El Ministerio de Capital Humano denunció el “hurto” en el ex ministerio de Cultura de la Nación de notebooks que habían ingresado a la cartera en septiembre de 2023, es decir tres meses antes de dejar el poder la administración de Alberto Fernández. El valor de compra de las computadoras “desaparecidas” tienen un valor de 290 millones de pesos. La presentación judicial aclara que, de las 288 computadoras adquiridas, “sólo 34 estaban asignadas a agentes estatales”, de las otras “254 se desconoce el paradero”.
“Nos encontramos ante un gravísimo delito en perjuicio del erario público, por cuanto se habrían sustraído decenas de computadoras del ministerio de Cultura durante la gestión anterior, y todo ello, ante las narices de los funcionarios a cargo de la custodia”, se describe en la presentación judicial a la que accedió este medio.
En la causa 1742/2024 que tramita en el Juzgado Federal N°2 se detalla que “se tratan de equipos marca Lenovo ThinkPad E15 Gen 4, por los que la administración pública habría pagado 1.030 dólares cada uno, por lo que se estima que el perjuicio patrimonial asciende a 181.280 dólares, lo que hoy equivale a 290 millones de pesos”.
La información surge de “los bienes adquiridos en la última licitación tramitada bajo el expediente EX-2022-91393702- -APN-DCYC#MC mediante el proceso de licitación Nº 83-0050-LPU22″. En el expediente consta que la recepción definitiva de los últimos 200 equipos nuevos recibidos fue el 18/9/23, es decir, menos de tres meses antes de dejar el poder. Es por esta razón que en Capital Humano están convencidos que, “así como ingresaron las notebooks, tuvieron otro destino que no fue justamente el de la repartición pública”.
En el escrito judicial, firmado por la subsecretaria Legal de Capital Humano, Leila Gianni, afirma que: “Los hechos surgen a partir de la solicitud que se le realizara al responsable de la Dirección de Tecnología de la Información del entonces Ministerio de Cultura, Ignacio Caamaño, para conocer el paradero de los bienes tecnológicos del área” y aclara que: “Específicamente, se intentaba realizar un relevamiento de las notebooks, marcas, modelos y números de serie y que, en base a ello, se respondiera qué organismo o agente las tenía a su cargo”.
La solicitud formal “fue realizada el 22 de febrero y la respuesta, que llegó el 27 del mismo mes”. La información, escueta, daba cuenta que “de un total de 288 computadoras adquiridas por el entonces Ministerio de Cultura, sólo 34 estaban asignadas a agentes estatales y se desconocía el paradero de las 254 restantes.”
La denuncia describe también que se le volvió a pedir a Caamaño para que “informara la localización de las demás computadoras, dado que su Dirección al igual que la Dirección General de Administración de la Subsecretaría de Gestión administrativa de la cartera de Cultura tenían obligación de llevar un contralor y seguimiento de esos bienes”.
La siguiente respuesta de la Dirección de Tecnología de la Información aseguraba que: “Todos esos equipos se encontraban a resguardo en el edificio de la avenida Alvear 1690 de la Ciudad de Buenos Aires”.
Sin embargo, cuando los actuales funcionarios de Capital Humano, realizaron una inspección ocular, “sólo se encontraron 18 de las notebooks faltantes”.
Ante la falta de respuesta de los encargados de la custodia de las flamantes notebook, y al no encontrarse los equipos que deberían haber ingresado meses antes a la ahora Secretaría de Cultura, Sandra Pettovello, la ministra de Capital Humano, ordenó realizar la denuncia penal para que se investigue “la posible comisión del delito de hurto o lo que resulte de la investigación judicial”.
Salvo el de Ignacio Caamaño, que hasta ahora era el responsable de la Dirección de Tecnología de la Información del entonces Ministerio de Cultura, no se hacen nombres. Hasta el 10 de diciembre de 2023 a cargo de la cartera estaba el cineasta Tristán Bauer, pero será la justicia que deberá determinar si el ex ministro estaba al tanto de la supuestas maniobras ilícitas tipificadas como “hurto e incumplimiento de los deberes de funcionario público”.
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