Sin el apoyo de JxC, Diputados dio media sanción a la reforma de la ley de Lavados de activos impulsada por el Frente de Todos

La Cámara de Diputados dio hoy media sanción -con 111 votos afirmativos, 96 negativos y 5 abstenciones- al proyecto de reforma de la ley de prevención y persecución contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo.

La sanción de este proyecto es clave para el Gobierno ya que el próximo año hay una nueva revisión técnica del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), y la Argentina debe actualizar su legislación a las nuevas normas dictadas por la entidad.

Entre sus principales puntos propone que la Unidad de Investigación Financiera (UIF) pase a ser un organismo descentralizado de la Administración Pública Nacional, bajo la órbita del Ministerio de Economía, con personería jurídica propia, que funcionará con autonomía y autarquía funcional, administrativa, económica y financiera.

Por otro lado, se amplía la cantidad de operaciones que se deben informar a la UIF y en ese sentido se dispone la incorporación de los proveedores de servicios de activos virtuales (por ejemplo, criptomonedas), a las personas humanas o jurídicas que realizan en nombre de un tercero, custodia y administración de efectivo o valores líquidos, abogados y proveedores de servicios societarios y fiduciarios.

En la previa de la sesión, hubo versiones encontradas y malestar en el oficialismo por la falta de certezas que daba la oposición.

Durante el debate en comisión, el PRO había firmado con disidencias el dictamen de mayoría del Frente de Todos. Por su parte, el Interbloque Federal, la Coalición Cívica, la UCR y Evolución firmaron un dictamen de minoría.

El punto central del dictamen opositor señalaba que para garantizar la independencia de la UIF su presidente y su vicepresidente deben ser “seleccionados mediante concurso público de oposición y antecedentes por una comisión ad-hoc”, integrada por dos ministros de la Corte Suprema, dos miembros del Consejo de la Magistratura, dos funcionarios del Ministerio Público, un representante del Ministerio de Economía, uno del Ministerio de Relaciones Exteriores y un funcionario de la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias del Banco Central. En la actualidad es una potestad del Poder Ejecutivo.

“Ustedes no quieren incorporar solo una de las 40 recomendaciones del GAFI, pero es la clave. Es la 29, que habla de la autonomía de la UIF y señala que no debe tener interferencias políticas”, dijo Mónica Frade, de la Coalición Cívica. Y agregó: “A los empujones nos quieren llevar a una ley sin tocar la autonomía e independencia que hoy la UIF no tiene. Es el Poder Ejecutivo que pone y saca a funcionarios. Es pasible de influencias políticas. Nosotros no vamos a negociar la autonomía de la UIF”.

A modo de ejemplo, el diputado Juan Manuel López, también de la CC, enumeró diferentes causas, como Hotesur, Amado Boudou, Ruta del dinero K, Cuadernos y Vialidad, donde por presiones políticas la UIF desistió de ser querellante o decidió no apelar fallos adversos.

Anoche, Germán Martínez, jefe del bloque oficialista, cargó contra la oposición porque no habrían respetado los términos negociados en la comisión. Según explicó a Infobae, el diputado Pablo Tonelli fue el encargado de proponer modificaciones en representación de toda la coalición opositora; sin embargo, luego los bloques de Evolución y la UCR decidieron no firmar el dictamen. Ante la consulta de este medio, desde estas fuerzas negaron ese acuerdo. No obstante, Tonelli se ausentó al momento de la votación.

“Me definieron interlocuciones para poder avanzar en el consenso. Llegamos a un principio de acuerdo que después la dinámica política en Argentina hace que los acuerdos duren poco. Escuchamos todos los aportes, introdujimos más de 25 modificaciones a pedido de diversos bloques. No se pudo, pero no fue por falta de generosidad por los diputados del Frente de Todos que negociaron, ni por la mala fe de los opositores que se decidieron a transitar el camino de la búsqueda de consensos”, dijo Martínez durante su discurso.

En principio, el PRO pensaba abstenerse para facilitar la aprobación del proyecto sin mayores conflictos. Pero finalmente, ante las presiones del resto de la coalición para votar de forma unificada, la bancada que conduce Cristian Ritondo cambió su postura y rechazó el proyecto. Fue por eso que la iniciativa fue aprobada en general con una escueta mayoría simple. “Lamentablemente sigue predominando la lógica de diferenciarnos del otro”, protestó Martínez.

Desde Juntos por el Cambio pidieron la votación en particular de varios artículos para insistir con algunas modificaciones sobre los puntos cuestionados. Pero no lograron el número necesario para imponerlas. Desde el radicalismo explicaron a Infobae que votaron de esa forma para dejar sentado que apoyaban los artículos pedidos por el GAFI, pero rechazaban los relacionados con la independencia de la UIF.

Aunque también hubo sorpresas dentro de la bancada oficialista. La diputada Natalia Zaracho, del Frente Patria Grande, explicó que junto a los diputados de su espacio, Federico Fagioli y Itai Hagman, no acompañaría el proyecto del oficialismo porque estaba alejado de las principales preocupaciones de la sociedad.

“Otra vez a las apuradas, otra vez un organismo internacional nos impone una agenda, que no tiene nada que ver con la realidad y las urgencias de nuestro pueblo”, dijo la legisladora que se referencia a nivel nacional con Juan Grabois.

En ese sentido, planteó que se está “discutiendo una ley que no le va a transformar la vida a la gente en el corto plazo”. Los tres diputados finalmente se abstuvieron.

Durante la sesión también se aprobaron con amplio consenso el proyecto de acompañamiento a familias con niños con Síndrome de Down, la creación del Programa Pubertad Precoz Central, la institucionalización del Programa de Respaldo a Estudiantes de Argentina (Progresar) y se ratificó el Acuerdo sobre Reconocimiento de Títulos de Grado de Educación Superior en el Mercosur.

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