El Gobierno de San Luis dará de baja 252 planes sociales por “irregularidades”

En sintonía con el recorte del gasto público que encabeza el Poder Ejecutivo Nacional, el Gobierno de San Luis anunció que dará de baja 252 planes sociales por “irregularidades”. En los registros figuran personas que no viven en la provincia y una decena de fallecidos cuya asistencia era cobrada por un tercero.

El recorte se llevará a cabo luego del censo de planes sociales que se está realizando desde la semana pasada en San Luis. A través de este procedimiento se detectó que 252 casos que no corresponde que reciban asistencia estatal. Del universo de planes irregulares, 240 corresponden a personas que percibían el beneficio pese a estar radicadas en otras jurisdicciones; mientras que los 12 restantes son casos de personas fallecidas cuyo plan era cobrado por otro individuo. En este marco, el Ministerio de Desarrollo Humano provincial decidió darlos de baja.

“Hoy mismo desde el Ministerio se emitió urgentemente una resolución para dar de baja estos beneficios que no corresponde que se perciban. Por otra parte, se realizará una investigación para determinar quiénes son las personas que continuaron percibiendo el beneficio luego que los titulares hubieran fallecido, porque se trata de una estafa”, manifestó la titular de la cartera de Desarrollo Humano, Mónica Becerra.

Los resultados del censo que promovió el gobernador Claudio Poggi -a través de la Dirección Provincial de Estadística y Censo- para todos los beneficiarios de planes arrojaron que un total de 38.551 beneficiarios completaron la consulta de manera presencial y 1.723 lo hicieron online.

Mientras que 6 mil personas que estaban en los padrones no lo hicieron de ninguna de las maneras establecidas. Según informó el portal de noticias Agencia San Luis, este jueves 4 y viernes 5 de enero las 1.723 personas que comenzaron con el trámite online podrán concluirlo de forma presencial en distintos puntos de la provincia.

Los interesados deberán acercarse con su DNI en el horario de 8:00 a 14:00 a los diferentes puntos dispuestos por la dirección de Estadística para concretar la validación de datos.

Este relevamiento está destinado a quienes perciben Plan de Inclusión Social, Becas 22 AG, Plan Solidaridad, Programa Empezar, Programa Integral Autonomía (PIA), Práctica Laboral Rentada, Primer Empleo, Residencia Rentada y Reconocimiento Histórico.

Mientras que las 6 mil personas que no se acercaron ni iniciaron el trámite vía web no tendrán este beneficio.

El Gobierno avanza con el recorte de planes luego que semanas atrás Poggi anunciara que por una “crisis financiera” que atraviesa la provincia, los trabajadores estatales locales cobrarán los sueldos de diciembre y enero en dos cuotas.

“Lamentablemente, con mucha angustia, dolor y bronca, por primera vez en 40 años no podremos pagar el 100% del sueldo de diciembre a fin de mes y el 100% del sueldo de enero a fin de mes, deberemos desdoblar en dos cuotas su pago”, expresó Poggi.

Por su parte, el Gobierno Nacional anunció la semana pasada la baja de 4.588 planes Potenciar Trabajo, porque los beneficiarios eran empleados públicos. El número surgió a partir de una investigación del fiscal Guillermo Marijuan, que cruzó las bases de datos del programa -que ahora controla la nueva cartera de Capital Humano- con las planillas de empleados públicos de 14 provincias: Mendoza, Misiones, Entre Ríos, Tucumán, Río Negro, Jujuy, Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Corrientes, Formosa, Salta y Santa Cruz.. El resto de los distritos todavía no enviaron sus datos.

En su investigación preliminar el fiscal los acusa de “la realización de presuntas maniobras ilícitas que podrían encontrar adecuación típica en el delito de defraudación contra la Administración Pública”. También apunta contra los funcionarios públicos nacionales y provinciales que “sus acciones u omisiones han permitido o facilitado la comisión de estos fraudes contra el Estado Nacional, conductas que, en principio, encuadrarían en el delito de violación de los deberes de funcionario público”.