Un incendio en la central termoeléctrica Ernesto Guevara de la Serna, en Santa Cruz, al este de La Habana, dejó este viernes a la isla al borde del colapso eléctrico.
El Gobierno cubano confirmó que la máquina 1 de la planta salió de servicio y que, como consecuencia, el 75.5% del territorio nacional se quedará sin electricidad en el horario pico de la tarde y la noche.
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Se trata de la mayor tasa de afectación registrada desde que comenzaron a publicarse estadísticas energéticas en 2022, según informó EFE, agencia española de noticias.
El incidente se originó a las 06.55 hora local (10.55 GMT) y fue controlado sin que se registraran heridos. La Unión Eléctrica (UNE) detalló el episodio en sus redes sociales y precisó que la unidad quedó fuera de línea por el fuego.
El nuevo récord supera el 74% alcanzado el 29 de julio, jornada que coincidió con la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular en La Habana.
Para el horario de máxima demanda de este viernes se prevé una disponibilidad de apenas 740 megavatios (MW) frente a una demanda máxima de 2.900 MW, lo que arroja una afectación estimada de 2.190 MW: la energía que deberá desconectarse de forma planificada para evitar un colapso total del sistema.
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Ocho unidades más fuera de servicio por averías o mantenimiento
El agujero energético de este viernes no se limita a la planta de Santa Cruz. Otras ocho unidades de generación termoeléctrica tampoco estarán operativas por averías o trabajos de mantenimiento, de las 16 que posee el país caribeño, según el parte difundido por la UNE.
La mayoría de esas centrales, responsables del 40% de la generación eléctrica cubana, se construyeron en las décadas de los 60 y 70 del siglo pasado. El deterioro de esa infraestructura explica buena parte de la fragilidad del sistema: Cuba carece de capacidad suficiente para sostener la demanda incluso en días sin incidentes.
Cuba atraviesa una crisis energética profunda desde mediados de 2024 por la obsolescencia de su red eléctrica y la falta crónica de inversión, agravada desde enero por el cerco petrolero de Estados Unidos, una medida que la ONU calificó de contraria al derecho internacional. El resultado son cortes diarios de más de 20 horas en buena parte del territorio.
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Protestas en distintas provincias por los cortes prolongados
El deterioro del servicio ya provocó movilizaciones ciudadanas en los últimos días. En Cabañas, un poblado del municipio de Mariel, en la provincia de Artemisa, los residentes protagonizaron una protesta la madrugada del miércoles por los cortes prolongados, la segunda registrada en esa comunidad en menos de cuatro días, de acuerdo con un testimonio recogido por Infobae.
La Empresa Eléctrica de Artemisa había reconocido en septiembre que la provincia no podría bajar su déficit de 18 horas diarias de apagones, ni siquiera con el funcionamiento pleno de sus parques solares.
Datos atribuidos a Cubalex, organización de derechos humanos, señalan que durante el primer semestre del año se documentaron 766 protestas en 141 municipios del país.
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En lo que va de 2026, Cuba ha sufrido ocho apagones generales y otros tantos parciales que dejan sin electricidad simultáneamente a la mayor parte de sus 9.4 millones de habitantes, según el recuento de EFE.
Nuevas sanciones de Washington al sistema financiero cubano
El contexto de presión estadounidense sumó un capítulo esta semana. El Gobierno de Estados Unidos sancionó el jueves al Banco Internacional de Comercio de Cuba por prestar servicios a un banco iraní previamente sancionado por Washington, según informó El País, diario español.
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, justificó la medida al señalar que la entidad cubana había operado con el banco iraní Karafarin, sancionado desde 2020 por el Departamento del Tesoro. La sanción implica el congelamiento de los bienes del banco bajo jurisdicción estadounidense y prohíbe cualquier transacción con esa institución.
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La decisión se apoya en una orden ejecutiva de mayo que amplió las facultades del Gobierno de Estados Unidos para actuar contra personas y empresas vinculadas a los sectores de energía, minería, defensa, servicios financieros y seguridad de la isla, según el diario español. Esa misma orden había permitido en julio sancionar a la petrolera estatal cubana CUPET, acusada por Rubio de “racionar la energía como herramienta de control social”.
El cerco se intensificó tras la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro en enero, hecho que cortó el flujo histórico de petróleo subsidiado hacia la isla y dejó al sector energético estatal cubano sin proveedor confiable.
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