El gobierno nacional recibirá este miércoles a pobladores de Villa Mascardi, algunos de ellos damnificados por usurpaciones y atentados vandálicos, quienes fueron excluidos de la primera mesa de diálogo que encabezó la Secretaría de Derechos Humanos, en la que priorizó la participación de referentes y agrupaciones mapuches de la Patagonia.
Días antes del encuentro, los vecinos habían planteado su disconformidad por haber sido excluidos no sólo de la reunión, sino también de un encuentro anterior con el Presidente de la Nación, Alberto Fernández.
La semana pasada ocho agrupaciones mapuches de Río Negro, Neuquén y Chubut asistieron al primero de los encuentros convocados por Nación mientras los vecinos permanecieron en la puerta de la Esma.
El presidente de la Junta Vecinal de Villa Mascardi, Diego Frutos, es uno de los confirmados para la reunión de hoy, que se realizará durante la tarde en la misma sede de la mesa de diálogo. Estará acompañado, entre otros, por Luis Dates, propietario de la cabaña Los Radales, la última de las propiedades vandalizadas por integrantes de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu.
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“Llevaremos nuestra queja al gobierno nacional por una nueva intromisión del poder ejecutivo en la justicia, debido a que generó estas mesas de diálogo para entorpecer el proceso judicial que había comenzado en diciembre, en la denominada causa madre de Villa Mascardi” dijo Frutos en diálogo con Infobae.
En el mismo sentido se expresó la Fiscalía Federal de la localidad rionegrina, que analizó como una intrusión el encuentro convocado por Fernández y el cónclave posterior.
“El juicio que tanto esperábamos, para juzgar a los usurpadores de los primeros predios de Parques Nacionales, fue postergado, se detuvo por estas mesas de diálogo que vaya a saber en qué van a terminar” aseguró el dirigente vecinal.
Fuentes de la justicia opinaron que la intención es dilatar ese proceso judicial para alcanzar la prescripción de la causa.
La primera reunión que presidió Pietragalla contó con la presencia de veedores pertenecientes a organizaciones sociales y de derechos humanos y con referentes mapuches de ocho comunidades de Río Negro, Chubut y Neuquén.
Entre los asistentes estuvo, además, María Nahuel, madre de dos integrantes de la comunidad autoproclamada mapuche Lafken Winkul Mapu, que están prófugos de la Justicia desde el desalojo de octubre pasado.
Durante el encuentro, que se extendió por cuatro horas, los mapuches solicitaron la excarcelación de las cuatro mujeres que permanecen detenidas desde el desalojo de octubre pasado, aunque su planteo no tuvo repercusión.
Además solicitaron la conservación del “rewe”, una especie de altar sagrado que aún se erige en las tierras desalojadas del paraje rionegrino, por decisión de la jueza federal Silvina Domínguez.
Plantearon además la necesidad de avanzar en el relevamiento de las comunidades e insistieron con la disolución del comando unificado de fuerzas, que fue conformado por el Ministerio de Seguridad de la Nación para garantizar la seguridad en el paraje rionegrino y, en simultáneo, ejecutar la orden de desalojo que ordenó la jueza federal en octubre pasado.
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