
La causa de los “Cuadernos”, que tiene a Cristina Kirchner como principal acusada y a importantes empresarios, avanza hacia el juicio oral. Según revelaron a Infobae fuentes judiciales, el Tribunal Federal Oral 7 resolvió este martes avisar a las partes que en los próximos diez días tienen que presentar las pruebas que van a usar en el debate. El aviso es para el fiscal Fabiana León y a las defensas de los acusados.
“Cítese a las partes para que en el término de diez días comparezcan a juicio, examinen las actuaciones, ofrezcan las pruebas e interpongan las recusaciones que estimen pertinentes respecto de todos los imputados (art. 354 del Código Procesal Penal de la Nación)”, escribió el juez Enrique Mendez Signori, a cargo del TOF que llevará adelante el proceso, en una resolución firmada esta mañana y a la que accedió Infobae.
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El tribunal también difundió entre las partes copias de la digitalización de los cuadernos que llegaron a sus manos. Entre esos anotadores están los que aportó el periodista de La Nación Diego Cabot en octubre de 2019, y que según contó les fueron entregados por una persona que lo convocó en una esquina.
Esos cuadernos son los que quiere ver el chofer Oscar Centeno, tal como reveló Infobae el 30 de mayo pasado. ”Mi defendido ha manifestado la necesidad de poder tomar contacto visual con esos elementos secuestrados pues, en rigor de verdad, se trata de la única persona que podría reconocerlos visualmente bajo la íntima convicción de que responden a su redacción; circunstancia que no deviene inocua al momento de preparar el ofrecimiento probatorio de cara al desenlace inmediato que tendrá el presente trámite jurisdiccional”, sostuvo la defensa oficial de Centeno.
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La causa se inició en abril de 2018 cuando el periodista de La Nación como testigo de identidad reservada se presentó ante el fiscal Carlos Stornelli, en el marco del expediente conocido como “Gas Licuado”, y le aportó fotocopias de “siete cuadernos y un anotador” junto a un archivo de fotos que habían llegado a sus manos a través de Jorge Bacigalupo, un amigo del chofer de Roberto Baratta, la mano derecha de Julio De Vido en el Ministerio de Planificación durante el kirchnerismo. Los cuadernos relataban viajes, en distintos períodos, en donde Baratta se encontraba con empresarios que solían hacer negocios con el Gobierno y le entregaban dinero.
El caso explotó el último día de julio de ese año cuando el juez Claudio Bonadio ordenó detenciones: del chofer, de ex funcionarios y de empresarios. Centeno fue en convertirse en arrepentido y fue excarcelado convertido en testigo protegido. Distintos empresarios eligieron también desfilar ante Stornelli pidiendo ser “imputados-colaboradores” para esquivar la cárcel o salir de ella. Lo mismo hicieron algunos ex funcionarios.
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En un primer momento, Centeno dijo que los cuadernos los tenía en su casa. Cuando fueron a buscarlos con Stornelli, no estaban. Más tarde, el chofer explicó que los había quemado en una parrilla. Esa fue la última versión que dio hasta que Cabot apareció con seis de los ocho cuadernos que le entregaron y que Centeno quiere conocer.
Mientras tanto, en un expediente aparte que se instruye en Comodoro Py, a principios de abril, el empresario Armando Loson -uno de los ‘imputados-colaboradores’ de la causa- denunció hace con una pericia que encargó su defensa que su nombre en los cuadernos había sido adulterado. Dice que tras un análisis sobre las piezas a las que pudo acceder, la anotación de Centeno no decía originalmente Armando sino Marcelo. El tema está en manos del fiscal Gerardo Pollicita, con la intervención del juez Marcelo Martínez De Giorgi. Se ordenó un peritaje sobre ese material. Pero todos los empresarios involucrados esperan saber qué pasará con esa causa para saber cómo moverse.
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Los jueces Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Andrés Castelli tienen en sus manos la realización del juicio oral que concentrará una megacausa con varios epicentros: no solo la causa por las anotaciones de Centeno sino todas las causas que se agruparon alrededor de ella. El ramillete de expedientes fue elevado a juicio oral a fines de 2019. Los principales acusados son Cristina Kirchner, Julio de Vido, Roberto Baratta, José López y el chofer Oscar Centeno, el financista Ernesto Clarens, y los empresarios Ángelo Calcaterra, Carlos Wagner (extitular de la Cámara Argentina de la Construcción), Enrique Pescarmona y Néstor Otero (el concesionario de la terminal de micros de Retiro), entre otros.
Algunos de ellos se transformaron en “arrepentidos” o, como subrayan las defensas, “imputados-colaboradores”. Abogados de varios imputados intentaron “voltear” esas declaraciones porque sus dichos no habían sido grabados, pero, con dos votos a uno, la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal rechazó esos planteos y validó las confesiones que se convirtieron en el corazón de la causa.
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El TOF 7 estuvo durante estos casi tres años con la causa sin que trascendieran novedades. Venían reclamando más personal. A fines de mayo, la Corte Suprema decidió destinarle tres secretarios calificados. Eso generó que las partes comenzaran a vislumbrar que podían llegar aparecer novedades en breve. La primera llegó hoy: aunque se estima que las partes puedan solicitar prórrogas, el TOF quiere que en diez días acusados y acusadores le digan qué pruebas van a necesitar en el juicio oral.
Por lo pronto, Cristina Kirchner ha logrado frenar el juicio oral de dólar futuro, del Memorándum con Irán y de las causas Hotesur-Los Sauces (donde están involucrados sus hijos). Todavía no están cerrados del todo y los últimos dos están bajo examen de la Cámara de Casación, que deberá resolver sobre los sobreseimientos que la favorecieron sin llevar el caso a debate oral. El único juicio oral contra Cristina Kirchner está llegando a su fin. El 11 de julio comenzarán los alegatos. Para hoy se espera que la Corte Suprema resuelva sobre los planteos contra ese proceso.
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