El régimen de Nicaragua transfirió 110 propiedades confiscadas al Instituto de Seguridad Social, denuncia Chamorro

El dirigente opositor nicaragüense desnacionalizado Juan Sebastián Chamorrodenunció que el Estado de Nicaragua transfirió 110 propiedades confiscadas al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social entre 2020 y abril de 2026. El exrecluso político pidió a S&P Global Ratings que considere esas operaciones al evaluar el riesgo de inversión del país, después de que la calificadora elevara la nota soberana de Nicaragua de B+ a BB- con perspectiva estable.

Chamorro, uno de los 222 presos políticos desterrados a Estados Unidos en febrero de 2023, perdió entonces su nacionalidad y sus bienes. La misiva que dirigió a la agencia calificadora fue hecha pública por el dirigente y difundida por EFE.

El opositor cuestionó que la mejora de la calificación crediticia no contemple, a su juicio, cambios institucionales, jurídicos y normativos que afectan el clima de inversión. También alertó sobre la falta de una aplicación fiable y justa del Estado de derecho y de condiciones previsibles para las empresas en Nicaragua, gobernada por los copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo.

La relación más estrecha con Irán, incluidos acuerdos de cooperación, añadió una dimensión geopolítica al riesgo país, según expuso Chamorro. El dirigente advirtió que eventuales modificaciones en las sanciones y la política comercial de Estados Unidos podrían afectar a inversionistas e instituciones financieras mediante restricciones bancarias, comerciales y reputacionales.

La propiedad privada y las garantías legales

El economista señaló que la declaración sobre el clima de inversión en Nicaragua de 2026, publicada por el Departamento de Estado de Estados Unidos el 6 de octubre, recomendó a los inversionistas actuar “con extrema precaución”. Según Chamorro, esa evaluación describe un deterioro institucional que excede el riesgo político convencional y alcanza a la seguridad de la inversión privada, el cumplimiento de contratos y la previsibilidad de las operaciones comerciales.

El también exviceministro de Hacienda y Crédito Público y exsecretario técnico de la Presidencia identificó cinco factores que, a su entender, deberían ser examinados por S&P Global Ratings. El primero fue el deterioro de los derechos de propiedad y el aumento de las confiscaciones.

“El Departamento de Estado documenta la transferencia de 110 propiedades confiscadas al Instituto de la Seguridad Social de Nicaragua entre 2020 y abril de 2026, junto con otras transferencias de activos confiscados a instituciones públicas”, afirmó. Chamorro añadió que existen cambios legales que afectan a inmuebles situados en zonas fronterizas y que instituciones estatales han sido utilizadas para formalizar esas incautaciones.

Para el dirigente, esas medidas plantean dudas sobre el riesgo de expropiación, la seguridad de los títulos de propiedad, la protección de las garantías y la existencia de recursos legales efectivos. La advertencia se dirige a empresas y actores financieros que evalúan inversiones o mantienen operaciones en el país.

Los otros factores enumerados fueron la concentración de poder y el debilitamiento de la independencia judicial; la ampliación del control estatal sobre la inversión extranjera; y la aplicación arbitraria de normas fiscales y de intervenciones regulatorias. Chamorro sostuvo que esos elementos deben valorarse con cautela y no bajo la premisa de que nuevas medidas sean inevitables.