Con el quórum de la comisión asegurado, el Gobierno busca diputados en las provincias disidentes para aprobar en el recinto el juicio político a la Corte

El gobierno nacional tiene asegurado que el proyecto de ley de Juicio Político contra los miembros de la Corte Suprema va a llegar al recinto. El oficialismo cuenta con 16 de los 31 votos de la Comisión de Juicio Político y, salvo que exista alguna baja inesperada, podrá aprobar el dictamen sin problemas a pesar del fuerte rechazo de Juntos por el Cambio.

Con esa instancia asegurada, el oficialismo empezó el recorrido por los denominados bloques del medio, que son los que no pertenecen a Juntos por el Cambio ni al Frente de Todos, en busca de sumar voluntades. Este grupo está compuesto por 24 diputados, pero hasta ahora sólo se sabe la opinión del presidente del Interbloque Federal, Alejandro “Topo” Rodríguez que adelantó que no acompañará el dictamen -forma parte de la Comisión de Juicio Político y votará en contra-.

Pero aunque sumara esas 24 voluntades, el Frente de Todos apenas llegaría a 142 votos. Si bien necesita 177 para aprobar el juicio político, por lo menos podría llegar al quórum para abrir el debate.

El reglamento establece que se necesita el apoyo de los dos tercios de los presentes para que el juicio político pueda avanzar, por lo que una de las propuestas que está sobre la mesa de negociación es que esos legisladores presten el quorum y, una vez iniciada la sesión, se ausenten con el fin de no tener que votar. Así también abren la posibilidad de que el oficialismo necesite menos votos ya que la norma dice “dos tercios de los presentes”.

“Es una opción. El primer paso es conseguir los 11 que nos faltan para el quorum. Sabemos que Juntos por el Cambio no va a bajar, tampoco los cuatro libertarios de José Luis Espert y Javier Milei. Los once que faltan tienen que venir del grupo del medio y ahi están las provincias que no firmaron y tenemos que ver el rol de los gobernadores”, explicó una fuente parlamentaria del oficialismo

El rol de los gobernadores, en especial el de las provincias peronistas que no firmaron el documento, será fundamental para alcanzar ese objetivo.

Las negociaciones se reparten entre el Ministerio del Interior, la Jefatura de Gabinete y las principales espadas del kirchnerismo en la Cámara Baja. Los primeros se encargan de hablar con los jefes de los Estados subnacionales, los segundos con sus pares diputados.

Lo más importante es conseguir el quórum y, a partir de ahi, avanzar en el número necesario. El escenario para el Frente de Todos es, como mínimo, complejo: “No hay que cerrar las puertas, creemos que entre las conversaciones y lo que vamos a exponer en la Comisión puede ser que algunos de los legisladores que hoy están en duda nos apoyen. Hay que esperar”, explicó un hombre fuerte del bloque.

El problema con los gobernadores es que muchas de sus provincias tienen litigios en trámite en el máximo tribunal por lo que no están muy convencidos de que el juicio político sea contra todos los miembros de la Corte.

Ese es uno de los escenarios de negociación. Los gobernadores que podrían apoyar con sus legisladores hicieron saber que no es lo mismo que el juicio político se concentre en el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, que contra la totalidad de los miembros. “Una cosa es un escenario en donde se discuta el rol de uno de los cuatro, y otro el de los cuatro; terminaría significando que nos quedamos sin Corte y necesitamos resolver varios temas”, explicó uno de los gobernadores.

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