El procurador general del Tesoro, Rodolfo Barra, ratificó hoy que el Decreto de Necesidad y Urgencia que desregula la economía, firmado días atrás, está plenamente vigente y su obligatoriedad de cumplimiento “es como una ley”.
Además, volvió a rechazar los amparos presentados en cotra de la norma y anticipó que habrá “un trámite largo” en la Corte Suprema respecto del recurso presentado la semana pasada por la provincia de La Rioja.
“El DNU está vigente, es como si fuese una ley, está con plena vigencia. Está cuestionado en los tribunales, pero no va a ser habilitada la feria, ya lo decidió la Corte”, afirmó Barra.
En diálogo con el periodista Oscar González Oro en radio El Observador, el procurador del Tesoro explicó que todos los amparos que vayan surgiendo serán tratados por el juez Esteban Furnari ya que fue el primer magistrado que admitió tratar de manera colectiva una presentación. De todas formas, Barra aclaró que eso puede modificarse si aparece un amparo que plantee “un agravio personal”.
Diferente es lo que ocurrió con el amparo presentado por la provincia de La Rioja, que fue directamente a la Corte Suprema, quien le dio curso pero no habilitó la feria judicial para tratarlo. Ante eso, Barra adelantó que en ese caso habrá “un trámite largo”.
“La Corte ya lo tiene, y ese caso no está afectado por este juzgado porque la provincia de La Rioja inició una acción directa. Las provincias tienen la posibilidad de ir directamente a la Corte como jurisdicción originaria. Y así lo hizo la provincia, planteando que no hay necesidad ni urgencia. La Corte decidió no abrir la feria, así que se va a tratar desde febrero. Va a haber un trámite largo”, explicó.
“Hoy el DNU está absolutamente vigente y no difiere en nada en cuanto a la obligatoriedad de cumplimiento como cualquier ley”, añadió el procurador del Tesoro, quien además reiteró que “los amparos no tocan nada sustancial. Sostener que no estamos en necesidad y urgencia suena un poco ridículo”.
El juicio en Estados Unidos por la expropiación de YPF
Por otro lado, Barra fue consultado sobre el juicio que el Estados argentino enfrenta en Nueva York por la expropiación de YPF que realizó el entonces Gobierno de Cristina Kirchner en 2012.
“El Estado apeló y tiene hasta el 22 de febrero para juntar la apelación. La exigencia de dar en caución acciones de YPF es para que la sentencia de la jueza de primera instancia no tenga ya efectos ejecutorios. Estamos trabajando con la apelación”, explicó.
Se trata de un juicio multimillonario en el que el Estado argentino ya fue condenado a pagar USD 16.000 millones por haberse quedado de manera indebida con la mayoría accionaria de la petrolera en 2012, cuando Cristina Kirchner era presidenta.
La semana pasada, la Corte de Apelaciones de Nueva York le concedió a la Argentina una prórroga hasta el 22 de febrero, para presentar los primeros argumentos contra el fallo. La cita original era para enero, pero los representantes legales de la Argentina habían pedido una extensión del plazo, teniendo en cuenta que Milei asumió apenas el pasado 10 de diciembre.
“El presidente ha dicho que tiene voluntad de cumplir con todos sus obligaciones. Hay un impedimento porque la ley que declaró la expropiación de esas acciones prohíbe su negociación o transferencia por cualquier título. Ahí hay un inconveniente para la ley argentina. De todas maneras, continuamos con el trámite de la apelación y esperamos que esa cifra sea reducida de manera sustancial. Nos costó muy caro lo de YPF”, cerró Barra hoy.
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