Un grupo de diputados de Juntos por el Cambio pidió este martes que se investigue si Facundo Jones Huala, líder de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), tuvo alguna vinculación con el ataque a la casilla móvil de la Gendarmería Nacional que fue incendiada en Villa Mascardi.
El proyecto de ley fue presentado por uno de los integrantes del bloque opositor, Gerardo Milman, cercano a la ex ministra de Seguridad y actual presidenta del PRO, Patricia Bullrich, con el objetivo de saber si es cierto que de ese hecho participó el dirigente mapuche, que se encuentra prófugo de la Justicia de Chile desde enero pasado y, según algunas versiones, estaría escondido en la Patagonia argentina.
La iniciativa fue firmada también por sus compañeros de banca Juan Martín Musacchio, Waldo Wolff, Laura Rodríguez Machado, Pedro Galimberti, Alberto Asseff, Fabio Quetglas, Germana Monti Figueroa Casas, Francisco Sánchez, Mario Barletta, Héctor Antonio Stefani, Carlos Zapata y Ana Clara Romero.
Puntualmente, los legisladores solicitaron toda la información disponible respecto de los hechos ocurridos en la ciudad de Villa Mascardi, provincia de Río Negro, cuando un grupo de desconocidos atacaron e incendiaron una casilla móvil de la Gendarmería Nacional.
En este sentido, pidieron saber si desde el Ministerio de Seguridad “están trabajando sobre la probabilidad de involucramiento de Jones Huala y sus secuaces en los actos vandálicos anteriormente referidos” y “qué medidas de intervención ha formalizado a posteriori del ataque, por parte de la Fiscalía interviniente”.
El líder de la RAM está prófugo desde el 15 de febrero pasado, cuando dejó de presentarse ante los tribunales de Temuco, en Chile, para acreditar su domicilio de acuerdo con la exigencia que debía cumplir para poder gozar del beneficio de libertad condicional.
El lonco debía retornar a prisión tras permanecer 24 días en libertad, una vez que la Corte Suprema de Justicia del país vecino hizo lugar al recurso que presentó el gobierno del ex presidente Sebastián Piñera para revertir fallo que le permitió cruzar el umbral del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Temuco.
Desde ese momento, su paradero es desconocido, pero algunas versiones indican que podría estar refugiado en el sur de la Argentina y, tras el ataque del último domingo, hay quienes creen que podría estar vinculado.
Por otra parte, los diputados de Juntos por el Cambio solicitaron cuál ha sido el despliegue en la zona de la Gendarmería y de otras fuerzas de seguridad dependiente del Ministerio de Seguridad de la Nación y cuál es el plan estratégico de esta cartera “sobre la problemática de usurpaciones ilegales de terrenos y ataques vandálicos premeditados al respecto”.
Además, reclamaron conocer “si es cierto que el mencionado ataque incendiario fue atacado con armas de fuegos” y en ese caso, que se indique “si las pericias criminalísticas determinaron el calibre de los impactos de balas”.
También preguntaron “si en el mencionado ataque criminal se detectó la presencia de menores de edad participando de los hechos” y si “hay faltantes de equipamiento de seguridad, armas de fuegos, municiones, chalecos antibalas, o cualquier otro equipamiento de seguridad de la GNA”.
Por último, consultaron “qué hipótesis de seguridad estaría trabajando las dependencias de la Secretaria de Seguridad de la Nación, como así también en la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal ante la sucesión de hechos delictivos ocurridos en gran parte de la Patagonia”.
El domingo pasado por la noche, un grupo de encapuchados, pertenecientes presuntamente a una agrupación mapuche, incendió una casilla móvil que Gendarmería Nacional había instalado en Villa Mascardi para custodiar un predio que fue vandalizado el 1 de agosto pasado.
En este contexto, los cinco efectivos que se encontraban custodiando el lugar por orden de la Fiscalía Federal de Bariloche, al verse superados en número, procedieron a replegarse y huyeron inmediatamente en un furgón para evitar salir heridos.
Un posterior informe elaborado por la misma fuerza de seguridad señaló que los agresores habrían utilizado “presumiblemente” armas de fuego. De hecho, en una de las paredes de las instalaciones violentadas, se observaron orificios que aparentemente serían de bala.
“Vemos que esta problemática violenta en el sur de nuestro querido país viene in crescendo y que desde las más altas esferas del Poder Ejecutivo no se hacen eco ni emiten ningún tipo de comentario o respuestas efectivas frente a la amenaza creciente de estas organizaciones transnacionales”, cuestionó Milman en su presentación.
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