Diputadas del Frente de Todos presentaron hoy un proyecto de ley para excluir de la Cámara a Gerardo Milman “por inhabilidad moral de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 66 de la Constitución Nacional”.
El hombre del PRO, quien supo ser mano derecha de Patricia Bullrich y se desempeñó en el Ministerio de Seguridad durante el gobierno de Cambiemos, había sido señalado por Cristina Kirchner durante el acto en Avellaneda, su primera aparición pública tras la condena por corrupción.
La Vicepresidenta sugirió que debería ser expulsado tras hacer referencia a las denuncias por contrataciones irregulares en la Cámara de Diputados y el Ministerio de Seguridad. “¿Qué pasa cuando nos enteramos que el señor Milman tiene no sé cuántas señoritas a cargo?”, planteó. Y agregó: “No solamente eso: que siendo integrante de la Comisión de Seguridad tenía vinculaciones y contratos con empresas de seguridad”.
Según Cristina Kirchner, los políticos que no provienen del peronismo tienen “patente de corso e impunidad”. En esa línea, comparó el caso de Milman con el de Juan Emilio Ameri -quién en realidad renunció tras besar a su novia en los pechos durante una sesión virtual- y Julio de Vido, quienes “fueron echados y desaforados”.
Milman también está en la mira del kirchnerismo por un posible vínculo con el atentado que sufrió la Vicepresidenta. La Justicia investigó una denuncia que señalaba que Milman dijo en el bar Casablanca, del Congreso, dos días antes del ataque, “cuando esté muerta, yo voy a estar en la costa”. El oficialismo criticó en duros términos a la Justicia que permitió que las asesoras de Milman que estuvieron ese día en Casablanca, Ivana Bohdziewicz y Carolina Gómez Mónaco, entregaran sus teléfonos celulares después de haber borrado la información.
El proyecto de ley presentado hoy lleva las firmas de las diputadas Carolina Moisés, Hilda Clelia Aguirre, Mara Brawer, Mónica Macha y Carolina Yutrovic. En sus fundamentos plantea que “los hechos relatados, lejos de ser exhaustivos y muchos de los cuales se encuentran actualmente en investigación en sede judicial para determinar si constituyen actos criminales, sin duda tiñen de inmoralidad a quien debería representar los intereses de la Nación Argentina. Su presencia en este cuerpo lo degrada y lo devalúa”.
Dentro de los argumentos para pedir la expulsión se detallan “el involucramiento de Milman en el intento de magnicidio contra la Vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner”; el caso de la asesora Carolina Gómez Mónaco que en el año 2017, cuando Milman se desempeñaba como Secretario de Seguridad de la Nación, fue designada como Directora de la Escuela de Inteligencia sobre el Delito sin ninguna experiencia previa que le otorgara competencias para ejercer ese rol institucional, como así también el de su hermana, Daniela Gómez Mónaco, designada Jefa de Administración de la Dirección de Inteligencia Criminal, “con acceso a importantes fondos reservados”. En simultáneo, en septiembre de ese mismo año, Gomez Mónaco creó con Fernando Daga, otro asesor del diputado Milman, la empresa Salvattore Group, que funcionó presuntamente como vehículo para una serie de emprendimientos comerciales como Luxa Estética y Luxa Models. A su vez, en la misma sede de Luxa Estética se ubicaba Top Studio Obelisco, “un emprendimiento que Gómez Mónaco comparte con la periodista María Mroue, en cuyo programa de televisión de Crónica TV hicieron apariciones Sabag Montiel y Uliarte”.
Otro punto que argumenta el pedido de inhabilidad moral son “otros asesoramientos” en temas de seguridad del diputado. Según las denunciantes, el 1 de septiembre de 2022 le facturó por “servicios de coordinación organizativa” al Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad, entidad que preside Patricia Bullrich y él mismo integra. Pero también a Olga María Guerra Carias, una joven venezolana que vive en Talar de Pacheco, que figura como incobrable en los informes comerciales y le habría pagado al diputado más de 600.000 pesos en octubre de este año por “servicio de diseño de seguridad”.
Por otro lado, desde el Frente de Todos también reclaman que se investigue el uso de un vehículo cuya titularidad posee un contratista del Estado, lo cual entraría en conflicto de intereses con su rol como miembro de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados.
Finalmente, el proyecto se hace eco de la denuncia penal recientemente presentada por el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, contra Milman y Patricia Bullrich por los delitos de administración fraudulenta, defraudación contra la administración pública, asociación ilícita, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, nombramientos ilegales, negociaciones incompatibles con la función pública. Según Aníbal Fernández, se trataría de la presunta contratación de 18 espías en el tiempo en que estuvieron a cargo de la cartera durante el gobierno de Mauricio Macri. En todos los casos fueron personas sin ninguna vinculación antecedente ni experiencia en inteligencia criminal.
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