
El 31 de diciembre se vencerá la prórroga de la moratoria previsional que le permite jubilarse a las personas que no cuentan con los 30 años de aportes. La ley de 2014 vencía en junio y el kirchnerismo esperaba poder reemplazarla con un nuevo proyecto. Sin embargo, la falta de consensos en el Congreso demoró su tratamiento y Alberto Fernández tuvo que extender el plazo por decreto.
El nuevo plan de pagos de deudas previsionales que impulsa el kirchnerismo ya tiene media sanción del Senado, pero está trabado desde hace meses en la Cámara baja.
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Sin embargo, tras varias semanas sin novedades, el oficialismo convocó ayer para este miércoles a las 12 a un plenario de las comisiones de Previsión social y Presupuesto donde intentará avanzar con el dictamen de mayoría. El objetivo del Frente de Todos es llevar el proyecto al recinto el 15 de diciembre, que hasta el momento se perfila como la última sesión del año.
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Desde ANSES estiman que sin esta ley unos 800.000 adultos mayores no podrán jubilarse y deberán recurrir a la PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor), que equivale al 80% de una jubilación mínima.

Por su parte, la oposición advierte que la medida tendrá un fuerte impacto fiscal y que podría poner en riesgo la viabilidad del sistema a largo plazo. Según explicaron los senadores camporistas Anabel Fernández Sagasti y Mariano Recalde -en base a información de ANSES-, el proyecto tendrá un costo de 0,3% del PBI.
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No obstante, la cifra está en disputa. Al presentar el proyecto en el Senado, el oficialismo nunca consultó al por entonces ministro de Economía, Martín Guzmán, quien se oponía a la iniciativa dado que su prioridad era alcanzar una reducción del déficit fiscal, tal como había acordado con el FMI. De hecho, un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso determinó que la estimación del “costo fiscal arroja un 0,36% del PBI para el primer año y de 0,48% del PBI acumulado al segundo año”. La OPC es un centro de estudios que depende de la Cámara alta y que suele medir cuál es el impacto presupuestario de distintas medidas que se discuten en el parlamento.
“Nos falta información de cómo se va a financiar. El Ejecutivo tiene que decir qué partidas va a reestructurar”, explicó un diputado opositor miembro de la comisión de Previsión social, que además señaló que el costo de la moratoria (sea la cifra que fuere) no fue incluido en el Presupuesto 2023, recientemente aprobado.
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En el Senado, el proyecto fue aprobado con 38 votos, gracias al apoyo del rionegrino Alberto Weretilneck, la riojana Clara Vega y la cordobesa Alejandra Vigo. El voto de esta última, la esposa del gobernador Juan Schiaretti, representa una señal claramente positiva para el Frente de Todos, ya que los tres diputados del bloque Córdoba Federal suelen votar en sintonía. Algo similar ocurre con el interbloque Provincias Unidas (Juntos Somos Río Negro y Frente de la Concordia Misionero). El oficialismo cuenta con que los cuatro diputados sigan la línea de los senadores de sus espacios políticos: Alberto Weretilneck y Maurice Closs, respectivamente, que también votaron a favor. Así, a los 117 votos oficialistas se sumarían otros 7 (124).
Según pudo saber Infobae, para llegar al mínimo de 129 el Frente de Todos podría sumar algunos votos más dentro del Interbloque Federal, por ejemplo, los dos diputados del socialismo santafesino. Alejandro “Topo” Rodríguez, de Identidad Bonaerense, insistió con la necesidad de modernizar el sistema previsional para “incorporar activa y regularmente a millones de personas que trabajan sin estar registrados”. No obstante, aclaró que todavía están evaluando técnicamente el proyecto. Desde el entorno de su compañera Graciela Camaño deslizaron que es probable que apoyen el proyecto en general. Con estos otros cuatro, el oficialismo sólo debería sumar al neuquino Rolando Figueroa o al santacruceño Claudio Vidal para llegar al quórum. Ambos han acompañado al oficialismo en votaciones importantes. También podría negociar con los cuatro legisladores del Frente de Izquierda.
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Por su parte, Juntos por el Cambio firmará mañana un dictamen de mayoría y tratará de no votar dividido como hizo en el Senado (el PRO rechazó y la UCR se abstuvo).
La propuesta opositora incluye establecer una “prestación proporcional” a la cantidad de años aportados. Según detallaron se utilizará una fórmula que sumará el 70% de la Prestación Básica Universal (PBU) y los años de aporte efectivos multiplicados (1.5) por el promedio del sueldo en actividad. También incluirá una cláusula para que los beneficiarios puedan optar por la PUAM si el cálculo de la prestación proporcional resulta menor.
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¿Qué propone la nueva ley?
Sin una nueva moratoria, las personas que cumplan la edad jubilatoria a partir de enero del año que viene ya no podrán acceder al beneficio de completar los meses o años de aportes que tienen pendiente con la ley actual.
El proyecto de ley de Plan de Pago de deuda provisional incluye una moratoria para los que ya alcanzaron la edad jubilatoria -65 años para los varones y 60 para las mujeres- y no tienen los 30 años de aportes realizados. Pero la novedad es que también incluye a las personas que aún están a 10 años de cumplir la edad jubilatoria -o menos- y no cuentan con todos los aportes: en este caso, podrán comenzar a regularizar sus deudas con anticipación.
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El plan de pago de la deuda previsional para quienes ya tienen edad jubilatoria permite cancelar los aportes adeudados hasta 2008 en cuotas mensuales. Ese aporte se calcula por una unidad de pago de deuda provisional (UPDP). El monto por cada mes adeudado es igual al 29% de la remuneración mínima imponible que equivale a unos $4.900 a diciembre de este año.
La deuda total se podría cancelar en cuotas, con un mínimo de dos y un máximo de 120, de acuerdo a la cantidad de años que se quieran pagar. El valor de la cuota luego se va ajustando de acuerdo a la movilidad en forma trimestral. Desde la Anses calculan que este plan podría incluir a unas 447.000 mujeres y unos 295.000 varones.
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