Jones Huala reivindicó los actos terroristas en un juicio en Esquel: “Ojalá estuviésemos armados”

El líder mapuche Facundo Jones Huala volvió a reivindicar los atentados terroristas y la violencia extrema cuando tomó la palabra durante la audiencia que convocó la Justicia Federal para resolver la extradición a Chile solicitada por la Justicia del país trasandino, donde debe seguir purgando una pena a seis años de prisión.

El juez federal subrogante de Bariloche Gustavo Villanueva le cedió la palabra minutos antes de cerrar la jornada de debate, ocasión en la que Jones Huala volvió a defender la existencia del grupo que conduce, Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), desafió a los jueces y se apartó de la dirigencia política de Argentina y de Chile.

En ese contexto reivindicó los atentados vandálicos, los ataques y la violencia como método para enfrentar “a la clase dominante”. “No me van a doblegar, soy una persona, un hombre mapuche de las clases populares” dijo el detenido.

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La audiencia comenzó puntual a las 10 de la mañana, en el Escuadrón 36 de Gendarmería Nacional de Esquel, localidad donde Jones Huala permanece en prisión desde febrero de este año, tras ser permanecer durante poco menos de un año en la clandestinidad.

La justicia dispuso un importante operativo de seguridad con fuerzas federales y la policía de Chubut para custodiar el traslado del convicto desde la Unidad Federal 14 hasta la dependencia donde se realizó la audiencia.

Sus abogados defensores Eduardo Soares y Gustavo Franquet, ambos integrantes de la Asociación Gremial de Abogados y Abogadas de la República Argentina, rechazaron la extradición utilizando distintos recursos jurídicos para tratar de evitarla.

Una vez finalizadas las primeras palabras, la audiencia pasó a un cuarto intermedio de 20 minutos por pedido de la fiscalía, a cargo de Rafael Alberto Vehils Ruíz, para ordenarse y responder a los planteos de la defensa.

Al regreso, la fiscalía hizo su presentación y se pasó a un nuevo cuarto intermedio, esta vez de 15 minutos, pedido por el juez para resolver un planteo de nulidad. Tras ese breve receso, el juez rechazó los dos planteos preliminares esgrimidos por la defensa y descartó la nulidad del juicio por lo que la audiencia continuó.

El pequeño reducto donde se realizó la audiencia estuvo colmado por integrantes de agrupaciones mapuches y referentes de organizaciones sociales, que expresaron su acompañamiento al detenido. También estuvieron presentes medios de comunicación y fuerzas de seguridad, además de los equipos que acompañaron al juez y al representante del Ministerio Público Fiscal.

“Soy combativo y revolucionario, y no me arrepiento. Estoy orgulloso de serlo” dijo Jones Huala, quien además buscó tomar distancia de los gobiernos de Chile de Sebastián Piñera y Gabriel Borich, y de Mauricio Macri y de Alberto Fernández, en Argentina.

Aseguró que la Justicia chilena revocó su libertad condicional “por una decisión política” y manifestó que “antes de revocarla, ya anunciaban que me iban a enviar una orden de captura”.

También criticó al Juez que encabezó la audiencia: “usted es un corrupto, se lo digo de frente, sin faltarle el respeto”.

En el mismo tono desafiante que eligió para expresarse, prometió seguir combatiendo “contra el capitalismo”. Criticó el excesivo operativo de seguridad que se dispuso para celebrar la audiencia y lo atribuyó a que “nos tienen miedo. Ojalá estuviéramos armados como todos estos policías, ojalá portáramos las mismas armas y ametralladoras, para enfrentarnos de igual a igual”.

“Si quieren terminar con nuestra lucha, tendrán que fusilarnos” sostuvo.

El juez resolverá la próxima semana el destino de Jones Huala. Sus abogados anticiparon que en caso de aceptar la extradición, apelarán el recurso y finalmente será el Presidente de la Nación, Alberto Fernández, quien deberá tomar la decisión final. En la última extradición fue el ex mandatario Mauricio Macri quien aceptó el planteo del país vecino.

Agotados los pasos judiciales previstos, el líder mapuche volvería a Chile para seguir cumpliendo la pena a 6 años de prisión a la que fue condenado en 2018 y que expira en junio de 2024, por el incendio de una propiedad privada y la portación ilegal de armas de fuego, delitos que cometió en el año 2013.

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