
El fin del TPS puede empezar a sentirse en Honduras incluso antes de un retorno masivo de migrantes. El Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (FOSDEH) estima que los beneficiarios del programa representan alrededor de USD 310 millones anuales en remesas, mientras los datos oficiales muestran un mercado laboral con altos niveles de subocupación e informalidad.
El primer efecto está relacionado con las remesas. El analista económico del FOSDEH, Jorge Henríquez, advirtió que se trata de un flujo importante tanto para la economía nacional como para las familias que reciben dinero de sus parientes en Estados Unidos.
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La preocupación no implica que los 310 millones de dólares vayan a desaparecer automáticamente, pero sí plantea un escenario en el que una parte de esos ingresos podría reducirse si los migrantes pierden su capacidad de trabajar legalmente, modifican su situación migratoria o regresan a Honduras.
Las remesas, el primer impacto
Durante 2025, Honduras recibió aproximadamente 11.904 millones de dólares en remesas familiares, equivalentes a cerca del 30% del Producto Interno Bruto (PIB), de acuerdo con cifras del Banco Central de Honduras (BCH).
La concentración del origen también es alta: el 98.4% de las remesas recibidas durante ese año provinieron de Estados Unidos.
No se trata solamente de dólares que ingresan al sistema financiero. El BCH registra que el 86.9% de las remesas recibidas en 2025 fue destinado al consumo corriente, que comprende gastos de manutención, educación y salud, entre otros. Apenas el 9.6% se destinó a usos de capital.
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El dinero enviado por un familiar desde Estados Unidos puede terminar pagando alimentos en una pulpería, medicamentos en una farmacia, la cuota de una vivienda, la matrícula de una escuela o materiales para una construcción.
Por ello, la estimación del FOSDEH debe interpretarse como un indicador del volumen económico relacionado con los beneficiarios del TPS y no como una cantidad que Honduras necesariamente dejará de recibir de un día para otro.

Además, la situación migratoria de los hondureños en Estados Unidos no es uniforme. Algunos podrían encontrar otras alternativas legales para permanecer en ese país, otros podrían continuar enviando remesas y otros podrían regresar a Honduras.
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El desafío del mercado laboral
El segundo efecto sería el retorno. Los hondureños que eventualmente abandonen Estados Unidos no regresarían únicamente con una necesidad migratoria: también necesitarían incorporarse a una economía que deberá ofrecerles ingresos, vivienda y oportunidades para reconstruir sus proyectos de vida.
El Instituto Nacional de Estadística (INE) informó que en 2025 la tasa de desempleo fue de 4,9%, con una fuerza de trabajo de aproximadamente 4.29 millones de personas y alrededor de 4,08 millones de ocupados.
El desempleo abierto no refleja por completo las dificultades del mercado laboral hondureño. El mismo INE informó que el 33,4% de los ocupados enfrentaba subocupación por insuficiencia de ingresos.
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El dato muestra que el desafío para un retornado no necesariamente será conseguir cualquier actividad que genere dinero, sino encontrar una ocupación que le permita alcanzar ingresos suficientes y estabilidad.
Una persona que haya trabajado durante 15, 20 o 30 años en Estados Unidos puede regresar con experiencia en construcción, jardinería, transporte, mantenimiento, restaurantes, agricultura, servicios, cuidado de personas, logística o administración.
Y este se convierte en uno de los principales riesgos del retorno: que trabajadores con experiencia acumulada en el extranjero terminen incorporándose a actividades informales o a empleos de menor remuneración que los que tenían en Estados Unidos.
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Sector privado y el Gobierno
El retorno podría aumentar la cantidad de personas que buscan oportunidades laborales precisamente en un mercado donde una parte importante de los trabajadores ya tiene dificultades para obtener ingresos suficientes.
El sector privado también ha reaccionado ante el nuevo escenario. El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), a través de su director ejecutivo, Armando Urtecho, sostuvo que la cancelación del TPS responde a decisiones adoptadas durante administraciones anteriores y a una serie de desencuentros con Estados Unidos.

Desde la perspectiva empresarial, uno de los principales retos será determinar cómo incorporar a quienes regresen y qué sectores productivos pueden aprovechar la experiencia adquirida por los migrantes durante sus años de trabajo en Estados Unidos.
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Por su parte, la Cancillería aseguró que, el presidente Nasry Asfura envió el pasado 30 de junio una carta al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en la que solicitó un período adicional y claramente delimitado para una transición ordenada, así como la continuidad temporal de las autorizaciones de empleo, en la medida en que lo permita la legislación estadounidense.
Además, el Gobierno hondureño indicó que se han abordado posibilidades relacionadas con la ampliación de visas de trabajo temporal.
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