Organizaciones rurales piden al Congreso de Guatemala USD 390,8 millones más para Agricultura en 2027

Las organizaciones campesinas e indígenas de Guatemala reclamaron al Congreso un incremento de USD 390,8 millones para el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación en el presupuesto de 2027, ante el riesgo de que 3,2 millones de personas enfrenten inseguridad alimentaria por los efectos de El Niño. La petición fue presentada el 6 de noviembre por la Coordinación de ONG y Cooperativas, el Instituto por la Democracia y el Comité Campesino del Altiplano.

El proyecto presupuestario contempla USD 340,4 millones para el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Las tres entidades consideraron que ese monto no alcanza para responder a las necesidades del sector rural y solicitaron ampliar y reorientar las partidas.

La emergencia prevista para el próximo año se relaciona con la canícula prolongada y los cambios de temperatura vinculados al fenómeno climático. Las organizaciones advirtieron que estos factores ya redujeron la producción de alimentos básicos en comunidades rurales y que sus consecuencias también se perciben en áreas urbanas.

La pérdida de maíz y frijol en las comunidades rurales

La canícula prolongada provocó pérdidas parciales o totales de cultivos de maíz, frijol y otros alimentos en distintas comunidades, de acuerdo con el comunicado conjunto de las organizaciones. La disminución de las cosechas afecta a la agricultura familiar indígena y campesina, además de limitar la economía de los hogares que dependen de esa producción.

Miriam, una de las representantes que participó de la conferencia de prensa, explicó que muchas zonas no obtuvieron resultados comparables a los de años anteriores. La falta de cosechas compromete la disponibilidad de alimentos y los ingresos de las familias rurales.

Los voceros indicaron que los efectos se extenderán durante los próximos meses hacia las comunidades que producen alimentos. Por ese motivo, plantearon que el presupuesto debe contemplar recursos orientados a sostener la producción agrícola, la nutrición y los proyectos de las familias campesinas.

Uno de los principales pedidos es una partida de 100 millones de quetzales para impulsar la agroecología, un sistema de producción que busca conservar los recursos naturales y diversificar la alimentación. Las entidades también solicitaron 50 millones de quetzales adicionales para proteger la agricultura sensible a la nutrición y fomentar los huertos.

La propuesta incluye la creación de una actividad específica de apoyo a grupos de mujeres rurales para establecer proyectos productivos, con una asignación de 75 millones de quetzales. El comunicado sostuvo: “Las mujeres rurales, campesinas e indígenas deben contar con recursos para invertir en los programas”.

Tierra, riego y apoyo a quienes regresan al país

El planteamiento presentado al Congreso también abarca el Plan Retorno al Hogar, que establece que el Ministerio de Agricultura debe acompañar con proyectos productivos a las personas que vuelven a sus comunidades después de un retorno forzado desde el exterior. Las organizaciones afirmaron que el ministerio contempla esa responsabilidad, pero el proyecto presupuestario no asigna fondos específicos para cumplirla.

Ante esa ausencia, pidieron crear una actividad de apoyo económico destinada a esa población. El objetivo es que las personas retornadas puedan acceder a proyectos productivos en las comunidades a las que regresan.

Las entidades reclamaron además 300 millones de quetzales adicionales para el Fondo de Tierras, conocido como Fontierras. Argumentaron que el acceso a la tierra y su regularización son condiciones necesarias para garantizar la producción de alimentos.

El pedido incluye garantizar la ejecución de los recursos destinados a sistemas de riego y miniriego. Uno de los voceros señaló que estas inversiones deben sostenerse frente a los efectos prolongados de la sequía registrada este año.

Los representantes de Congcoop también advirtieron que el reciente cambio de titular del Ministerio de Agricultura no debería detener los procesos en marcha. Plantearon que la nueva conducción debe reorientar el apoyo directo hacia las familias campesinas.

Las organizaciones cuestionaron que la falta de ejecución presupuestaria pueda ser utilizada por los diputados como razón para rechazar una ampliación de recursos. Junto con el incremento solicitado, reclamaron una mayor exigencia sobre la ejecución efectiva de los fondos asignados al ministerio.

La Coordinación de ONG y Cooperativas, el Instituto por la Democracia y el Comité Campesino del Altiplano anticiparon que acompañarán la ejecución de los recursos mediante auditoría social, como lo han hecho en años anteriores. También reiteraron el llamado a los diputados para que analicen el incremento y la reorientación planteados para el presupuesto de 2027.