Un dirigente del Movimiento Evita deberá cumplir más de mil horas de trabajo comunitario por organizar un acto masivo en el estadio del Club Atlético Nueva Chicago el 7 de octubre de 2021, en el que estuvo el presidente Alberto Fernández. Ocurrió apenas unas semanas antes de que se concretaran las elecciones legislativas. El estadio solo habilitaba la presencia de 15.000 personas pero concentró alrededor de 40 mil.
Ese mismo día, la Justicia porteña comenzó a investigar si se violó el aforo en el acto que se llevó a cabo en el estadio de Nueva Chicago y que cerró Alberto Fernández. “Mientras ellos sonreían en Miami, yo sigo acá peleando con el FMI, porque el año próximo 19.000 millones dólares vencen 19.000 millones de dólares que condicionan nuestro crecimiento y el desarrollo. Acá estamos los mejores, los que damos la pelea, los que seguimos de pie, los que seguimos creyendo en nuestra gente”, dijo el jefe de Estado en el acto organizado aquel día bajo la consigna “Por la unidad y la victoria”, en donde compartió escenario con Fernando “Chino” Navarro, Emilio Pérsico y Daniel Menéndez, líderes de las organizaciones sociales que forman parte del Frente de Todos. También asistió la entonces candidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, Victoria Tolosa Paz.
La fiscal Celsa Ramírez, a cargo de la fiscalía especializada en eventos masivos del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (MPF), dispuso aquella misma jornada el allanamiento y la clausura de la cancha, avalada por el juez Javier Alejandro Buján.
Es que según el decreto presidencial vigente a ese momento, el aforo permitido en estadios era del 50%. Por ese motivo, los presidentes de las comisiones directivas de los clubes River Plate y Vélez recibieron imputaciones en los dias previos por partidos jugados ese fin de semana. Para el resto de eventos masivos existe un tope de 6.000 personas tanto en interior como en exterior, con recomendación de distancia. En el acto no se observó la implementación de los protocolos y la locutora del evento afirmó que había congregadas 40 mil personas.
Más allá de las palabras de la locutora, las imágenes mostraban que había mucho más gente de la permitida. Se abrió entonces una causa penal en donde resultó imputado Nahuel Casademunt, referente del Evita-CABA y secretario de Educación Popular de la UTEP. La fiscalía lo imputó por violación a las medidas dispuestas por la pandemia (articulo 205) y desobediencia, dado que el hombre decidió llevar adelante el acto aún después de que le hayan denegado un permiso para la realización del mismo.
En ese marco, la fiscalía y la defensa acordaron aplicar un la suspensión del Juicio a Prueba durante dos años, que incluye “un pedido de disculpas y la realización de 1.080 horas de tareas comunitarias”. La defensa propuso que fuera en Cáritas o alguna institución cercana a su domicilio. Según se acordó, las tareas se realizarán en una iglesia de la calle Medrano en el barrio de Almagro.
El acuerdo implicó además fijar residencia y cumplir con las citaciones de requerimiento que la Fiscalía, el Juzgado o el Tribunal pudiese realizar; someterse a la observación de la Oficina de Control y de Suspensión del Proceso a Prueba. Además la fiscalía acordó desistir de otra causa en lo contravencional que se había abierto a raíz de este episodio, de acuerdo al acta al que accedió Infobae. El acuerdo fue homologado por el juez Bujan.
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