Drogas, causas truchas y corrupción en el medio de una escandalosa guerra entre fiscales bonaerenses

Drogas, armas, dinero, causas truchas y corrupción son los principales ingredientes de una guerra de fiscales que se desató en la provincia de Buenos Aires y podría convertirse en uno de los escándalos judiciales más grandes de los últimos años.

Las caras visibles de este enfrentamiento son Claudio Scapolán y Rodolfo Fernando Domínguez. El apellido del primero cobró notoriedad días atrás al ser imputado por el segundo como jefe de una banda criminal. Los delitos que le endilgan son gravísimos y fueron revelados por Infobae en diversas notas.

De acuerdo a un dictamen de 245 páginas elaborado por Domínguez en su rol de titular de la Fiscalía Federal 2 de San Isidro, Scapolán comandó -entre 2012 y 2015- desde la ex UFI de Investigaciones Complejas una organización que robaba drogas incautadas en operativos policiales para luego reintroducirlas al circuito clandestino.

Además, se planteó que la organización extorsionaba “a presuntos narcotraficantes para que abonen un canon mensual por protección y/o para no detener a sus familiares y/o allegados”, o a “personas sin vínculos con el narcotráfico, bajo la amenaza de hacerlos pasar como tales”.

En ese caso ya se encuentran detenidas 12 personas, nueve de ellas policías de la provincia de Buenos Aires y dos funcionarios del Ministerio Público llamados Maximiliano Jarisch y Gustavo Sanvitale. Se espera que Scapolán sea indagado y paralelamente se inició un proceso para desaforarlo y destituirlo.

Sin embargo, esta historia tiene un capítulo menos conocido donde los fiscales invierten sus roles: Domínguez es el acusado y Scapolán el acusador. En esta denuncia, a la que accedió Infobae, a Domínguez le imputan los delitos de incumplimiento de deberes de funcionario público, abuso de autoridad, falsedad ideológica y encubrimiento, fundados en varios hechos.

El escrito sugiere que el titular de la Fiscalía Federal 2 de San Isidro tiene vínculos con el narcotráfico y por tal motivo no ha impulsado acciones penales contra las grandes bandas que operan en el partido.

“Domínguez parece haberse encaminado a desentenderse de la conflictiva y permitir la libre circulación de los estupefacientes por el distrito”, asegura el documento.

Recuerda además que Domínguez propició una investigación contra autoridades judiciales que impulsaron operativos para detener a los cómplices del líder narco Ibar Esteban Pérez Corradi, condenado por sus vínculos con el tráfico de efedrina.

Se señala también que direccionó una acusación contra el fiscal Rodrigo Caro “en base a especulaciones personales y prueba, nuevamente, fraguada” vinculada a supuestas maniobras para entorpecer la investigación por el doble crimen de colombianos en el shopping Unicenter. Caro se sometió al juicio político y fue absuelto.

El último hecho desarrollado en la denuncia ocurrió recientemente, el 24 de julio pasado y señala que Domínguez se adjudicó arbitrariamente una causa por hechos que están fuera de su rango de acción.Le tomó declaración a un testigo de identidad reservada que aseguró que en el marco de un allanamiento practicado en su domicilio un policía le había solicitado dinero a cambio de no detenerlo.

“Resulta llamativo que pese a no haber abonado tampoco hubiera sido detenido. Ello ameritaba acaso profundizar la indagación en la recepción de esa supuesta noticia criminal”, señala la denuncia.

Y agrega: “Lo que no pasa desapercibido, insistimos, tampoco pudo pasar desapercibido para un funcionario de la experiencia de Domínguez es que los hechos denunciados se encuentran por fuera de su ámbito legal de intervención. Un sujeto dijo haber sido extorsionado en el marco de una actuación de la justicia ordinaria por un funcionario que depende del poder ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires”.

¿Un trasfondo político?

Conocedores de los pasillos de los tribunales bonaerenses dicen que para entender las denuncias cruzadas entre Scapolán y Domínguez hay que retrotraerse al 29 de noviembre de 2019, cuando el Jurado de Enjuiciamiento destituyó a Carlos Washington Palacios, fiscal denunciado por diversas irregularidades en la causa que investigó el ataque a la casa de Sergio Massa en 2013.

Scapolán es uno de los fiscales que denunció a Palacios, a quien siempre se le atribuyó un vínculo cercano con Justicia Legítima a pesar de que nunca estuvo afiliado. Quien sí integra formalmente esa agrupación de funcionarios judiciales ligada al kirchnerismo es Domínguez.

No es el único nexo que los une. En un pedido de destitución presentado junto a la denuncia penal ante el Procurador General de la Nación, a Domínguez le imputan nutrirse de información falsa de servicios de dudosa legalidad para realizar maniobras similares a las que llevaron a Palacios a su destitución.

“Tanto en el actuar del destituido Palacios como en el caso de Domínguez se advierten causas iniciadas por la denuncia de alguien que dijo haber sido sometido a presiones ilegítimas por parte de personal policial. En ambas se dejó de lado el delito inicial para continuar investigando todo aquello que los fiscales entendieron debía adosarse y con el único fin de generar estrépito”, se denunció.

Y se precisó: “Resulta sorprendente y merece ser investigado el hecho de que cada avance en la investigación de la Justicia ordinaria generó un nuevo impulso en el trámite a cargo de Domínguez. Para ello podría haber tenido acceso irregular a información reservada”.

Esas conductas e intereses en común son las que llevan a algunos a pensar que el embate contra Scapolán no está impulsado en la vocación de Domínguez de lograr justicia, sino en un sentimiento menos altruista: la venganza.