El Gobierno le bajó el tono a una posible reforma por decreto del Consejo de la Magistratura

El Gobierno le bajó el tono a las declaraciones que había realizado un día antes el ministro de Justicia de la Nación, Martín Soria, quien en una entrevista radial había advertido que el Gobierno podía llegar a reformar el Consejo de la Magistratura a través de un decreto.

“¿El Presidente está pensando apelar a un decreto para modificar el Consejo de la Magistratura?”, preguntó Infobae en la habitual conferencia de prensa que la portavoz presidencial Gabriela Cerruti realiza los jueves en la Casa Rosada.

“El Presidente con los temas judiciales está pensando en el juicio político que se va a iniciar próximamente”, fue su cortante respuesta.

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Apenas unos minutos antes se le había preguntado si la posibilidad de un decreto era una idea que había surgido de Soria o si había consultado el tema con el presidente Alberto Fernández.

“Entiendo que lo que dijo el ministro es que por supuesto existen los mecanismos constitucionales, porque existen los DNU y otros mecanismos que fija la Constitución. Por eso dijo que existía ese mecanismo de la Constitución. Le preguntaron si era posible o no una reforma de ese modo y él dijo que sí. Entendemos que el juicio político tiene que ser muy claro y muy certero en demostrar la responsabilidad de quien hoy como presidente del Consejo de la Magistratura tiene absolutamente detenido el Consejo de la Magistratura y que además derogó una ley, puso en vigencia una ley que había sido derogada por el Congreso para autoproclamarse presidente del Consejo”, respondió Cerruti.

La funcionaria se encargó de remarcar en varias de sus respuestas que en las sesiones extraordinarias a las que se convocará próximamente el juicio político que el Gobierno impulsa contra los cuatro integrantes de la Corte Suprema será uno de los temas centrales.

“Tenemos que pensar que el bloqueo al Consejo de la Magistratura no es ni más ni menos que lo que nos está pasando hoy en el Congreso. Hace algunas semanas casi termina en un escándalo total una de las últimas sesiones. Una sesión donde se debía haber aprobado la creación de nueve nuevas universidades públicas para jóvenes en Argentina. Y esta oposición que se opone a todo porque sí, directamente bloquea el funcionamiento, no solamente del Consejo con la anuencia de la Corte Suprema, sino también desde la oposición y desde sus medios que fagocitan este bloque institucional”, había expresado Soria, uno de los ministros que responde al kirchnerismo más duro dentro del gabinete, durante una entrevista en Radio con Vos.

Al ser consultado específicamente por la reforma del Consejo de la Magistratura por decreto, el funcionario nacional no lo había descartado y agregó: “Claro que hay posibilidades. El artículo 99 (de la Constitución), que habla precisamente de los DNU, en ningún momento impide que se pueda llevar adelante un DNU, sobre todo cuando la propia Corte en ese fallo insólito del 16 de diciembre de 2021, que es una fecha crucial, porque nunca ante en Argentina jueces se habían animado a revivir una ley derogada por el Congreso para meterse a manejar el Consejo de la Magistratura”.

La pelea entre el oficialismo y la oposición es por uno de los cuatro lugares que le corresponden al Senado de la Nación en el Consejo de la Magistratura, el órgano encargado de la selección y acusación de jueces nacionales y federales y de la administración del Poder Judicial que desde abril es presidido por el titular de la Corte Suprema, Horacio Rosatti. Esa disputa tiene paralizado el funcionamiento del Consejo desde el 18 de noviembre.

El diputado del Frente de Todos Martín Doñate fue designado en el Consejo para completar el período de abril a noviembre de 2022. Fue después del fallo de la Corte Suprema de diciembre del año pasado que declaró inconstitucional la integración de 13 miembros. El máximo tribunal dispuso que el Congreso dicte una nueva ley en 120 días que respete el equilibrio entre todos sus estamentos (jueces, abogados, diputados, senadores, académicos y representantes del Poder Ejecutivo), sino volvería a la composición de 20 consejeros.

Como no hubo ley, en abril se sumaron siete consejeros para sumarse a las 13 y llegar a los 20. Para eso debía llegar un nuevo senador que representara a la segunda minoría parlamentaria. El PRO reclamó ese lugar y postuló a Luis Juez. Pero el oficialismo dividió el bloque del Frente de Todos en dos y uno de ellos quedó como segunda minoría y nombró a Doñate. Juez inició una causa judicial. La Corte le tomó juramento a Doñate advirtiendo que su ingreso quedaba supeditado a ese expediente.

En noviembre pasado, a pocos días que venza el mandato de los consejeros, la Corte anuló la designación de Doñate. Dijo que la división del bloque fue un “ardid” del oficialismo, avalado por la presidenta del Senado, Cristina Kirchner, para quedarse con un lugar que le correspondía al PRO.

Pero la pelea continuó. Se debía integrar el Consejo para el período 2022-2026 y el oficialismo en el Senado volvió a postular a Doñate. Para hacerlo señaló que el fallo de la Corte era para la composición anterior y que actualmente el bloque seguía dividido por lo que le correspondía el lugar. El PRO insistió también con la postulación de Juez y señaló que la decisión de la Corte seguía teniendo efectos en el nuevo período del Consejo porque, como dijo el máximo tribunal, no hubo elecciones que permitan modificar los bloques. Así, el senador por Córdoba inició una nueva causa judicial.

La jueza María Alejandra Biotti rechazó a fines de noviembre la medida cautelar que presentó Juez para ingresar al Consejo. Ante eso, el senador apeló a la Cámara contencioso y también presentó un per saltum directamente ante la Corte. La apelación a la Cámara fue rechazada porque se hizo fuera del plazo. Y el máximo tribunal tiene a estudio el per saltum con la intención de resolverlo en febrero, después de la feria judicial de enero. Con esa decisión podrán jurar los cuatro senadores y que el Consejo comience a funcionar.

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