Echaron a tres empleados estatales de Neuquén por presentar certificados de salud truchos y faltar sin aviso

El gobierno de Neuquén emitió decretos que dispusieron el despido de tres agentes del Estado provincial por irregularidades que van desde ausencias prolongadas e injustificadas hasta la presentación de certificados médicos falsos.

Los casos quedaron plasmados en documentos oficiales, firmados por el gobernador provincial, Rolando Figueroa, y afectan a empleados de distintas reparticiones del estado neuquino.

De acuerdo con la información de LM Neuquén, el más grave de los tres expedientes involucra a un enfermero del Hospital Castro Rendón de la ciudad de Neuquén, quien recibió la sanción de exoneración —la más severa dentro del régimen disciplinario estatal, por encima de la simple cesantía—.

Los auditores determinaron que el hombre presentó certificados apócrifos para justificar cuatro inasistencias: el 3 de abril, el 14 de mayo, el 22 de mayo y el 6 de junio de 2024. Los documentos, confeccionados fuera del ámbito hospitalario, consignaban diagnósticos como “síndrome febril y vómitos”, “síndrome febril (DENGUE)”, “síndrome gripal sintomático” y “gripe sintomática”.

Durante la investigación, dos médicos prestaron declaración y sus testimonios resultaron determinantes. Uno de ellos admitió que guardaba su sello en el cajón del escritorio y que los enfermeros tenían acceso a ese espacio. El otro aseguró que jamás atendió a López, aunque sí lo conocía de una empresa prestadora de servicios de salud, y precisó que su sello quedaba sobre el escritorio, lo que habría facilitado su uso sin autorización.

Ante ese cuadro probatorio, los auditores concluyeron que “no existe excusa alguna que lo deje fuera del reproche disciplinario” y calificaron su conducta como “notoria indignidad moral”, además de señalar que los hechos podrían configurar un posible delito contra la administración pública. Si se acredita que López cobró los haberes correspondientes a los días no trabajados, el Estado iniciará las acciones para recuperar esas sumas.

Los otros dos casos, encuadrados bajo la figura de cesantía —sanción de menor gravedad que la exoneración—, recaen sobre dos ex empleadas que acumularon ausencias reiteradas sin justificación alguna, especificó LM Neuquén.

Una mujer que era personal de planta permanente del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano. Los auditores acreditaron que faltó a su puesto de forma injustificada desde el 2 al 5 de enero y desde el 22 de enero al 5 de junio de 2024, período que las autoridades encuadraron como abandono de cargo.

Al ser citado a declaración indagatoria, la persona en cuestión se presentó y sostuvo que en su lugar de trabajo las asistencias se registraban mediante planilla firmada, que nunca utilizó el sistema de huella digital y que desconocía el funcionamiento de la plataforma “Mis Licencias” para cargar certificados médicos.

Su superior jerárquico desmintió esa versión: indicó que durante el período investigado las asistencias se registraban exclusivamente con fichado de huella digital y que el envío de documentación vía WhatsApp no tenía ni tiene validez para justificar inasistencias.

Ahora las autoridades investigarán si Peralta percibió salario por los días que no concurrió al trabajo; de confirmarse ese extremo, se le reclamarán las sumas correspondientes y, si no restituye el dinero, el Estado acudirá a la Justicia bajo el argumento de la posible configuración de enriquecimiento sin causa en perjuicio de la administración pública provincial.

El tercer expediente tiene como protagonista a otra mujer, hasta ahora personal de planta permanente del Ministerio de Gobierno, Mujeres y Derechos Humanos. El período de ausencias injustificadas que le atribuyen se extiende desde el 2 de enero al 28 de junio de 2024, todos días laborables, lo que también derivó en la figura de abandono de cargo, indicó el medio neuquino.

A diferencia de la segunda, esta tercera reconoció las inasistencias, aunque no aportó pruebas que pudieran confrontar las políticas de tolerancia cero y de cuidado de los recursos del Estado que el gobierno provincial esgrimió para sostener la sanción.