Causa Cuadernos: 4 años después, Centeno se siente una víctima y el tribunal busca avanzar hacia el juicio oral con Cristina Kirchner y los empresarios en el banquillo

Pasaron cuatro años. La irrupción de unos cuadernos contando los viajes de la corrupción en la era kirchnerista desataron una lluvia de arrepentidos, procesamientos y la promesa de un megajuicio en donde tendrán que sentarse en el banquillo desde la vicepresidenta Cristina Kirchner hasta los empresarios más poderosos de la Argentina. Entre ellos,figura el hombre que se dedicó a hacer esas anotaciones, el blanco perfecto de los acusados.

Oscar Centeno, el otro remisero de Roberto Barata, mano derecha de Julio De Vido, vive hoy en las sombras. Hace exactamente 4 años, un 31 de julio de 2018, era detenido. Después de haber admitido que fue el autor de esos ocho cuadernos - los que dejó en poder de un amigo que, sin avisarle, se los hizo llegar al periodista de La Nación Diego Cabot-, Centeno entró al Programa de Protección de Testigos e Imputados que depende del Ministerio de Justicia. Se alejó de todo su entorno porque tenía miedo. Pero, al mismo tiempo, es un acusado más: lo consideran parte de la asociación ilícita recaudadora.

“Se siente una víctima”, dicen a Infobae los que recientemente pudieron hablar con él. Centeno sostiene que él ha colaborado en destapar una red de corrupción que presenció y ahora debe responder como miembro de una banda a la que él expuso. Los principales acusados en la causa son Cristina Kirchner, Julio de Vido, Roberto Baratta y José López, el financista Ernesto Clarens, y los empresarios Ángelo Calcaterra, Carlos Wagner (extitular de la Cámara Argentina de la Construcción), Enrique Pescarmona y Néstor Otero (el concesionario de la terminal de micros de Retiro), entre otros.

Centeno sabe que en este proceso será el blanco de todas las defensas, que buscarán poner en duda la validez de sus anotaciones. Ya se sabe que harán hincapié en quién tenía los cuadernos, si fueron quemados en la parrilla (como dijo el remisero en una de sus primeras declaraciones), o por qué después reaparecieron días antes de las elecciones presidenciales de 2019 a través del periodista de La Nación, quien declaró que una fuente lo citó en una esquina y le entregó seis de esos ocho cuadernos. Eso es algo que a Centeno tampoco le cierra. Por eso, tal como reveló Infobae, la defensa del ex chofer pidió verlos para verificar si eran sus ex cuadernos.

Por ahora, el Tribunal Oral Federal 7, a cargo del caso, no hizo lugar a esos reclamos. Lo que habilitó fue subir, digitalizados, esos anotadores. “¿Qué son? ¿La Gioconda que no se pueden peritar?”, comentó con ironía a Infobae uno de los abogados que conoce la causa y que todavía no ha podido tener acceso a los originales, ni cuando el caso estaba en poder de Claudio Bonadio y Carlos Stornelli, ni ahora que el material quedó en manos de los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Andrés Castelli .

Ni siquiera al juez Marcelo Martìnez De Giorgi el TOF 7 le habilitó acceder a los originales, revelaron fuentes judiciales a este medio. El magistrado quería hacer un peritaje en una causa paralela y sobre la que tienen la mirada puesta todas las defensas: la denuncia del empresario Armando Losson, del grupo Albanesi y uno de los que se convirtió en imputado-colaborador al inicio de la causa admitiendo los pagos. Después de haber encargado un estudio privado, su defensa pidió investigar “gravísimas irregularidades” con “adulteraciones, tachaduras de nombre, lugares y direcciones” relacionados a las menciones en su contra. Ahora, el magistrado está pensando alternativas para poder avanzar con ese estudio pericial.

Más allá de estos cuestionamientos, Centeno ratificó haber sido el autor de los cuadernos, como testigo, en su reaparición por tribunales después de más de tres años de ostracismo, tal como reveló Infobae en mayo pasado.

