Seguros: Ercolini embargó más de $105 millones de comisiones adeudadas al broker Martínez Sosa

El juez federal Julián Ercolini embargó más de $105 millones de comisiones adeudadas al broker Héctor Martínez Sosa, amigo del ex presidente Alberto Fernández. Esos fondos estaban depositados en cuentas de Nación Seguros y eran parte de la disputa judicial que se dio luego del escándalo.

La resolución incluye a otros brokers investigados como Paris Brokers, Bri Brokers, Net Brokers, Emanuel Calvo, Laura Elena Crisafulli, y Norberto Matías Garrido, entre otros. Muchos de ellos fueron catalogados como “satélites” de Martínez Sosa porque se asociaron para hacer negocios con el Estado.

Las comisiones son parte de una batalla judicial que se viene librando desde marzo en varios frentes judiciales. En junio, luego de que la Cámara Federal revocó las inhibiciones para todos los imputados, Ercolini decidió liberar los fondos de los brokers investigados, pero también de privados y del sector público que no estaban comprendidos por el decreto de Alberto Fernández. En ese momento, la cifra total ascendía a $1.040 millones.

“Corresponde además hacerle saber a la firma “Nación Seguros S.A” que en el marco de las presente pesquisa no pesan restricciones para que disponga de las liquidaciones correspondientes a las comisiones de los distintos organizadores y productores de seguros, vinculados a pólizas de clientes del sector privado, pólizas de clientes del sector público no comprendidas en el Decreto 823/2021 y pólizas del sector público comprendidas en el Decreto 823/21″, sostuvo el juez en ese momento.

Pero el conflicto siguió abierto y hace tres semanas la Cámara Federal le ordenó al juez que se expida nuevamente sobre las comisiones. En base a esa resolución, el viernes pasado, Ercolini ordenó embargar las comisiones adeudas a Martínez Sosa y a varios de sus satélites: Emanuel Raúl Andrés Calvo, Laura Elena Crisafulli Norberto Matías Garrido.

En el caso del empresario casado con la secretaria histórica de Alberto Fernández, la deuda asciende a $105.841.439,66.

Ercolini también embargó $51.891.434,01 de la empresa Bri Brokers, ligada a Martínez Sosa por el contrato millonario con la empresa Corredores Viales.

Esa póliza estaba a cargo de la empresa Castello Mercuri pero a fines de 2021 pasó a manos de Martínez Sosa, a través de Bri Brokers. Las negociaciones secretas quedaron expuestas en las charlas entre Martínez Sosa y María Cantero, reveladas por Infobae el 2 de agosto pasado. “Me acaba de decir Kato (por Katopodis) q lo que le pediste de Corredores Viales ya está. Que cualquier cosa que lo llames”, le escribió Cantero a su pareja el 1 de julio de 2021.

A fin de ese año, efectivamente el contrato cambió de manos.

Hay otro chat revelador sobre la vinculación entre Martínez Sosa y Bri Brokers. “Corredores Viales la tiene Martínez Sosa?”, le preguntó el ex titular de Nación Seguros Alberto Pagliano a Mauro Tanos, uno de los ex funcionarios que tuvo que dejar su cargo. La respuesta revela cómo era el entramado. “La tiene Martinez Sosa, sí. No directamente porque la tiene BRI Brokers como productor y el organizador de BRI Brokers es Martinez Sosa. Asi que sí, es Martínez Sosa, técnicamente son ellos”, explicó Tanos.

El acuerdo se derrumbó tras el escándalo. El 11 de marzo de este año, el actual presidente de Corredores Viales, José Luis Acevedo, revocó la designación de Bri Brokers, es decir, de Martínez Sosa. “Dejo expresa constancia que esta acción reemplaza cualquier otra conferida con anterioridad a la firma de la presente, y que, a partir de la fecha, Corredores Viales SA no cuenta con ningún productor asesor designado”, dice esa nota a la que accedió Infobae.

Las comisiones embargadas ahora deberán ser transferidas a cuentas del Banco Ciudad. En cambio, el juez le comunicó a Nación Seguros que “no pesan restricciones para que disponga de las liquidaciones correspondientes a las comisiones de los distintos organizadores y productores de seguros, vinculados a pólizas de clientes del sector privado y pólizas de clientes del sector público no comprendidas en el Decreto 823/2021″. Son más de 800 millones de pesos.