Panamá se alista para la Quinta Ronda del GAFI con el reto de probar resultados contra el blanqueo

Panamá se prepara para una nueva evaluación internacional de su sistema contra el blanqueo de capitales, esta vez bajo estándares que exigirán algo más que leyes y regulaciones. En la Quinta Ronda de Evaluaciones Mutuas del GAFI, el país deberá demostrar con evidencia que sus controles funcionan, producen resultados y responden a sus principales riesgos financieros.

El desafío fue abordado durante el conversatorio “Competitividad País y Quinta Ronda de Evaluaciones Mutuas del GAFI”, organizado por la Cámara Americana de Comercio e Industrias de Panamá (AmCham Panamá) junto con la Secretaría Técnica de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales.

Isabel Vecchio Arófulo, presidenta pro tempore del GAFILAT, destacó la necesidad de coordinar al sector público y privado para enfrentar el proceso.

Una evaluación mutua funciona como un examen entre pares sobre las capacidades de un país para combatir los delitos financieros. Expertos de otras jurisdicciones analizan tanto el cumplimiento de las 40 recomendaciones del GAFI como la efectividad de las instituciones para prevenir, detectar, investigar y sancionar el blanqueo, el financiamiento del terrorismo y la proliferación.

Panamá conoce bien las consecuencias de estas revisiones. Durante la Cuarta Ronda, cuya evaluación fue aprobada por GAFILAT en diciembre de 2017, se analizaron las medidas existentes durante una visita realizada entre el 15 y el 26 de mayo de ese año.

El informe examinó el cumplimiento técnico y la efectividad del sistema panameño e identificó áreas que requerían fortalecimiento.

Dos años después, en junio de 2019, Panamá ingresó nuevamente a la lista de jurisdicciones bajo monitoreo reforzado del GAFI, conocida como lista gris. El país quedó sujeto a un plan de acción dirigido a corregir deficiencias relacionadas con supervisión, beneficiarios finales, investigaciones de blanqueo, cooperación internacional y comprensión de riesgos, entre otras materias.

Después de más de cuatro años de seguimiento, Panamá salió de la lista gris en octubre de 2023. El GAFI reconoció entonces avances significativos, entre ellos mejoras en la supervisión basada en riesgo del sector no financiero, el acceso a información adecuada sobre beneficiarios finales y una mayor utilización de productos de inteligencia financiera para investigaciones de blanqueo.

El país consiguió posteriormente otro resultado relevante. La Unión Europea terminó retirando a Panamá de su relación de jurisdicciones de alto riesgo en materia de blanqueo y financiamiento del terrorismo, decisión que entró en vigor en agosto de 2025.

Para las autoridades panameñas, el cambio contribuyó a reducir presiones reputacionales sobre el sistema financiero y reconoció parte de las reformas adoptadas.

Sin embargo, superar esas listas no garantiza un buen resultado en la Quinta Ronda. La nueva metodología mantiene el análisis del cumplimiento técnico, pero pone especial énfasis en comprobar que las medidas adoptadas generan resultados concretos y sostenibles frente a los riesgos identificados.

La visita de los evaluadores tendrá precisamente la efectividad como uno de sus componentes fundamentales.

Eso implica que Panamá deberá presentar estadísticas, expedientes, sanciones, investigaciones, decomisos y otras evidencias verificables, no únicamente normas aprobadas.

Entre las áreas prioritarias de la nueva ronda aparecen la evaluación de riesgos, transparencia y beneficiario final, supervisión basada en riesgo, inteligencia financiera, recuperación de activos y cooperación internacional.

Uno de los puntos particularmente sensibles seguirá siendo conocer quién está realmente detrás de sociedades y otras estructuras jurídicas. Panamá implementó el Registro Único de Beneficiarios Finales y reforzó la supervisión de sujetos no financieros, además de realizar análisis de riesgos corporativos.

Ahora deberá demostrar que esa información es adecuada, actualizada y accesible oportunamente para las autoridades que investigan delitos financieros.

El país también actualizó en 2025 la Evaluación Nacional de Riesgo correspondiente al sector no financiero, incluyendo abogados, casinos, inmobiliarias, construcción y zonas francas.

Paralelamente, desarrolló herramientas específicas para organizaciones sin fines de lucro con el objetivo de identificar y mitigar riesgos relacionados con financiamiento del terrorismo.

La Quinta Ronda incorpora además desafíos que han ganado terreno desde la evaluación anterior. GAFILAT señala entre sus prioridades los activos virtuales, nuevas tecnologías, transparencia corporativa y recuperación de activos, mientras las modificaciones metodológicas también abarcan el financiamiento de la proliferación.

Panamá tendrá que demostrar capacidad institucional frente a riesgos que evolucionaron considerablemente desde 2017.

La diferencia puede resumirse en una pregunta: no bastará con demostrar qué hizo Panamá, sino qué resultados produjo lo que hizo. Una regulación adecuada pierde peso si las supervisiones no detectan incumplimientos, las sanciones no son efectivas o las investigaciones no terminan en resultados proporcionales a los riesgos del país. Esa lógica constituye uno de los cambios centrales de la nueva evaluación.

Panamá llega, sin embargo, con una posición institucional distinta a la de años anteriores. Durante 2026 ejerce la Presidencia Pro Témpore del GAFILAT, organismo integrado por 18 países de la región.

Entre las prioridades impulsadas desde esa posición están beneficiarios finales, supervisión de activos virtuales, cooperación internacional y preparación para la Quinta Ronda.

El nuevo examen será, por tanto, una prueba para determinar si las reformas que permitieron a Panamá abandonar las listas internacionales se consolidaron en la práctica. Para un país cuya economía depende ampliamente de servicios financieros, corporativos, logísticos y comerciales internacionales, el resultado también tendrá implicaciones sobre reputación, competitividad y confianza de inversionistas.

La Quinta Ronda de Evaluación Mutua de Panamá está prevista para iniciar formalmente en agosto de 2027, de acuerdo con información divulgada por las autoridades panameñas durante la preparación del proceso.

A partir de ese momento, el país deberá demostrar con información clara y verificable la efectividad de su sistema, con especial atención en áreas como beneficiarios finales, recuperación de activos, activos virtuales y actualización de las evaluaciones nacionales y sectoriales de riesgo.