Su declaración fue concretada en otra causa: la que investiga en España el presunto pago de coimas de la firma Isolux al gobierno argentino en la Usina de Río Turbio. Fue el empresario Juan Carlos De Goycoechea, de esa firma, el que estaba de vacaciones, esquiando en Bariloche, cuando el 1 de agosto de 2018 -horas después del arresto de Centeno- el juez Claudio Bonadio ordenó las detenciones de ex funcionarios kirchneristas encabezados por Julio De Vido y de un grupo de empresarios.

En ese momento irrumpía en la sociedad “la causa cuadernos” -que el kirchnerismo prefirió llamar “de las fotocopias”- y que en realidad había empezado a cocinarse en Comodoro Py mucho antes: en abril de 2018 cuando el periodista de La Nación como testigo de identidad reservada se presentó ante el fiscal Carlos Stornelli, en el marco del expediente conocido como “Gas Licuado”, y le aportó fotocopias de “siete cuadernos y un anotador” junto a un archivo de fotos que habían llegado a sus manos a través de Jorge Bacigalupo, un amigo del chofer de Roberto Baratta, la mano derecha de Julio De Vido en el Ministerio de Planificación durante el kirchnerismo.

Los cuadernos relataban viajes, en distintos períodos, en donde Baratta se encontraba con empresarios que solían hacer negocios con el Gobierno y le entregaban dinero. “Hoy 6 de mayo de 2013 vuelvo a escribir después de la muerte de Néstor C. Kirchner que dejé de hacerlo. Pensé que después del fallecimiento no se haría más el ‘valijeo’. Pero sí disminuyó la frecuencia con la diferencia que se recolectaba el dinero para el ministro De Vido y el propio Baratta. No quise anotar más por temor que me descubran y quede sin trabajo. Pero decidí nuevamente (hacerlo) porque en una reunión que tuvo el ministro De Vido, Baratta y la Sra Presidenta Cristina F de Kirchner, en la cual los instruyó para que sigan recaudando de las empresas para las próximas campañas electorales”, dice el cuaderno número 7, cuyo extracto se publica en esta nota.

Cuando se largaron las primeras órdenes de detención en la madrugada del 1 de agosto de 2018, De Goycochea no estaba en su casa porque estaba de vacaciones. Fue el último en entregarse, pero el primer hombre de negocios en ver que en la foto de los diarios que no le quedaría otro destino más que la cárcel. La política no parecía salvarlo: Javier Sánchez Caballero, CEO de IECSA y mano derecha de Angelo Calcaterra, primo del entonces presidente Mauricio Macri, ya estaba detenido.

Entonces, De Goycochea decidió convertirse en “arrepentido” y evitar pasar por un calabozo. Abrió así una puerta que cruzaron la mayoría de los empresarios (salvo tres que estuvieron encarcelados hasta diciembre de 2018) y muchos ex funcionarios del gobierno kirchnerista (como el ex titular del OCCOVI Claudio Uberti o el propio López, preso por los bolsos del convento). Todos ellos prefieren declarar ante el fiscal Stornelli pidiendo un pacto cuando el representante del Ministerio Público decía que había “sortijas para pocos”.

La causa se convirtió en un torrente de declaraciones de “imputados-colaboradores” confirmando que se le pagaba a Roberto Baratta por distintos motivos: para colaborar con la campaña, para sostener negocios, porque era la única manera de acceder a las licitaciones.

Los únicos empresarios que lograron “zafar” hasta ahora de la causa “cuadernos, aún admitiendo el pago de coimas, fueron los responsables de Techint. Paolo Rocca, Luis Betnaza y Héctor Zabaleta quedaron afuera de la investigación. No solo porque el juez Julián Ercolini entendió que esas entregas de dinero estaba justificadas en un estado de necesidad para ayudar a una de sus empresas en Venezuela, en una resolución no cuestionada por la fiscalía. Sino porque a la Unidad de Información Financiera, en su rol de querellante en nombre del Poder Ejecutivo, se le olvidó apelar los sobreseimientos, tal como reveló Infobae el año pasado. Pese a ello, Baratta sumó un nuevo procesamiento por “dadivas” al haber recibido dinero.

