El gobierno de la provincia de Córdoba está preparando un proyecto de ley para adherir al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). La normativa ingresará en los próximos días a la Legislatura para ser sometida a votación y desde el Ejecutivo local prometen que será “un esquema superador” que generará empleo y estimulará el crecimiento económico.
La confirmación llegó de parte del ministro de Economía y Gestión Pública de Córdoba, Guillermo Acosta. El funcionario provincial anunció este jueves que el Poder Ejecutivo cordobés tomó la decisión de sumarse a las jurisdicciones que aplican la iniciativa del Gobierno nacional.
Según dejaron trascender desde el ministerio, el proyecto tendrá el objetivo de cumplir con el “compromiso del crecimiento económico y la generación de empleo”.
Según explicó Acosta en redes sociales, el nuevo régimen para captar inversiones “impulsará las fortalezas que tiene nuestra provincia, ya que agregará incentivos que harán aún más potente a esta herramienta”, y aseguró que “incentivar las inversiones es una política de Estado en Córdoba que sostenemos y profundizaremos”.
“Estamos convencidos que gobernar es crear trabajo”, indicó el ministro Acosta, quien ya había adelantado en la presentación del “Balance de la economía argentina”, de la Bolsa de Comercio de Córdoba, que se estaba trabajando una “iniciativa superadora” de acuerdo a las perspectivas de crecimiento de la provincia.
Además, el funcionario insistió con la necesidad que tenían de actualizar la legislación vigente: “La ley de promoción de la industria tiene 40 años, por lo que estamos pensando en un esquema nuevo que la complemente. Un esquema de promoción aún más potente”, había dicho Acosta.
De esta forma, Córdoba adherirá a la iniciativa impulsada por el presidente Javier Milei, aunque lo hará con algunas modificaciones “acordes al perfil socioproductivo de la provincia”, explicaron desde el entorno del gobernador Martín Llaryora.
Las inversiones mineras podrían llegar a USD 7.500 millones en 2025
Así lo proyecta el Ejecutivo nacional, según pudo saber Infobae de fuentes oficiales. Se trata de una estimación en base a los desembolsos iniciales que realizarían las compañías.
Además, ese monto no incluye proyectos para explotar cobre, cuyas inversiones llegarían entre 2026 y 2027 debido a que requieren la aprobación previa de las declaraciones de impacto ambiental por parte de las provincias.
La concreción de proyectos mineros dependerá de varios factores, tales como la adhesión de las provincias al RIGI, las decisiones que se tomen en cuanto a regalías y la tendencia de los precios internacionales.
En detalle, las jurisdicciones que ya aprobaron el régimen en sus respectivas legislaturas son Río Negro, Jujuy, Mendoza, San Juan, Salta, San Luis y Chaco. Chubut adhirió al RIGI pero excluyó a la minería. En Catamarca y Neuquén la iniciativa se encuentra en tratamiento legislativo.
Hay provincias que se manifestaron a favor, pero no iniciaron los trámites. Es el caso de Misiones, Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe. Aquellas que rechazaron de plano el RIGI fueron Buenos Aires, La Pampa, Santiago del Estero y Tierra del Fuego.
Por otra parte, hay incertidumbre en el sector porque las provincias tienen la potestad de subir las regalías del 3% al 5%, algo que Salta ya aprobó.
En cuanto al “RIGI bonaerense” que impulsa Axel Kicillof, el proyecto logró un avance clave la semana pasada en la Cámara de Diputados, donde se selló su aprobación gracias a la abstención del bloque Unión Renovación y Fe, la Coalición Cívica y las dos bancadas de la UCR.
Una vez sancionado el proyecto, el ministro de Producción bonaerense, Augusto Costa, planteó que “dimos el primer paso para tener una nueva herramienta de desarrollo económico e industrial”, y que “es un paso adelante hacia una normativa que incentive con beneficios fiscales a las inversiones que respondan a objetivos estratégicos de la Provincia”.
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