El oficialismo volverá a impulsar el proyecto de Ley de Envases

La agenda ecológica será protagonista este miércoles en la Cámara baja. Con el apoyo de los movimientos sociales y de La Cámpora, el oficialismo volverá a impulsar el proyecto de “Ley de Envases con Inclusión Social”, una iniciativa que tiene el objetivo de promover en las empresas el reciclado de plásticos y residuos descartables y favorecer la economía cartonera.

La diputada nacional Natalia Zaracho, dirigente del Frente Patria Grande que encabeza Juan Grabois, estará a cargo de la presentación mañana a las 11 en el anexo de la Cámara baja. El texto original había sido presentado en 2021 por el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cabandié, y el diputado Máximo Kirchner, pero naufragó el año pasado sin llegar recinto.

Tras lograr cierto aval en los despachos de comisión, el tratamiento legislativo fue resistido por la oposición de Juntos por el Cambio, que se hizo eco de las críticas de las cámaras empresarias porque la norma que, según esta visión, encarecería el costo del reciclado. Sin posibilidad de avances, el texto perdió estado parlamentario. Ahora, con un nuevo intento, se introdujeron varias modificaciones para lograr su aprobación.

La ley apunta a que el sector privado asuma el principio de “responsabilidad extendida del productor”, que consiste en que las empresas se hagan cargo de los residuos generados y realicen una gestión integral de los envases. Además, incluye como parte de las soluciones de la problemática ambiental a los cartoneros y recicladores urbanos.

La medida establece tres modalidades de reciclado: el tratamiento a través de un Sistema de Gestión Privado (SIGP), un sistema público de Depósito, Devolución, Retorno y Reutilización (SDDRR) y un sistema de gestión local y municipal. El principal reproche que enfrentó esta legislación era el pago de una tasa ambiental (TAREP), en caso de no adecuarse a la normativa ambiental. Esa tasa implicaba hasta un punitorio gradual de hasta 3% del precio mayorista de los productos envasados. La oposición del PRO calificó ese instrumento como un “impuestazo”.

Con modificaciones de artículos 9,11, 13, 14, 21, 23 -entre otros- en el texto original, el requisito para financiar el sistema público y local se flexibilizó, luego de varias reuniones llevadas a cabo desde fines del año pasado con representantes de la actividad industrial y del sector alimenticio.

“Lo que se hizo fue readecuar el proyecto respecto de un tema que le preocupaba muchísimo a la industria, y es que pueda coexistir un sistema privado de gestión de envases con el sistema público que se financiará a través de la tasa. En criollo, se va a permitir que las empresas puedan optar por gestionar sus envases de manera particular y privada, y el Estado lo controla como corresponde. Aquellos que no quieran hacerlo de esa manera, pagaran una tasa para tratar los envases por otra vía”, explicó a Infobae el viceministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Sergio Federovisky.

El funcionario confirmó que hubo conversaciones con representantes de la Unión Industrial Argentina (UIA), la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL) y otros referentes de las industrias y de la oposición de Juntos por el Cambio. “Ya les expusimos las modificaciones que estuvimos haciendo, tomamos todas las solicitudes que nos hicieron el año pasado”, precisó Federovisky, quien agregó que el texto conserva el espíritu original de que los productores se hagan cargo integralmente de sus residuos.

Si bien las empresas siguen obligadas a presentar su plan de recupero de envases, y establece que haya facilidades para el consumidor de la entrega gratuita de los residuos post-envase, el nuevo texto elimina en el artículo 21 dos incisos claves que regulaban internamente tanto al sistema privado y público.

Técnicamente, en el apartado b) de la propuesta original, se suprimió la percepción “en las distintas fases de comercialización de los productos envasados, de un valor monetario en carácter de depósito por cada envase comprendido en la transacción” y “cuyo monto individual debe ser fehacientemente comunicado en forma fehaciente a los distribuidores, los comerciantes, los consumidores finales y a las Autoridades correspondientes, y ser igual en todo el territorio de la República Argentina”. También se quitó el punto f), que aplicaba un “valor monetario en carácter de depósito por cada Envase deberá establecerse de tal modo que fomente a los consumidores el retorno del Envase Post Consumo”.

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La legislación mantiene la obligación de que las compañías presenten una declaración jurada con sus resultados de recupero. Ahora bien, el nuevo texto agrega un tiempo de adecuación en el artículo 23 con un “plazo de diez (10) años para que el Sistema Nacional de Gestión de Envases (SINAGE) valorice, como mínimo, el 50% de cada tipo de envase post consumo declarado por los productores en el marco del artículo 15, exceptuando aquellos que correspondan a sistemas de SDDRR, en cada una de las provincias y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

Por otro lado, el proyecto sostiene los cuatro criterios que establecen el monto de la tasa ambiental, esto es, varía su valor si los envases contienen o no material reciclado; si es fácilmente reciclable; si es amigable con el medio ambiente (uso de recursos renovables) o adoptan un eco diseño. Además, dejó en pie la creación de un fideicomiso, denominado Fondo Nacional para la Gestión de Envases y Reciclado Inclusivo (Fonager), que tiene como objetivo dotar de recursos mínimos el cumplimiento de la ley.

La caja ambiental del Fonager se fondeará con el presupuesto otorgado del Ministerio de Ambiente, lo recaudado por la tasa ambiental y las sanciones que se pudieran cobrar por incumplimiento de la norma. Tendrá como fin apoyar a los sistemas locales/municipales de gestión, la inclusión social de los recicladores y cartoneros, la valorización de los envases y el fomento del desarrollo del “ecodiseño” que mitigue la contaminación de los productores.

Según informaron desde la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores (FACCyR), se producen unas 50 toneladas diarias de residuos plásticos por día, de ese total solo se recupera 26% y el resto va a parar a rellenos sanitarios o basurales a cielo abierto. La norma busca generar hasta 80.00 nuevos puestos de trabajo.

A diferencia del año pasado, a raíz de la interna del Frente de Todos y los bemoles en el seno del Gobierno, la iniciativa legislativa contará solo con la firma de diputados nacionales. El presidente Alberto Fernández había reclamado en la apertura de sesiones ordinarias de marzo pasado la sanción de la ley, pero esta vez no tendrá su apoyo explícito. En la presentación de este miércoles estarán presentes Federovisky, la ministra de Ambiente bonaerense, Daniela Vilar, y los diputados nacionales del oficialismo que co-firman el proyecto: Paula Penacca, Germán Martinez, Leo Grosso, Alicia Aparicio, Marcela Passo, Florencia Lampreabe, Itai Hagman, Fede Fagioli. Además, adhieren a la propuesta Juan José Amadeo Avila, Carolina Natalia Arricau y Carlos Américo Selva.

Por parte de las organizaciones sociales y los empresarios, asistirán representantes de la Alianza por el Clima, Jóvenes por el Clima, Cámara Argentina de la Industria Plástica (CAIP), Sindicatos del Plástico y del Vidrio, Norberto Di Próspero, Secretarios de Asuntos Legislativos CGT y Elena Ferreira, Secretaria de Asuntos Legislativos CGT.

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