El gobierno porteño recusó al juez que ordenó el cese del operativo policial en la casa de Cristina Kirchner

El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires recusó a Roberto Gallardo, el juez que este lunes había ordenado que las autoridades porteñas debían dar por finalizado el operativo policial en la casa de Cristina Kirchner. Así lo oficializó el propio ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires a través de su cuenta oficial en Twitter.

“Recusamos al juez Gallardo porque nuestra obligación es cuidar a los porteños. Por eso y porque una vez más echa mano al realismo mágico para intervenir en la decisiones ejecutivas de un gobierno con el cual tiene una enemistad manifiesta”, enfatizó esta tarde Marcelo D’Alessandro.

Esta mañana, el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, había anunciado que no acataría el fallo del juez. En rigor, había adelantado que haría todo lo contrario y aumentaría la presencia en la zona con inspectores de otras áreas, según anunció en un acto que compartió con su jefe de Gabinete, Felipe de Miguel, y su ministro de Seguridad.

“Ayer vimos como un juez públicamente alineado con el kirchnerismo y que no tiene ninguna competencia sobre el tema, nos ordena liberar la calle, que no nos ocupemos más de la seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, que es una responsabilidad constitucional. Nadie nos puede obligar a no cumplir con nuestras obligaciones”, había advertido Rodríguez Larreta.

Esta tarde, tras su primer posteo, D’Alessandro completó su pequeño hilo de Twitter. “Con nuestra presentación, y hasta tanto haya una decisión definitiva, queda sin efecto la audiencia convocada para este miércoles. Esto no significa que no vaya a haber más instancias de diálogo, simplemente que van a seguir sucediendo en los ámbitos adecuados”, aclaró.

“En todos mis años de funcionario público, jamás había visto a un juez exigirle a un gobierno que su policía deje de custodiar una parte de su territorio. Estoy convencido de que va a primar la cordura”, enfatizó el ministro de Seguridad porteño.

El juez porteño se convirtió hace mucho tiempo en una suerte de detractor de las gestiones del PRO en la ciudad de Buenos Aires. Durante los dos mandatos de Mauricio Macri tuvo fallos recordados con los que puso en apuros la gestión. Con la gestión de Horacio Rodríguez Larreta, volvió a tomar un rol protagónico. El año pasado se involucró en la polémica sobre las clases presenciales, luego suspendió el sistema de reconocimiento facial de prófugos del Gobierno de la Ciudad, y ahora ordenó correr a la Policía de la Ciudad del operativo en los alrededores de la casa de la vicepresidenta Cristina Kirchner.

Gallardo asumió como juez en 2001, con apenas 37 años. Venía de trabajar en el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas junto a Diego Kravetz, que hoy milita en las filas de Cambiemos como secretario de Seguridad de Lanús.

En sus primeros años como magistrado también se ganó la animosidad del ex jefe de Gobierno Aníbal Ibarra, especialmente a partir de un fallo que creó un subsidio a cartoneros y trabó depósitos de la Ciudad por 1.100 millones de pesos para garantizar su pago. El año anterior le había embargado parte del sueldo al entonces jefe de Gobierno por no cumplir una sentencia suya en la que obligaba al Ejecutivo porteño a mudar a las personas que vivían en los hoteles alquilados por la Ciudad.

En marzo de 2005 ordenó la clausura del Casino flotante y poco después la de La Rural, donde se iba a realizar el Salón Internacional del Automóvil. E intervino dos colegios con problemas edilicios.

Luego de suspender el sistema de reconocimiento facial de prófugos del Gobierno de la Ciudad y denunciar a funcionarios porteños como al propio D’Alessandro y a otros tres funcionarios por supuesto uso indebido de los datos biométricos, la Procuración General de la Ciudad denunció al magistrado por su “mal desempeño” y “desconocimiento inexcusable del derecho”.

Según precisaron en aquella ocasión desde el Gobierno de CABA, las razones para denunciar a Gallardo fueron varias y las enumeraron:

—El 11 de febrero de 2019 dispuso que todo usuario de la red de transporte subterráneo que al ingresar o egresar de una estación de subte observe que alguna de las instalaciones mecánicas (escaleras mecánicas, ascensores y/o salvaescaleras) se encuentre en ese momento fuera de funcionamiento, se encontrará exento de abonar la tarifa correspondiente al servicio regular.

—El 9 de abril de 2019, ordenó al GCBA prohibir en todo el territorio porteño la actividad de varias firmas y ordenó activar un plan de contingencia económica y social para todos los repartidores de las firmas involucradas, que compense la reducción de sus ingresos dinerarios, esto sin que las empresas involucradas soliciten ninguna compensación.

—El 4 de diciembre de 2018 decretó la inconstitucionalidad de un nuevo Reglamento para el empleo de las armas de fuego que por ese entonces había establecido el Ministerio de Seguridad  de la Nación. Dictó su inaplicabilidad en el ámbito territorial de CABA y ordenó al Gobierno porteño que se abstenga de adherir o incorporar como pauta de acción local al citado reglamento federal o cualquier otro de naturaleza homóloga.

—El 11 de agosto de 2020 frenó el funcionamiento de la legislatura porteña  al suspender la realización de las audiencias públicas virtuales convocadas por la Legislatura de la Ciudad, por el Aislamiento en el marco de la pandemia por el COVID-19.

—En 2010, en el marco de un proyecto que tenía la Ciudad para construir el puente Roca-Patricios en el cauce del Riachuelo, el Juez Gallardo suspendió el proyecto.

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