El kirchnerismo ratificó este jueves en la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados las acusaciones contra los miembros de la Corte Suprema. Se trató de un paso casi formal antes de la votación de la admisibilidad de la investigación, que tendrá lugar el jueves de la semana que viene.
A diferencia del primer encuentro, donde hubo fuertes cruces de acusaciones y chicanas entre diputados del oficialismo y la oposición, la segunda reunión fue de carácter más técnico. Legisladores, organizaciones sociales y ciudadanos particulares simplemente detallaron los fundamentos de sus acusaciones contra Horario Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.
Los primeros en exponer fueron Paula Oliveto y Juan Manuel López, de la Coalición Cívica, quienes apuntaron contra el ex presidente del máximo tribunal Ricardo Lorenzetti pero tomaron distancia del oficialismo, al que acusaron de intentar presionar a la Justicia para lograr la impunidad de Cristina Kirchner.
Oliveto comenzó su exposición aclarando que su pedido de juicio político contra Lorenzetti data de 2017, cuando Cambiemos era gobierno. “En ese momento no tuvimos un presidente que acompañara el pedido. No respondía nuestra motivación a presionar a la Corte ni era un factor de extorsión. Tampoco tenía como motivación beneficiar a ningún acusado en alguna causa”, señaló.
En la misma línea, Juan Manuel López, jefe del bloque de la CC, reconoció que mejorar la Justicia es responsabilidad de los legisladores. “Es una acción válida y constitucional la presentación del pedido de juicio político, pero nuestras diferencias con el bloque del FdT son enormes. Vamos a seguir sosteniendo el juicio político a Lorenzetti pero no vamos a ir contra una Corte entera para presionar”, dijo.
Por su parte, el diputado del Frente de Todos, Eduardo Valdés, quien encabeza el proyecto impulsado por la Casa Rosada, enumeró los diferentes puntos de su acusación.
Argumentó que los jueces del máximo tribunal incurrieron en mal desempeño de sus funciones ya que “en el fallo de la coparticipación distribuyeron recursos públicos violando la Constitución Nacional”; porque violaron el artículo 128 de la CN al no convocar a los gobernadores; por “resucitar una ley derogada cuyo único objetivo era que Rosatti se erija como presidente del Consejo de la Magistratura”; por declarar la inconstitucional de una ley sancionada 15 años antes (la que regulaba el Consejo de la Magistratura); “porque atribuyéndose competencia del Senado deciden cómo se distribuyen los bloques para la Magistratura” (causa Luis Juez); y por la “administración deficiente de la obra social del Poder Judicial”. También apuntó contra Rosatti por “tráfico de influencias” a la luz de los diálogos filtrados entre su vocero Silvio Robles y el ex ministro de Seguridad porteño Marcelo D’Alessandro.
A su turno, la cofundadora de Madres de Plaza de Mayo, Nora Cortiñas, aseguró que el juicio “llega muy tarde porque estos jueces ya han causado mucho daño”.
“Si tuvieran un mínimo de dignidad habrían renunciado al cargo que tienen”, dijo la referente de la lucha por los derechos humanos, que entre otros puntos cuestionó a los miembros de la Corte que otorgaron el beneficio conocido como 2x1 a ex represores en el caso Muiña.
La semana que viene el oficialismo deberá aprobar la admisibilidad del juicio político para poder abrir el sumario y comenzar con la recolección de pruebas. Si no hay ausencias inesperadas, el Frente de Todos podrá juntar las firmas necesarias para aprobar la admisibilidad ya que tiene mayoría propia en la comisión. Sin embargo, Juntos por el Cambio ya se prepara para hacer un fuerte planteo político ese día.
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