La suerte de Techint es la envidia del resto de los empresarios en cuadernos. Sus defensores se sorprendieron cuando, en medio de una calma que llevó más de tres años, el Tribunal Oral Federal les informó el 21 de junio que convocaban a las partes a presentar con qué pruebas quieren contar de cara al debate oral. Les dio solo diez días, pero las defensas ya pidieron prórrogas que estarían venciendo a mitad de agosto.

“Ese juicio no se va a hacer nunca -coinciden voces judiciales que participaron del expediente en diálogo con Infobae-. Las defensas van a pedir hacer la prueba que no se hizo en primera instancia y la instrucción suplementaria puede durar años”. Otra de las dificultades con las que se encuentra el tribunal es la de hacer un debate oral con tantos acusados. Solo en la parte de los cuadernos serían medio centenar. “Y si el juicio finalmente comienza, con los primeros testigos como Bagicalupo (el amigo de Centeno que accedió a los cuadernos) o Hilda Horovitz (la ex esposa de Centeno, que habría querido extorsionar a Baratta antes de que el escándalo estallara) los abogados se van a hacer un festín”, comenta otro defensor en el proceso.

Otro integrantes de la causa, en tanto, son más reticentes a lo que pueda pasar en un futuro juicio. “Todo lo que quieran cuestionando a Centeno, pero acá confesaron como arrepentidos los empresarios mas poderosos del país, que tenían a los mejores y más caros abogados. En ese contexto contaron cómo y cuándo pagaban las coimas.... ¿En serio creen que esto se puede voltear tan fácil?”, dicen en tribunales ante la consulta de Infobae. La jugada inicial de intentar hacer caer las declaraciones de los “arrepentidos” porque no había filmaciones fracasó inicialmente en la Cámara Federal de Casación Penal, por dos votos a uno.

Una de las alternativas con las que se especuló en tribunales fue con la puerta que abrió otra causa, ajena a Comodoro Py, y que podría ser el salvavidas de los empresarios si el caso finalmente avanza hacia el debate oral: pactar un juicio abreviado con la fiscalía en donde no sea necesario incluir a todos los implicados. La Corte Suprema de Justicia dejó abierta esa puerta en octubre pasado, tal como lo reveló Infobae, en un caso de estafas que tiene como protagonista “el Bernie Madoff argentino”, Eugenio Curatola, un financista condenado por liderar una asociación ilícita que defraudó a al menos 400 inversores entre 2001 y 2005 por más de 90 millones de dólares

Por ahora, nada está dicho todavía. Propios y ajenos saben que, una vez más, la causa de los cuadernos dependerá de los tiempos políticos.

“Mirá el caso de los sobresueldos durante el menemismo. Se abrió con la confesión de María Julia Alsogaray para exonerarse de un enriquecimiento ilícito y en ese momento fue un escándalo. Lo tuvo al ex presidente Carlos Menem y al ex ministro Domingo Cavallo sentados en el banquillo... Cuando salió la sentencia que los condenó, el periodismo apenas se enteró”, razona ante este medio un experimentado integrante de Comodoro Py.

Aquel fallo se dictó el 1 de diciembre de 2015, diez días antes de que -según la interpretación del fallecido Bonadio-, finalizara “la matriz de corrupción desplegada entre 2003 y 2015 por los funcionarios del ex ministerio de Planificación Federal y por los integrantes del Poder Ejecutivo Nacional de ese período”. Lo dijo cuando elevó a juicio todas las causas anexadas a este proceso y pidió que todas juntas lleguen a debate oral: desde Gas Licuado y subsidio de trenes hasta el lavado de dinero que encabezó Daniel Muñoz, el ex secretario privado de Néstor Kirhcher al que se le descubrieron más de 70 millones de dólares repartidos en el exterior. “Seguramente no es el camino más fácil pero será el más exhaustivo y el más seguro si se busca un proceso sólido y contundente en la etapa oral que permita de manera definitiva atribuir las responsabilidades penales que correspondan y se exculpe a quien debe serlo”, escribió Bonadio unos meses antes de morir.

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