fondos derivados de subsidios otorgados por parte del Estado para capacitar a beneficiarios de ese plan social, entre otros hechos.

Entre las organizaciones investigadas por el juez Armella se encuentran el Movimiento Evita, encabezado por Emilio Pérsico, Barrios de Pie, referenciado en Daniel Menéndez; el Polo Obrero, de Eduardo Belliboni, la Corriente Clasista y Combativa liderada por el ex diputado nacional Juan Carlos Alderete y otras organizaciones de izquierda como el Movimiento Teresa Rodríguez.

El juez Armella ya investiga otros 44 expedientes, agrupados por movimientos sociales y agrupaciones políticas, para facilitar la investigación. Esas causas están más avanzadas. Ya se realizaron allanamientos y se perita la documentación secuestrada. Las diligencias judiciales se realizan con el apoyo de la Prefectura Naval Argentina. Según las fuentes judiciales consultadas por Infobae, la mayoría de las denuncias de extorsión han sido corroboradas.

Las denuncias más destacadas incluyen amenazas de retirar el plan social a quienes no asistan a las marchas o concentraciones, y exigencias de participar en actividades partidarias. Además, se han encontrado irregularidades en comedores que recibían alimentos del Estado, algunos de los cuales estaban en mal estado o no fueron distribuidos.

De hecho, luego de los primeros 24 allanamientos ordenados por el juez federal de Quilmes, el Departamento de Investigaciones de Delitos Económicos de la Prefectura Naval Argentina secuestró unos 3.500 kilos de alimentos vencidos que pertenece a la organización piquetera Movimiento Teresa Rodríguez y que está ubicado en Florencio Varela. Entre la mercadería encontraron “leche en polvo, puré de tomate, harina de trigo y lentejas”.

En ese tramo de investigación hay más de 50 imputados que son dirigentes de organizaciones sociales y piqueteras como el Movimiento Evita, Barrios de Pie, Libres del Sur, Polo Obrero, La Dignidad Confluencia, MTD Teresa Rodríguez, la Corriente Clasista y Combativa (CCC), el Movimiento Mariano Ferreyra, el Frente Federal de los Pueblos, y CTD-Aníbal Verón, entre otras.

Este medio accedió al contenido de algunas de las denuncias realizadas a la línea 134 por víctimas de piqueteros o vecinos de comedores barriales. Hay frases, términos, reclamos, acusaciones de enorme impacto. “Enfrente hay gente muy necesitada, cinco chicos, dos con autismo, están todo el día desnutridos, no tienen para comer, ellos no le dan nada. La comida que reciben en camiones la reparten entre ellos. Nunca vi que le den de comer a nadie”, aseguró un vecino.

En otra de las comunicaciones, la denunciante asegura que: “Yo vi como un remisero paró ahí, yo voy a comer a ese comedor y no dan comida como la que ellos reciben. Paró al remisero le dio un cajón de pollo, por ejemplo, y a los familiares y a la gente conocida le da todas las cosas… Y a la gente que come ahí no le dan nada, polenta hervida con fideos en agua, dos o tres granitos de carne picada, porque no sé si me interpreta, ellos reparten la comida a la gente que ellos conocen, se la quedan ellos. Yo voy a comer ahí y todos los días, es la misma comida y se lo que hacen, por eso me da mucha indignación, mucha indignación. Nos tenemos que conformar con esa polenta sin carne, sin pollo no dan yerba, no dan nada de todo lo que les dan a ellos, nada”.

La mujer también aseguró ser beneficiaria del ex programa Potenciar Trabajo: “Si no iba a las marchas al otro día no me dejaban entrar al comedor. Tomaban lista y si no estabas te dejaban sin comer”, reveló. De denuncias como estas están pobladas las causas que tramitan en Comodoro Py, en Quilmes y en el resto del país.

Según los últimos datos registrados en la cartera de Seguridad de la Nación, hasta el 5 de diciembre y por llamadas al 134 se derivaron a los juzgados federales de todo el país 27.047 casos. De ese total, 11.621 fueron por amenazas directas contra beneficiarios de un plan que pagaba el Estado.