Juan Emilio Ameri era diputado nacional por el Frente de Todos de Salta y se hizo famoso en septiembre de 2020 cuando en una sesión de la Cámara baja que se transmitía por Zoom -debido a la pandemia de coronavirus- besó los pechos de una mujer que estaba sentada sobre sus piernas.
La escena se transmitió en vivo porque se produjo mientras hablaba el diputado oficialista Carlos Heller sobre los activos que tiene en su poder el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS). Minutos después, las imágenes se habían viralizado en redes sociales y publicado en todos los medios.
Horas más tarde del episodio, Ameri había intentado dar explicaciones: “Estamos muy mal con mi pareja. Estábamos convencidos de que se me había caído Internet. Estoy muy avergonzado. En todo el interior del país es muy mala la conexión. Estábamos sesionando y se me cayó Internet. Justo mi pareja salió del baño. Le pregunté cómo le habían quedado las prótesis. Se hizo hace diez días una implantación mamaria. Le pregunté si le podía dar un beso y le di un beso en las tetas. Eso es todo”. Y había agregado: “Estoy muy avergonzado, estoy muy mal, mi pareja está muy mal, nos afecta de manera personal y a todo nuestro entorno, mis hijas, mi vieja, mis hermanas, compañeros, compañeras”.

Desde aquel momento, Ameri dejó de ser diputado nacional porque el entonces presidente del recinto y hoy ministro de Economía, Sergio Massa, pidió su suspensión. Luego Ameri renunció. El ex diputado pasó a ser imputado en una causa judicial. El caso empezó en uno de los juzgados federales de Comodoro Py y luego pasó a la justicia federal salteña.
En mayo pasado se formalizó el paso a la instancia de juicio oral y público del caso en el que Ameri es el único imputado. El fiscal general Francisco Snopek, de la Unidad Fiscal Salta, ratificó la acusación penal que se había formalizado contra el ex diputado: se lo acusó por el delito de “estorbo del acto funcional”, es decir, por el entorpecimiento de la sesión legislativa. El juez federal de Revisión de Salta Alejandro Augusto Castellanos determinó que el caso debía ir a juicio oral y público.
En la misma resolución le hizo lugar a un pedido tanto de la fiscalía como de la defensa de Ameri para que el juicio correccional se realice en la Ciudad de Buenos Aires, en uno de los juzgados federales del edificio de Comodoro Py. Días después, el Tribunal Oral Federal de Juicio 1 de Salta se declaró incompetente y mandó el expediente a la justicia porteña. El argumento es que si bien Ameri estaba en Salta cuando sucedió el hecho, la sesión tenía lugar en CABA y el salteño actuó en tanto diputado nacional.
El caso le tocó al juzgado a cargo de Ariel Lijo, quien rechazó la competencia con el argumento contrario: el hecho se produjo en Salta. Fue así que el expediente llegó a la Cámara Federal de Casación Penal en julio pasado.
El fiscal ante la Casación Raúl Pleé coincidió con los argumentos del fiscal salteño y dictaminó que el juicio correccional debe realizarse en Comodoro Py. Pleé concluyó: “Razones de economía procesal aconsejan que corresponde que intervenga en este caso el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nro. 4 pues, por tener asiento en la Capital Federal, se encuentra en mejores condiciones en miras a la producción de la prueba relevante, procedente en su mayoría de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación y de sus miembros, como así también se trata del más cercano al domicilio del imputado. Cabe, a su vez, tener en cuenta que el propio defensor postuló, al coincidir con la opinión del representante del Ministerio Público Fiscal, tal solución como la más apropiada para garantizar los derechos de su asistido”.

El juez de la Casación Federal Mariano Borinsky en una decisión unipersonal -a la que accedió Infobae a través de fuentes judiciales- dijo: “La defensa particular del acusado Ameri señaló estar de acuerdo con las consideraciones expuestas sobre la competencia por el Ministerio Público Fiscal y pidió expresamente que, en miras de garantizar de mejor forma el derecho de defensa de su defendido, el proceso continúe su trámite ante esta justicia federal de la Ciudad de Buenos Aires. Ello, al señalar que su asistido reside actualmente en la localidad de Banfield -provincia de Buenos Aires- y que, de celebrarse el juicio oral en la provincia de Salta, por la distancia se le generarían serios inconvenientes para poder defenderse adecuadamente. No resulta menor destacar que la mayoría de las personas ofrecidas como testigos por parte del Ministerio Público Fiscal para el juicio oral prestan funciones en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación -con asiento en esta Ciudad de Buenos Aire”.
Borinsky resolvió que el juicio correccional-con pena de cumplimiento condicional- se realice en el juzgado de Lijo. El fiscal salteño solicitó seis meses de prisión para Ameri. El ex diputado había pedido su sobreseimiento con el argumento que no tuvo la intención de entorpecer la sesión del Congreso. Ese planteo se resolverá en el juicio.
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