La SIGEN presentó ante el rectorado de la UBA la documentación para comenzar con las auditorías

La Sindicatura General de la Nación (SIGEN) decidió entregar esta mañana la documentación en la que comunica que comenzarán los trabajos de auditoría en la Universidad de Buenos Aires (UBA). Lo hizo de esta manera -según informó el ministerio de Capital Humano- para “evitar más dilaciones” después de que “las autoridades de la Universidad de Buenos Aires no respondieran a las notificaciones enviadas por sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE) y el aviso al correo electrónico oficial del rectorado”.

De acuerdo a lo que expresaron fuentes oficiales, la Universidad de Buenos Aires fue auditada hasta el año 2013 por la SIGEN. En noviembre de 2022, un dictamen del entonces Procurador del Tesoro de la Nación, Carlos Zannini, durante la presidencia de Alberto Fernández, le impidió a la Sindicatura auditar las universidades nacionales. Ahora, el 15 de octubre pasado, el Gobierno nacional volvió a otorgarle esa potestad. mediante un dictamen firmado por el actual Procurador, Rodolfo Barra.

La presentación de manera física se produjo un par de horas después de que la UBA ratificara, a través de su rector, Ricardo Gelpi, que acudirá a la Justicia para que se determine cuál es el organismo que debe auditar a las universidades nacionales.

“El Poder Ejecutivo informó que, por disposición unilateral, las universidades nacionales serán auditadas por la Sindicatura General de la Nación. Nosotros entendemos que no posee las competencias para auditar a las universidades por distintas razones jurídicas de peso, pero eso no significa de ningún modo que nos oponemos a las auditorías”, explicó Gelpi.

“De ningún modo nos oponemos a las auditorías. Todo lo contrario. Queremos ser auditados todo lo que sea necesario dentro del marco de las leyes y las instituciones. Y es por esto que hemos decidido presentarnos ante la Justicia para que ella sea la que decida si el procedimiento que quiere llevar a cabo el gobierno nacional se encuentra dentro del marco legal vigente. Nosotros entendemos que no, pero acataremos de manera irrestricta lo que el Poder Judicial decida”, aclaró luego el rector.

Al mismo tiempo la UBA publicó en su página web un comunicado en el que señaló que es uno de los entes más controlados y auditados en el sector público a través de la Auditoría General de la Nación, el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo (con informes mensuales de gastos a la Subsecretaría de Políticas Universitarias) y la Auditoría General de la Universidad.

El viernes, además, se había realizado una presentación judicial de la UBA, una “acción declarativa de certeza”. Lo explicó Leonora Colombo, integrante del Claustro de Graduados del Consejo Superior: “¿Cuál es el objetivo de la acción declarativa de certeza? Acá hay una discusión o un debate respecto a la interpretación del sistema jurídico vigente. La Universidad sostiene que la SIGEN no tiene competencias para auditarla y el Poder Ejecutivo sostiene que sí. En nuestra República, el órgano constitucional que está llamado a resolver este tipo de conflictos es el Poder Judicial, con lo cual la Universidad ha elegido encausar institucionalmente este debate para lograr un pronunciamiento del único órgano que es el último intérprete de la Constitución y las leyes”.

“La SIGEN puede ejercer sus actividades de control respecto a los entes y organismos que dependen del Poder Ejecutivo Nacional. No es una opinión de la UBA. Esa es la letra de la ley. En el año 1994, se modificó la Constitución y se incorporó en el artículo 75, inciso 19, de la autonomía universitaria. La Corte Suprema precisó en el año 2003, o sea hace 20 años que está saldada esta discusión, que la autonomía implica que las universidades no dependen del Poder Ejecutivo y que están exentas de cualquier tipo de interferencia o control del Ejecutivo sobre todas sus actividades, incluyendo las económico financieras”, amplió Colombo.

La discusión técnica surge en medio de una fuerte polémica pública entre el gobierno nacional y las universidades públicas, que reclaman por un fuerte ajuste en el presupuesto educativo y ya han realizado importantes movilizaciones en todo el país con fuertes críticas a la gestión de Javier Milei. El Presidente dice, en cambio, que lo único que pretenden es auditar a las universidades y que el financiamiento está garantizado.