La Coalición Cívica, espacio que lidera Elisa Carrió e integra la coalición Juntos por el Cambio, volvió a reclamar la destitución del fiscal Claudio Scapolán, acusado por vínculos con el narcotráfico. Según detallaron en un comunicado, carece de “requisitos que la ley y la Constitución exigen para el desempeño de su función”. El funcionario judicial fue acusado de liderar una banda que robaba droga incautada en los operativos para reintroducirla al circuito ilegal.
El pasado 1° de julio, la Coalición Cívica envió una nota al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires para volver a reclamar la remoción del cargo del fiscal Scapolán “ante la gravedad, pluralidad y extensión en el tiempo de los hechos y faltas atribuidos y por haber ‘perdido los requisitos que la ley y la Constitución exigen para el desempeño de una función de tan alta responsabilidad’”, explicaron en un comunicado.
“La nota, que fue enviada a las autoridades partidarias y parlamentarias de Juntos por el Cambio de la provincia de Buenos Aires y firmada por Elisa Carrió en su calidad de denunciantes, y por los legisladores nacionales y provinciales de la Coalición Cívica de la provincia de Buenos Aires, obedece a la falta de avances contra ese fiscal por parte de la política provincial”, agregaron.
En ese sentido, insistieron en su reclamo para “que se complete el juicio y la destitución del fiscal Claudio Scapolán con fundamentos en la falta de los requisitos que la ley y la Constitución exigen para el desempeño de su función”.
Además, desde el espacio liderado por Carrió, destacaron las declaraciones periodísticas de la jueza Sandra Arroyo Salgado, quien denunció haber sido apartada de una causa sobre narcotráfico que investigaba los vínculos de un fiscal y al menos 40 policías bonaerenses, abogados y funcionarios judiciales con el comercio de drogas y estupefacientes. Según expresaron, la magistrada “respalda la veracidad de los dichos de Elisa Carrió de los últimos días”.
“Es importante recordar que el 1º de octubre del año pasado, la titular del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 1 de San Isidro dictó el procesamiento del fiscal Scapolán en orden a distintos hechos delictivos (asociación ilícita, falsedad ideológica de documento público reiterada, instigación al falso testimonio agravado, sustracción de medios de prueba, tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravada, uso de documento público falso reiterado, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público”, expresaron.
También recordaron que desde el año 2016, “nos hemos ocupado de advertir en privado a las autoridades políticas que se encontraban en funciones en la Provincia de Buenos Aires, acerca de la actuación del entonces funcionario del Ministerio de Seguridad Marcelo Rochetti en algunos hechos, y de presentaciones judiciales que hemos realizado al respecto”.
Scapolán está acusado de comandar -entre 2012 y 2015- desde la ex UFI de Investigaciones Complejas una organización que robaba drogas incautadas en operativos policiales para luego reintroducirlas al circuito clandestino.
Además, se planteó que la organización extorsionaba “a presuntos narcotraficantes para que abonen un canon mensual por protección y/o para no detener a sus familiares y/o allegados”, o a “personas sin vínculos con el narcotráfico, bajo la amenaza de hacerlos pasar como tales”.
En ese caso hubo 12 personas detenidas, nueve de ellas policías de la provincia de Buenos Aires y dos funcionarios del Ministerio Público llamados Maximiliano Jarisch y Gustavo Sanvitale. Se espera que Scapolán sea indagado y paralelamente se inició un proceso para desaforarlo y destituirlo.
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