La Coalición Cívica presentó una denuncia penal contra Milei por incumplir el fallo de la Corte sobre la coparticipación de CABA

Los legisladores Facundo del Gaiso, María Cecilia Ferrero y Hernán Reyes, integrantes del bloque Coalición Cívica en la Legislatura porteña, presentaron hoy una denuncia penal contra el presidente Javier Milei, el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, y el presidente del Banco Nación, Daniel Tillard, por incumplir un fallo de la Corte que ordenó al Gobierno a entregar el 2,95% de los fondos de la coparticipación a CABA.

La presentación judicial, en realidad, es una actualización de una denuncia en diciembre de 2022 contra las autoridades nacionales -en ese entonces, el presidente era Alberto Fernández-, que tramita en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Federal Nº6, a cargo de Ariel Lijo, bajo el expediente CFP 4692/2022.

En el texto, al que accedió Infobae, los legisladores cuestionaron que “el 10 de diciembre de 2023 se produjo un cambio de gobierno en nuestro país, sin embargo, a la fecha, las autoridades nacionales siguen incumplimiento lo ordenado por la Corte Suprema”.

A su vez, incluyeron una declaración periodística del propio jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri. “Y respecto de mi relación con el gobierno nacional es buena, pero todavía nos debe en la coparticipación, yo creo que va siendo hora. El gobierno nacional ya está asentado, pasaron también seis meses para ellos y hay un fallo de la Corte y me parece sería bueno que le empiecen a pagar a los porteños la plata que le corresponde por fallo de la Corte”.

“Sí, diálogo hay, pero falta que se efectivice en un acuerdo concreto que empiece a resolver ese problema. Es un tema porque es mucha plata para la ciudad y la ciudad en este grado de crisis se hace cargo de muchas cosas”, agregó el mandatario el pasado sábado 15 de junio en una entrevista con en Radio Con Vos.

Según los cálculos que realiza Jorge Macri, por la decisión de Javier Milei y Luis Caputo, la Ciudad de Buenos Aires dejó de percibir hasta ahora unos $720.000 millones desde diciembre de 2023.

El fallo de la Corte

A finales de diciembre de 2022, la Corte Suprema de Justicia falló a favor de la Ciudad de Buenos Aires en el reclamo por el recorte de la coparticipación que la enfrentaba con el gobierno nacional, tras la decisión de Alberto Fernández en aquel momento de trasladar esos fondos para financiar un aumento a la Policía Bonaerense en medio de una protesta de efectivos que puso en jaque la seguridad de la Provincia a mediados de 2020.

El máximo tribunal dictó una medida cautelar por la cual ordenó que se entregue a la Ciudad de Buenos Aires el 2,95% de la masa de fondos coparticipables (CABA pide 3,50% en el reclamo de fondo que continuará sustanciándose en la Justicia) y que dichas transferencias se realicen en forma diaria y automática por el Banco de la Nación Argentina. En consecuencia, el tribunal dispuso la suspensión de la ley 27.606 que había reducido la participación de esa jurisdicción.

Para dictar su fallo, la Corte realizó un desarrollo histórico de la evolución de la ciudad, desde sus orígenes como municipalidad, y recordó que su autonomía financiera aún dista de haberse concretado (por la falta de consenso para dictar una ley de coparticipación que le otorgue a la ciudad el lugar que le corresponde ocupar en el federalismo organizado por la Constitución).

A su vez, entre los argumentos de la sentencia, se señaló que las trasferencias de competencias, servicios o funciones son procesos que se cumplen mediante actos concertados del Estado Nacional y de la Ciudad de Buenos Aires, es decir, remiten a decisiones que deben ser tomadas de manera conjunta por los gobiernos de ambas jurisdicciones.

La disputa judicial se originó en dos causas iniciadas por el GCBA en el año 2020 a raíz del recorte de más de un punto de coparticipación por el Estado Nacional, primero por el dictado de un decreto (735 de septiembre 2020) y luego de una ley nacional (27606, diciembre 2020), por lo cual la Ciudad solicitó al máximo tribunal su inconstitucionalidad y el pago de una suma que compense la pérdida sufrida desde entonces.

En la postura contrapuesta, el Estado Nacional cuestionó la legitimidad del decreto 194/2016 dictado por el entonces presidente Mauricio Macri en enero de ese año, a pocos días de asumir en su cargo, y por el cual se había elevado de 1,40 a 3,75 el porcentual que recibía la Ciudad de la masa de fondos coparticipables. Entendió que era un porcentaje fijado de modo completamente arbitrario.