Joyas, relojes, entre ellos un Rolex, chequeras, USD 475.000 en efectivo, una iMac de 29′, una MacBook Air, tres iPads, dos iPhones cerrados, y hasta una moto Harley de colección que estaba exhibida en el medio del living. El listado de bienes forma parte de una denuncia penal del sindicalista Marcelo Balcedo contra varias personas de su entorno, a los que acusó de “saquear” un departamento en Puerto Madero luego de su detención, en enero de 2018.
El juez en lo criminal y correccional Fernando Caunedo acaba de desestimar la denuncia en base a un dictamen de la fiscal Romina Monteleone, quien sostuvo que no había pruebas para probar el supuesto robo. El fallo fue enviado a los tribunales de La Plata, donde están acumuladas las causas contra Balcedo y su entorno.
Caunedo no sobreseyó a los acusados porque varios de ellos comenzaron a ser juzgados la semana pasada en la causa que motivó la detención de Balcedo. En ese juicio oral están acusados la madre de Balcedo, Myriam Renée Chávez; el ex número dos del sindicalista, Mauricio Yebra; y varios empleados del SOEME.
En primera instancia, el juez federal Ernesto Kreplak determinó que hubo un desvío de casi $600 millones que correspondían a los aportes de los afiliados del SOEME, sólo entre 2012 y 2018. Gran parte de la fortuna terminó en la compra de autos, inmuebles y embarcaciones. Pero también se detectó que el dinero fue a las cuentas del diario Hoy y Radio Red 92, los medios de la familia Balcedo.
El gremialista todavía no pudo ser indagado por la justicia argentina, ni siquiera a través de videoconferencia. Actualmente está cumpliendo un acuerdo judicial con la justicia de Uruguay que implica un año de arresto domiciliario y otras condiciones. Recién en 2024 podría activarse su extradición al país.
El supuesto “saqueo” contra Balcedo fue denunciado recién en 2020. El gremialista aseguró ante la Justicia que varias personas de su confianza se llevaron USD 475 mil en efectivo y casi todos los elementos de valor que había en un departamento ubicado en el piso 19 de Julieta Lanteri 1241. Parte del botín estaba guardado en tres cajas fuertes.
Según la denuncia, los acusados ingresaron al departamento entre la noche del 4 y la madrugada del 5 de enero de 2018, apenas unas horas después de la detención de Balcedo en Uruguay, con la llave que tenía Federico Palermo, una persona de su confianza. El 18 de enero de ese mismo año habrían regresado para llevarse “una Play Station 4, dos televisores, cuatro Apple TV, valiosos objetos de decoración, todos los elementos de cocina, ropas, zapatos y accesorios importados; entre los que se encontraban carteras Louis Vuitton”.
Entre los objetos supuestamente robados en el departamento de Puerto Madero, Balcedo mencionó una Harley Davidson de colección, que estaba expuesta en el living del departamento. Esa moto nunca apareció y sigue con pedido de secuestro por parte de la Justicia.
El departamento en cuestión también es parte de una disputa judicial. Balcedo lo compró en USD 3 millones y se comprometió a pagar 45 cuotas mensuales de USD 70 mil, pero los pagos se interrumpieron después de su detención. Hasta ese momento había abonado 34 cuotas.
Sin el impulso de la Fiscalía, el juez Caunedo decidió archivar la denuncia pero no sobreseyó a los acusados porque tres de ellos -Federico Palermo, Pablo Andrés Landini y Hebert Raúl Da Cunha- están siendo juzgados en La Plata por la defraudación al SOEME. “Los hechos denunciados aquí, han sido objeto de investigación –e imputaciones- en aquel expediente, y revelan la improcedencia de una investigación paralela, que los denunciantes pretenden en esta sede, varios años después y desde el rol de presuntas víctimas, cuando aun no han sido indagados en aquel expediente, y cuando los bienes de valor y el dinero, que dicen habrían desaparecido mientras ellos permanecían detenidos en Uruguay, integran el objeto del patrimonio investigado allí, que se sospecha de origen ilícito, por el desvío de fondos del sindicato del que Balcedo era secretario general”, sostuvo el magistrado.
Balcedo sigue encerrado en su mansión de Uruguay. Desde ese lugar, inició una demanda civil contra el Estado uruguayo: reclama un resarcimiento de USD 22 millones por el supuesto perjuicio que le habría ocasionado el embargo de sus dos aviones: un Learjet 60 y un Gulfstream IV. “Las estaba pagando; era un negocio en Estados Unidos de alquiler de aviones, yo los compraba y los alquilaba, y cuando ellos quisieron los retuvieron indebidamente a pesar de saber que era un leasing pero por maldad me hicieron perder dos aviones y un negocio multimillonario”, se quejó hace unos días en una entrevista radial.
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